Extremadura recurre al Constitucional el reparto obligatorio de los menores migrantes

La Junta de Extremadura recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto que establece el reparto obligatorio de menores migrantes al entender que "invade competencias exclusivas" de las comunidades autónomas y vulnera la lealtad institucional. "El Gobierno recurre de forma indebida a la figura del real decreto ley para afrontar una situación que lejos de ser extraordinaria, es estructural", ha justificado este miércoles la consejera portavoz, Victoria Bazaga.

Extremadura "no podría acoger más menores migrantes si el Gobierno no lo financia"

El texto en cuestión es el Real Decreto Ley 2/2025, que establece la reubicación de menores extranjeros no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades autónomas menos saturadas. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la interposición del recurso, con el que Extremadura sigue los pasos de Aragón y la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso fue el primero en tomar la decisión de recurrir y precisamente, este miércoles el Tribunal Constitucional ha informado de la admisión a trámite del proceso.

Derechos fundamentales

Bazaga ha justificado la interposición del recurso en que el real decreto ley invade "competencias exclusivas" de la Junta de Extremadura en materia de protección de menores y vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional. Añade que el texto afecta a derechos fundamentales como la libertad o la educación, que altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y además, no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados.

"Es una medida impuesta por el Gobierno central de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado autonómico", ha señalado. Las tensiones entre la Junta y el Gobierno por el reparto de menores han sido constantes y el recurso llega después de que el Ministerio de Infancia solicitara a la región, y precisamente también Aragón y Madrid, una rectificación de los datos sobre menores migrantes que acoge en la actualidad, al considerar que la información facilitada hasta la fecha es "muy genérica".

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169 a Extremadura

Los últimos datos con los que contaba el Gobierno sobre acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas datan de 2023 y con ellos el Ejecutivo hizo un cálculo provisional a la espera de los datos actualizados a 31 de marzo de 2025 solicitados a las comunidades autónomas. Según este cálculo, Madrid es la región que más menores tendría que acoger, con un total de 806, mientras que Extremadura asumiría 169 y Aragón, 186.

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El 30 de marzo, según fuentes del Ejecutivo autonómico, Extremadura informó que durante el pasado año acogió a un total de 126 menores migrantes no acompañados y que su ocupación "efectiva" actual está en el 111,25% de las plazas. De hecho, la propia presidenta, María Guardiola, señaló que la región no podría acoger más menores migrantes si el Gobierno no financia los recursos para atender a esos niños "como merecen".

Sectorial pendiente

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el real decreto ley fue ratificado en el Congreso con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP y Vox. Este pasado lunes, la ministra Sira Rego había convocado una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de estos menores, pero el encuentro quedó suspendido, aún sin nueva fecha, tras el apagón.

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A esta cita, Extremadura acudirá para defender "un reparto solidario, con igualdad y diálogo". "Lo que no se puede admitir son decisiones unilaterales, lo que no se puede admitir son decisiones basadas en cesiones a los socios independentistas cuando son decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas", defendió al respecto el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. Según avanzó, desde Extremadura se va a solicitar al Gobierno un análisis "real" del impacto que hay en cada región y también un estudio detallado para la gestión de la inmigración.

Críticas de Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "indigno e inhumano", además de "lamentable", este recurso al Constitucional. Para De Miguel, el Ejecutivo autonómico del PP "no está a la altura del pueblo extremeño, que es un pueblo solidario y que en numerosas ocasiones ha demostrado que es un pueblo que acoge".

"No se puede actuar de forma tan indigna y tan inhumana precisamente con los menores no acompañados, que son las personas más vulnerables que están ahora mismo en el país, y que están viviendo una emergencia en Canarias", ha señalado la portavoz tras lamentar que Guardiola se sitúe, una vez más, del lado de la extrema derecha.