La fiscalidad dificulta el pacto regional sobre la reforma de la financiación autonómica

El pacto sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se complica. Un año después de iniciarse en la Asamblea de Extremadura la comisión de estudio para elevar una voz única a Madrid, las posiciones de los grupos parlamentarios continúan en el punto de partida. Todos coinciden en la defensa del principio de solidaridad y la necesidad de que el nuevo modelo prime criterios como el envejecimiento, la despoblación o el déficit de infraestructuras, pero chocan en los impuestos.  

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La fiscalidad será el gran escollo para ratificar el pacto suscrito en febrero de 2024, cuando el pleno de la Asamblea aprobó una declaración genérica en la que PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se comprometían a defender «una financiación justa» para la región. Posteriormente, a instancias del PSOE se creó la comisión de estudio, que tras nueve meses de trabajos este jueves ha finalizado la ronda de comparecencias de expertos con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Ahora, oídas todas las partes, los grupos se han vuelto a citar el 26 de mayo para elaborar unas conclusiones que puedan ser elevadas al pleno y votadas por unanimidad. En la sesión de este jueves todos mostraron su predisposición al acuerdo, pero con los diferentes cruces de reproches también se puso de manifiesto la gran distancia que separa las posiciones. 

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Concesiones a Cataluña

El PP, que pone el foco en las concesiones del Gobierno central a Cataluña, incide en la necesidad de separar fiscalidad y financiación, pero el PSOE y Unidas por Extremadura recuerdan que ambas forman parte de un todo porque el dinero a repartir depende en definitiva de la recaudación. «Es como separar los ingresos y los gastos», advirtió el diputado de Unidas José Antonio González Frutos.

Más crítico fue el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado, que directamente acusó a la Junta de romper el consenso alcanzado en 2016 y «alimentar el dumping fiscal» con rebajas de impuestos que, insistió, solo han servido para mermar las arcas autonómicas y beneficiar a los más privilegiados. 

El bloque de la izquierda afeó además al PP su «obsesión» con Cataluña cuando «la verdadera amenaza es que los territorios más poblados y según ellos peor financiados, gobernados por el PP, se hagan fuertes y se lleven la mejor parte: Madrid, Valencia, Baleares, Murcia...».

«Tendremos que ponernos de acuerdo frente a sus compañeros desde Extremadura», advirtió Amado a la bancada popular. Y en la misma línea, González Frutos defendió que si María Guardiola quiere un buen acuerdo para Extremadura, tendrá que «dejar el carné del partido». 

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Sin avances

«No es cierto que haya fijación con un territorio», respondió la consejera de Hacienda, Elena Manzano. Según explicó, si las críticas se han centrado en Cataluña es porque «los únicos avances» que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para la reforma del sistema han sido la quita de la deuda, el cupo separatista «que aniquila la Hacienda estatal» o el reparto del nuevo impuesto bancario en base al PIB autonómico.

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«Defenderemos el derecho que tenemos los extremeños a estar en el mismo nivel que el resto de españoles, que se mire de una vez por todas a Extremadura, que se invierta en Extremadura», defendió Manzano. En su comparecencia, la consejera insistió en la necesidad de que el Gobierno aborde con urgencia la reforma del sistema para corregir los desequilibrios territoriales que ha generado el modelo ya caduco de 2009 y que toda la negociación se aborde en foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Manzano incidió en los argumentos de la Junta ya conocidos, como la defensa del principio de solidaridad, la necesidad de restar peso a la población o la «deuda» de 11.000 millones del Estado con la región, de ahí que los grupos de la oposición circunscribieran su comparecencia en el seno de esta comisión únicamente a su «lucimiento personal». «Ya ha demostrado que es la que más sabe», le replicó González Frutos. 

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La declaración de 2024

Finalmente, desde el PP el diputado Hipólito Pacheco expresó su deseo de llegar a un acuerdo unánime en las conclusiones, que después pueda usar Guardiola en la negociación. «Haremos lo necesario para conseguirlo», afirmó tras avanzar que el PP se basará en los 10 puntos de la declaración institucional de febrero de 2024.

Pacheco ha rechazado la financiación singular para Cataluña, que esta comunidad cuente con una hacienda propia y que gestione el cien por cien de la recaudación tributaria. En este sentido, ve con "preocupación máxima" la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio tras la condonación de parte de la deuda de Cataluña.

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Vox, por su parte, defiende que el problema no es la financiación sino el propio sistema autonómico, que provoca que haya españoles de primera y segunda, y luego están los extremeños, que a su juicio son de tercera. En declaraciones a Efe, su portavoz, Óscar Fernández Calle, ha defendido que el actual es un sistema "insolidario", con privilegios para unos, como País Vasco y Navarra, con un sistema fiscal diferenciado que ahora quieren también los catalanes. Así, a su juicio el problema es más profundo que lo económico porque tiene que ver la "concepción del Estado".