Almaraz, tras el apoyo del Congreso: ¿Y ahora qué?

La Proposición No de Ley (PNL) es una figura no vinculante, por tanto no obliga al Gobierno a llevar a cabo su contenido a rajatabla, pero permite a la Cámara baja expresar sus directrices ante una determinada cuestión, e insta al Ejecutivo a seguir una política acorde al contenido, en caso de ser respaldada por una mayoría del poder Legislativo. Así ha ocurrido con la proposición del PP para ampliar la vida útil de las cinco nucleares españolas. El mandato al Gobierno queda claro tras su aprobación ayer en la Cámara baja. Otra cosa será su desarrollo. De momento, la ministra de Energía, Sara Aagesen, insistía este mismo martes, horas antes de la votación, en que no entra en sus cálculos cambiar la previsión del cierre. Pero tampoco parece que se pueda pasar por encima, sin más, de un texto emanado del Congreso

Para el PP y la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’, la consecuencia es evidente: hay que comenzar a revertir el calendario de cierre. «El presidente del Gobierno ha recibido un mensaje muy claro:  la mayoría del Congreso, que representa a la mayoría de los españoles, le ha dicho que quiere que las centrales sigan abiertas, que esa política ideológica de cerrar las centrales no tiene cabida en nuestro país», declaró ayer el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá.

Lo primero, "levantar la orden"

Lo primero que debe hacerse, afirmó, es levantar la orden de 2020 en la que se fijó «el cierre definitivo de estas instalaciones, para que puedan pedir la prórroga». Porque «no sólo estamos hablando de una central, sino de puestos de trabajo (3.000 en Almaraz más 1.200 en cada recarga), de recaudación, de soberanía energética ... Y Extremadura es una potencia que genera el 7% de la electricidad del país, el equivalente al consumo de toda la Comunidad de Madrid», subrayó Sánchez Juliá.

El siguiente paso, por tanto, queda claro según el PP: el Gobierno «tiene que cambiar su política energética» y «prorrogar la vida útil de todas las centrales».

Del mismo modo, la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ pidió ayer al Gobierno, nada más aprobarse la PNL, que asuma al mandato del Congreso y reconsidere su calendario de clausura de estas instalaciones.

«El Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar», asegura Fernando Sánchez, presidente de la plataforma. «Evidentemente, es el Gobierno el que fija la política energética, no las empresas. Por tanto, y sobre todo ahora que ha recibido un mensaje contundente del Poder Legislativo, el Ministerio de Transición Ecológica debe abrir el diálogo con las empresas para acordar la continuidad de Almaraz», afirma la plataforma.

Porque, según el calendario de cierre, la primera central en cesar en su funcionamiento sería la cacereña. La plataforma recuerda su potencial en empleos y en producción eléctrica, y arguye que, desde el punto de vista de la política energética, la electricidad que suministra Almaraz «aporta una estabilidad al sistema imprescindible para los planes de reindustrialización que quieren impulsar tanto el Gobierno español como la Comisión Europea».

Miembros de la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ (sobre todo alcaldes de diversos municipios próximos a la central) han estado presentes en el Congreso durante el debate de la PNL, como el propio Fernando Sánchez, alcalde de Belvís; Juan Antonio Díaz, de Almaraz; o Enrique Hueso, de Navalmoral. Acudieron además representantes de otras zonas de España afectadas directamente por la política energética, como Cofrentes (en Valencia, cuya central cerraría en 2030), Hornachuelos (Córdoba) y Yebra (Guadalajara). Todos, con la colaboración y el apoyo de la Asociación Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), protagonizaron una breve concentración a las puertas del Congreso. Ahora esperan que sus reivindicaciones salgan adelante.

Guardiola critica a los "sanchistas extremeños"

El debate y su votación han dejado otras consecuencias, además de las propias vinculadas a la PNL. Los reproches políticos se han agudizado con este trámite. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado que «haya imperado el sentido común sobre el sectarismo», y que «hayan vencido los argumentos científicos, económicos y medioambientales sobre la imposición de un apagón nuclear que es absolutamente indefendible».

A renglón seguido, Guardiola ha criticado el voto en contra de los cuatro diputados del PSOE regionales: «Esos sanchistas extremeños que están perjudicando a miles de familias extremeñas y frenando las posibilidades de desarrollo de nuestra región», tras lo que ha apuntado que «ya nadie sabe qué defienden ni qué excusa darán».

También el portavoz del PP de Extremadura fue ayer duro con la postura de los socialistas, al acusar a l secretario general del PSOE en la región de dar la «espalda» a la comunidad con el voto en contra de sus cuatro diputados en el Congreso. «La voz de Miguel Ángel Gallardo en Madrid le ha dado la espalda a Extremadura», dijo. «Ha hecho más esfuerzos por defender el chiringuito del hermano de Pedro Sánchez que por defender la continuidad de Almaraz», aseveró.

También el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha acusado al PSOE de «traicionar a Extremadura». Un voto en contra, indica, «que no hay titulares ni pancartas que lo tapen», y que «condena» a la región «al desempleo, a la pobreza y a la emigración». Vox respalda los criterios «técnicos y económicos» de la PNL y acusa a los diputados socialistas de querer una Extremadura «dependiente».

El PSOE, contra «una amnistía fiscal»

Por su parte, el PSOE de Extremadura considera «lógico» que su partido haya votado en contra de la PNL, pues esta iniciativa parlamentaria escondía «una amnistía fiscal» para las empresas energéticas propietarias de Almaraz.

La portavoz, Isabel Gil Rosiña, afirmó ayer que el discurso del PP sobre la energía nuclear «está plagado de contradicciones y demagogia», ya que, al margen del «intento de amnistía fiscal» para «librar» a las empresas del coste de la gestión de los residuos nucleares, «y que sean todos los españoles y españolas quienes paguen», «omiten que las propias empresas aceptaron el calendario de cierre», destaca el PSOE, que afirma que su posición es «clara»: «Almaraz debe seguir hasta que haya una alternativa real que garantice el empleo, el bienestar y la riqueza de la comarca». 

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