La reducción de la jornada beneficiaría a unos 168.000 trabajadores en Extremadura

Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley por la vía de urgencia el próximo martes 4 de febrero, dando así inicio al proceso legislativo necesario para que pueda entrar en vigor. Según las estimaciones realizadas por los colectivos sindicales, ya que no hay una cifra oficial ni exacta sobre la jornada media semanal de los trabajadores extremeño, el número de beneficiarios de esta medida en Extremadura se situaría entre un mínimo de 144.000 y máximo de 193.000 asalariados, por lo que la media estaría en 168.000. Esto supondría el 60% del total de afiliados al régimen general de la Seguridad Social a finales de 2024.

Una vez aprobado el texto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la propuesta deberá pasar por los órganos consultivos para, en última instancia, ser debatida y votada en el Congreso de los Diputados. La intención del Gobierno es que la normativa esté plenamente en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, permitiendo un periodo de adaptación a las empresas. El Gobierno todavía no tiene garantizados los apoyos a esta iniciativa entre sus socios parlamentarios habituales, con la gran incógnita de la decisión que tomará Junts per Catalunya. Desde el ministerio de Economía, la intención es incluir en el texto medidas de acompañamiento a las compañías (aún sin concretar) para facilitar su adaptación al recorte horario.

Cabe destacar que la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que data del año 1980, fue aprobada por el primer gobierno del PSOE y establece una jornada máxima de 40 horas semanales en promedio anual, lo que viene a decir que se trabaja un promedio de ocho horas diarias, cinco días por semana. Sin embargo, cada sector puede determinar la suya mediante negociación colectiva. Lo que se pretender ahora es pasar a las 37,5 directamente y no de forma gradual, como se recogía en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, con un primer paso de 38,5 horas en 2024. Según datos de Eurostat, la jornada laboral media en España es de 36,1 horas a la semana. 

Apoyo sindical

«Se trata de una medida que va a mejorar la vida de las personas trabajadoras, la productividad y la eficiencia de la economía española», sostiene el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT en la región, Francisco Morcillo. En su opinión, la reducción de jornada «es técnicamente posible y va a ayudar a conseguir objetivos como proteger la salud, mejorar la conciliación laboral y familiar». «Dado que en Extremadura predominan las pequeñas y medianas empresas, muchas sin convenio colectivo aplicable, es imprescindible que la nueva jornada se regule con fuerza de ley», apunta.

En esta línea, Morcillo asegura que las encuestas indican que dos de cada tres ciudadanos abogan por la reducción del tiempo de trabajo. «Aunque somos conscientes de que el trámite parlamentario va a ser complejo, consideramos posible que en el Congreso de los Diputados se configure una amplia mayoría que respalde esta demanda social», señala. «Los países que trabajan más no son los más productivos, los países del centro y el norte de Europa son los que tienen mayor productividad, tienen un modelo laboral más eficiente y las jornadas de trabajo más cortas», argumenta el sindicalista.

Por su parte, el secretario de Empleo de CCOO Extremadura, Francisco Jiménez, defiende que esta medida es «de justicia social». «Con los buenos datos macroeconómicos que tenemos, de crecimiento empresarial y de productividad en las empresas, esto ya toca», afirma. También considera que en los países en donde la jornada se ha reducido, la producción no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado. «La gente trabaja mejor cuando echa menos horas en el trabajo, así que esperamos que la medida sea revalidada en el Congreso», apostilla.

Rechazo de la patronal

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, rechaza de forma tajante el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos, al considerar que se trata de una medida unilateral, por lo que espera «que haya cordura y la norma no salga aprobada en la tramitación parlamentaria». Desde el colectivo que representa piden que se modifique y rectifique en los términos ya planteados: «No nos oponemos a la reducción de jornada, sino que este planteamiento se traslade a la negociación colectiva, donde los legítimos representantes de trabajadores y los representantes de las organizaciones empresariales decidamos cuándo, cómo y dónde».

«Nos parece un despropósito, una tropelía y una temeridad, porque va a lastrar la competitividad y la productividad de las empresas españolas y extremeñas», advierte. A su juicio, este impacto económico «va a poner en riesgo a microempresas y autónomos, y en sectores muy específicos como aquellos de atención al público multiplica el problema de rentabilidad». «Trabajar menos no debe poner en riesgo la competitividad, porque así se ponen en riesgo miles de empleos», alerta. Por ello, esperan que el cómputo de horas se haga en jornada anual, no semanal, y que la reducción se haga de manera progresiva, teniendo en cuenta «sectores sensibles como el pequeño comercio, atención 24 horas, sanitarios, dependencia, vigilancia o el transporte urgente».

«Hay que tener en cuenta además que esto llevará aparejado contratar a más personas, y vemos que hoy por hoy, con la tasa de desempleo que hay en España y Extremadura, las empresas tenemos muchos problemas para cubrir vacantes, lo que lastra el crecimiento empresarial, sobre todo en sectores como dependencia u hostelería», indica. «¿Quiere explicarnos la ministra Yolanda Díaz dónde vamos a encontrar esas personas que habría que contratar?», pregunta Peinado.

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