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Un año después de a moción

Unidas por Extremadura denuncia que las mujeres siguen sin poder abortar en los hospitales públicos

Recrimina que aún no está confeccionada la lista de objetores de conciencia

Manifestación proaborto en España.

Manifestación proaborto en España. / EP

El Periódico Extremadura

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Cáceres

Unidas por Extremadura ha reclamado que el gobierno del Partido Popular cumpla con la legalidad y permita a las extremeñas poder interrumpir voluntariamente el embarazo “en los centros hospitalarios públicos”. La diputada, Nerea Fernández, ha reprochado que hace justo un año se aprobó en la Asamblea una moción para que se “evitara la exclusión sanitaria de las extremeñas, y se practicaran los abortos en los centros públicos”.

“Esa moción, que es de obligado cumplimiento, fue enmendada por el PP, pero no han hecho nada”, ha dicho Fernández, que ha añadido que aún no está confeccionada la lista de objetores de conciencia. “En julio se abrió el registro, pero no está terminado”, por lo que, según la diputada, “se sigue sin poder interrumpir voluntariamente el embarazo en los hospitales extremeños”.

"Exclusión sanitaria"

Según la diputada, la ley obliga a tener el registro de objetores de conciencia para poder abortar en los centros públicos. “Si esa lista no existe, las mujeres extremeñas seguimos estando en exclusión sanitaria”, ha dicho Fernández, quien incide en que ha pasado ya un año desde que se aprobó esa moción en la Asamblea. La formación apuesta por que se de prioridad a esta cuestión “para acabar con la frecuente derivación de las extremeñas hacia las clínicas privadas”.

Fernández también ha reclamado que otras dolencias que afectan a las mujeres, y que han sido invisibilizadas durante décadas, no se están asumiendo desde el servicio público. “Necesitamos un sistema de salud que priorice la salud de las mujeres, con más recursos, con profesionales formados en perspectiva de género y con tratamiento de enfermedades que afectan especialmente a las mujeres”. “La salud no puede ser un lujo, debe ser un derecho garantizado”, ha aseverad

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