Convocan una protesta para denunciar el retraso de la Junta en la estabilización de más de 3.000 empleados públicos

El 31 de diciembre de 2024 terminó el plazo para concluir los procesos de estabilización que Europa obligó a poner en marcha para reducir la temporalidad en el empleo público y el uso de interinos en las administraciones públicas. En Extremadura, la Junta convocó dichos procesos en sus tres ámbitos (sanidad, educación y administración general) en 2022, pero se llevaron a cabo realmente durante 2024 y, pese a la fecha límite marcada a nivel nacional, no han concluido todavía en todos los ámbitos, siendo la administración general de la Junta la más retrasada en estos momentos.

Y esto está teniendo consecuencias para los trabajadores que están pendientes de conocer el resultado final de su oposición de estabilización y de su toma de posesión y son un total de 3.193 empleados públicos los que están a la espera de una resolución definitiva para obtener su plaza. "La falta de certidumbre sobre su futuro laboral está afectando gravemente su bienestar persona, económico y familiar", denuncia Erica Gutiérrez, responsable del sector de Administración Autonómica de UGT Extremadura, quien en una rueda de prensa ha asegurado esta mañana que han recibido "innumerables" testimonios de compañeros y compañeras que enfrentan dificultades económicas y personales debido a los continuos retrasos y promesa incumplidas sobre el proceso de estabilización.

Por esta razón, UGT ha convocado una concentración para próximo 10 de febrero, a las 17.00 horas, frente a la sede de Presidencia en Mérida. "La continua modificación de fechas, la ausencia de información clara y las decisiones adoptadas de manera unilateral están sumiendo a los empleados públicos en una situación de desesperanza e indignación", señala Gutiérrez.

Habla una afectada: "Solo quiero ocupar la plaza que tengo adjudicada desde hace un año y tres meses"

El sindicato denuncia «el grave incumplimiento» del gobierno regional en los plazos establecidos para la resolución del proceso de estabilización en la Administración General de la Junta y hace un llamamiento para acudir a la protesta a los trabajadores afectados, que no son solo las personas que se convierten ahora en funcionarios y laborales fijos, sino también aquellos que llevan más de un año esperando que se resuelva el concurso de traslado que estaba condicionado por esta convocatoria de estabilización que tendría que haber quedado concluida el pasado diciembre. 

Son alrededor de 1.500 trabajadores fijos los que están a la espera de poder tomar posesión del nuevo destino que ya tienen adjudicado desde hace tiempo. "Han esperado pacientemente hasta final de 2024 y ahora se ven atrapados en una situación de indefensión, viéndose muchos obligados a continuar en sus puestos de origen, con el consiguiente impacto económico y personal", lamenta UGT. Este es el caso de María Isabel Vallejo, técnico de educación infantil con plaza que lleva un año y tres meses con destino definitivo adjudicado en su lugar de residencia, Cáceres, pero a día de hoy tiene que seguir yendo a diario a trabajar a Mérida porque no puede ocupar su nuevo puesto hasta que se resuelva la estabilización. 

«Me está generando una gran incertidumbre y ansiedad; la administración autonómica ha incumplido los plazos y no contentos con eso se permiten el lujo de jugar con la vida de tanta gente retrasando fechas a su antojo. No pido nada extraordinario, solo lo que es justo y legal, no quiero que sigan vulnerando más mis derechos, solo incorporarme a la plaza de la que soy propietaria», cuanta esta afectada.

La chispa se ha prendido precisamente después de la que Junta haya decidido el aplazamiento de la resolución de los procesos de estabilización de los técnicos de educación infantil (TEI), los auxiliares técnicos educativos (ATE) y los intérpretes de lengua de signos hasta la finalización del curso escolar con el objetivo de no cambiar a los menores su figura de referencia este curso. Pero este fin también tiene otras consecuencias: «Este aplazamiento ha supuesto un golpe devastador para los trabajadores, truncando sus expectativas hasta septiembre», denuncia Gutiérrez.

Y hay más afectados, puesto que UGT señala que este retraso también perjudica a los aspirantes que conformarán las listas de espera derivadas de estos procesos, ya que en muchos casos estas listas serán las únicas activas porque en numerosas especialidades o categorías las actuales están agotadas y no pueden cubrirse las vacantes. "Ante esta situación, la administración recurre al Sexpe, lo que permite la contratación de personas que no han superado ningún proceso selectivo, generando enfado, desesperación e impotencia entre los aspirantes de los procesos".

Por todo ello el sindicato exige una respuesta inmediata y contundente: «no podemos tolerar más aplazamientos ni más excusas; es el momento de alzar la voz, de exigir respeto y responsabilidad».