La Ley de Concordia de PP y Vox incluye a las víctimas de terrorismo y elimina el término dictadura

La propuesta de la nueva Ley de Concordia de PP y Vox incluye a las víctimas del terrorismo, a pesar de que para estas existe una ley propia, la Ley 2/2020 de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura, que se mantendrá. "Una ley de concordia no debe olvidar a las víctimas del terrorismo que los españoles sufrimos durante décadas, incluida la Transición y el periodo democráticos que tanto dolor ha causado", recoge la nueva normativa en la exposición de motivos.

Lee el texto íntegro de la Ley de Concordia

Lee el texto íntegro de la Ley de Concordia

La nueva legislación, registrada esta mañana en la Asamblea con la firma de los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y Vox, José Ángel Sánchez Juliá y Óscar Fernández Calle respectivamente, derogará la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019: "es necesaria para acabar con la división y el enfrentamiento", señala.

Se suma Extremadura así a Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde los gobiernos de PP y Vox han planteado iniciativas de concordia similares a la extremeña, aunque con diferentes resultado. En Aragón se derogó la ley de memoria y se desarrolló un plan de concordia, sin llegar a ser ley; en Castilla y León la propuesta legislativa fue tumbada finalmente por el PP, mientras en la Comunidad Valencia la nueva ley entró en vigor el agosto pasado. 

PP y Vox inician los trámites para derogar la ley de memoria histórica de Extremadura

Pero además del terrorismo, se incluye la Segunda República, equiparando así a todas las víctimas desde 1931 hasta la actualidad: desde la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo hasta el terrorismo «del pasado reciente» e «incluyendo a los que padecieron persecución o violencia por razones políticas e ideológicas o de creencia religiosa, así como a los que han sufrido violencia». Señala que la Guerra Civil llevó a la exaltación «las dinámicas de enfrentamientos de años anteriores». 

Ni memoria histórica ni dictadura franquista

Además de esta extensión temporal, el proyecto normativo no incluye en ningún momento los términos memoria histórica, represión o dictadura franquista, que sí expone la ley actual. Eso a pesar de que la dictadura de Francisco Franco fue condenada y admitida como tal por las Naciones Unidas, que en otras resoluciones posteriores insiste en la necesidad de divulgar la memoria democrática de España como una manera de reparar a las víctimas. Tampoco se refiere expresamente a la persecución o violencia por razones de género y orientación sexual ocurrida durante esas épocas que sí reconoce la actual ley de memoria histórica. 

El PP y Vox consuman el pacto para sacar adelante su tercera rebaja de impuestos en Extremadura

La normativa de PP y Vox se estructura en seis capítulos, uno menos que la de memoria histórica actual, y tiene por objeto "preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre las bases de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española". Insiste en la reconciliación asumiendo "los errores de la sociedad de aquel entonces" y en la necesidad de reparar el daños a todas las víctimas, "de uno y otro bando".

En la exposición de motivos se destaca también que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo", ni entre historiadores ni entre los ciudadanos.

Se mantienen las exhumaciones, pero sin hablar de gastos

Entre los derechos de las víctimas y sus familiares, la Ley de Concordia mantiene que se pueden llevar a cabo exhumaciones e identificaciones de las personas desaparecidas, así como el acceso a los documentos en poder de las administraciones para la investigación de los sucesos que rodearon actos de violencia, entre ellos de terrorismo que no hayan sido resueltos.

Manifiesto en defensa de la Ley de Memoria Histórica

La nueva propuesta de ley copia casi textualmente la ley en vigor respecto a la obligación de confeccionar un censo de víctimas, que deberá ser público, e incluye la elaboración de un mapa de fosas georreferenciado. Además, se contempla la memoria de las víctimas con una declaración de reconocimiento personal a quienes, en el periodo que comprende esta ley (de 1931 a la actualidad), «padecieran persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de cualquier otra condición».

La ley en vigor recoge que estas actuaciones serán sufragadas por la Junta, pero la nueva propuesta no incluye esa consideración y no habla de su financiación. Sí señala que la Junta «promoverá y facilitará» actividades dirigidas a la recuperación de restos de estas víctimas a través de investigaciones históricas, de indagación y recogida de testimonios personales, de búsqueda sobre el terreno, de exhumaciones de restos cadavéricos, de estudios antropológicos forenses y mediante análisis genético comparativa de ADN, para lo que se creará un banco de ADN regional. Todas estas actuaciones requerirán de una autorización administrativa de la Junta.

Para llevar cabo estas actuaciones, deberán ser solicitadas por los familiares de hasta tercer grado de consanguinidad (en la ley actual se habla de hasta el cuarto grado), cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad con las víctimas, así como por las entidades que se reconozcan por la Junta como vinculadas a la concordia (la normativa actual señala a entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas) y otras personas y entidades que acrediten un interés legítimo.

Homenajes y símbolos

A diferencia de la ley de memoria histórica, el nuevo texto normativo elimina la celebración de un día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura, la consideración de los lugares de la memoria y la obligación de eliminar símbolos franquistas, así como de otros actos o homenajes de reconocimiento o de llevar la memoria histórica al ámbito educativo. No obstante, entre las prioridades sí estará la investigación y difusión del conocimiento en materia de concordia: «la Junta apoyará las actividades culturales o académicas que tengan como objeto el análisis y el conocimiento veraz del periodo referido».

La normativa propuesta tampoco reconoce el papel de las asociaciones de memoria histórica «como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas del franquismo», como especifica la actual. Las cataloga como entidades vinculadas a la concordia y no habla de ayudas o programas de apoyo para estas, aunque sí recoge que la Junta colaborará con sus actividades.

Sin embargo, las excluye de la Comisión Técnica de Concordia que vendrá a sustituir al Consejo de Memoria Histórica, en el que también están en la actualidad las diputaciones provinciales y la Fempex, que tampoco formarán parte de la nueva comisión.

Este nuevo órgano, que deberá constituirse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, estará formado por personal de la Consejería de Cultura (la titular, un jefe de servicio y tres técnicos en materia de patrimonio cultural) y solo un representante de la Universidad de Extremadura y se reunirá cada trimestre para valorar las exhumaciones solicitadas, entre otros fines. La comisión será la encargada de informar de las solicitudes para la localización y exhumación de víctimas, así como del mapa de fosas y de realizar un informe anual de las actuaciones desarrolladas en aplicación de esta ley. También deberá velar por la conservación y accesibilidad de los documentos sobre los trabajos efectuados.