Denuncias
El Defensor del Pueblo acusa a Extremadura y otras tres CCAA de no colaborar
Las quejas de los extremeños a este organismo caen un 5,4%, hasta 439, durante el pasado año

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, recibe el informe correspondiente al año 2024 por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. / Eduardo Parra - Europa Press

El Defensor del Pueblo ha acusado a Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, así como a Ceuta y a 135 entidades locales de ser administraciones "no colaboradoras" con este organismo, al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
En el caso de Extremadura, el Defensor del Pueblo reclamó información por la denuncia por el deficiente estado de conservación de un solar en Talavera La Real.
Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este martes, y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
"Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones", explica en su informe.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores, como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos, etc.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones. Aquí, el Defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información.
Más tiempo para los municipios pequeños
No obstante, desde este órgano aseveran que tales dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo. Eso sí, en este año se ha optado por no incluir en este listado las administraciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, a fin de ofrecerles más tiempo para la tramitación de su respuesta, dado que dichas administraciones cuentan con unos medios humanos y materiales muy limitados.
En el caso de las comunidades, el tirón de orejas a Canarias tiene que ver con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. Según se explica en el Anexo del Informe del organismo presidido por el socialista Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre la situación en la que quedan los menores al cumplir la mayoría de edad y dejar el centro.
En la Comunidad Valenciana, el Defensor del Pueblo solicitó información en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo con relación a las ayudas a la vivienda y al alojamiento temporal por riesgo de exclusión social.
Por último, en Ceuta se hizo una actuación de oficio por el realojo y erradicación de un asentamiento de chabolas e infraviviendas, a la vez que se solicitó información con motivo de la falta de respuesta a una reclamación por la lectura de información de consumos y la gestión del servicio eléctrico.
Menos denuncias
Las quejas de los extremeños al Defensor del Pueblo cayeron un 5,4% en 2024, hasta 439, lo que representa el 1,31% de las presentadas en toda España.
Los madrileños son los que más recurren, al aglutinar casi una de cada cuatro quejas (el 24,01 %) presentadas en el último año; suponen el doble de las procedentes de Andalucía (12,42%), segunda autonomía en términos absolutos, según el informe anual de 2024.
El documento refleja una ligera bajada en el número total de quejas registradas por los ciudadanos, que han pasado de 34.056 a 33.454 en toda España.
Catalanes y valencianos
Han sido 8.031 los madrileños que han acudido el año pasado a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, seguidos de 4.155 andaluces y de 3.441 catalanes, que suponen el 10,29% del total; después figuran los valencianos, con 3.231 (9,66 %).
En un segundo tramo hay cuatro comunidades autónomas con cifras que rondan las 1.500 quejas: Desde Castilla-La Mancha llegaron 1.468 (el 4,93%); Canarias tuvo 1.512 (el 4,52%), Castilla y León, 1.471 (4,40%) y Galicia (1.269 que representan el 3,79% del total).
Ya por debajo del millar figuran las demás autonomías: los murcianos elevaron 872 quejas el año pasado (2,61%), los aragoneses, 725 (2,17%), los vascos, 690 (2,06%) y los asturianos, 581 (1,74 %).
Se presentaron también 566 quejas de ciudadanos de las Islas Baleares (1,69%), 439 de Extremadura (1,31%), 374 de Cantabria (1,12%), 328 de Navarra (el 0,9 %) y 277 de La Rioja (0,83%).
En los últimos puestos figuran Melilla, con 74 (0,22%) y Ceuta, con 43 (0,13%), si bien hay también otras 3.727 quejas de las que no consta origen territorial concreto porque fueron presentadas por correo electrónico sin determinar procedencia y suponen el 11,14% del total.
Además de las quejas individuales el Defensor recibió 1.808 de los comisionados autonómicos.
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