¿Por qué los nacionalistas catalanes se han 'aliado' con Almaraz?

En marzo del año pasado, una sucesión de borrascas que atravesaron la Península disparó la producción de renovables, en especial de energía eólica. Eso llevó los precios del mercado mayorista de la electricidad a mínimos y a que dos de los siete grupos nucleares que operan en España dejasen de generar para evitar producir a pérdidas. Los que pararon fueron Almaraz I y Cofrentes (Valencia), pero no habían sido los únicos que habían pedido desconectarse.

Estos mismos problemas los hubo con la nuclear de Ascó (Tarragona), si bien a ella Red Eléctrica de España (REE) -el gestor del sistema eléctrico nacional- no le permitió paralizar la actividad de sus dos reactores. La negativa llegó porque eran necesarios para garantizar la seguridad de suministro para el mercado catalán. 

Esta situación ejemplifica la fuerte dependencia que tiene la demanda eléctrica en Cataluña de sus plantas atómicas, una de las razones que explican la abstención de los grupos nacionalistas catalanes el pasado miércoles a la hora de votar la PNL que pedía prorrogar la vida útil de las centrales españolas.

En 2024, la nuclear supuso el 59% de toda la producción eléctrica catalana. Eso no es poca cosa, sobre todo tratándose de la comunidad autónoma con una cifra más elevada de generación de España. Pero la cuestión es que ni siquiera con las nucleares cubren todo el consumo que necesitan sus familias y empresas. El año pasado se quedó en el 85%, el resto tuvo que importarlo. 

Tras la nuclear, a mucha distancia, la aportación más relevante es la de los ciclos combinados, en un ‘mix’ en el que las renovables tienen una implantación más bien escasa: 15,7% en 2023, y 19,1% en 2024. Quitando Baleares y País Vasco, ninguna otra comunidad se ha movido esos dos años en porcentajes tan bajos. Apenas tiene 370 megavatios de potencia instalada de fotovoltaica, por ejemplo, y los de eólica son unos 1.400. «Necesitamos más renovables», pero «estamos muy lejos, mucho, de cumplir los objetivos (...) Esta es la cruda realidad, una realidad que no nos gusta», reconoció la diputada Pilar Calvo, de Junts, esta semana en el Congreso durante el debate de la PNL. «Si cierran las nucleares en Cataluña, pasamos a depender o bien de Francia, de electricidad mayoritariamente nuclear, un contrasentido, ¿no?; o de Aragón», esgrimió Calvo. 

Los de Puigdemont fueron uno de los dos grupos que optaron por abstenerse en la iniciativa del PP. La otra abstención, más sorprendente, fue la ERC. Tradicionalmente este partido se ha opuesto de forma clara a la nuclear. No hay que retroceder mucho, basta irse a su programa de las últimas elecciones europeas, el año pasado, en el que pedía eliminar para 2040 el uso de las energías no renovables, en las que incluía el petróleo y la nuclear.

«Nosotros no defendemos alargar la vida de las nucleares. Pero tampoco un cierre improvisado», aseveró el martes el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch. «El modelo energético del futuro no puede ser de un oligopolio que se proteja a sí mismo con sus cómplices políticos», dijo en una intervención muy crítica con la propuesta del PP. Con todo, hizo una puntualización: si se pretende replantear el calendario de cierre nuclear, exigirán que se cumplan una serie de condiciones. Entre ellas, el que haya una garantía real de transición energética hacia las renovables, un plan de reindustrialización urgente y efectivo para las zonas nucleares y la protección laboral sólida para los trabajadores afectados.

Precisamente, la segunda clave que explica la postura de ERC y Junts es el impacto directo de los cierres en el tejido socioeconómico. A diferencia del factor de la dependencia energética (Extremadura es una comunidad netamente exportadora de electricidad), aquí la situación tiene un mayor parecido con la de la región. Las tres unidades tarraconenses suman una plantilla de unos novecientos empleados (según la última memoria de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II –ANAV-, eran 888). A eso habría que sumar, como sucede en el caso de Almaraz, los varios cientos de empleados de subcontratas que acuden diariamente a trabajar a sus instalaciones, y los que se incorporan temporalmente en los periodos de recarga. En la más reciente, finalizada en diciembre pasado en la unidad I de Ascó, fueron unos 1.200, más del 50% de ellos del entorno de la planta.

Más margen temporal

Y si empleo y garantía de suministro justifican las abstenciones en la votación de este miércoles, hay una tercera cuestión que quizás explique por qué en su lugar no fueron catorce votos más a favor: la cronología con la que está previsto que se sucedan los cierres. Las dos plantas extremeñas la abren en 2027 y 2028, pero la primera de las catalanas en cesar será Ascó I, en octubre de 2030, tres años después de que el primer reactor extremeño se haya apagado. Luego llegará el cierre de la segunda unidad de esta planta, en septiembre de 2032, y finalmente, Vandellós II, en febrero de 2035. Si se establece un punto de no retorno similar al que se ha fijado para Almaraz (unos dos años y medio antes de su clausura), queda bastante margen, hasta inicios de 2028, para dar marcha atrás. Hasta entonces pueden ocurrir muchas cosas que cambien el futuro de las dos nucleares catalanas, más con una convocatoria de elecciones generales entremedias que, si no hay adelanto, se producirá en 2027.

Porque lo que suceda con el resto de centrales parece que tendrá poco peso en la toma definitiva de postura de los partidos independentistas catalanes. Al menos de Junts, cuya diputada remachó su intervención de este martes exigiendo más información tanto de los operadores eléctricos como del Gobierno. «Solo así podremos decidir qué es lo mejor para mi país, que es Cataluña», sentenció.

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