Más de 260 municipios extremeños podrán modificar su plan general para impulsar la construcción de vivienda

La Junta de Extremadura aprobará un nuevo decreto ley de medidas urgentes para dar respuesta a la "situación de excepcionalidad" que atraviesa la vivienda mediante la simplificación de los trámites urbanísticos. Según ha explicado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, el Ejecutivo autonómico levantará la prohibición que pesa sobre más de 200 municipios para que puedan modificar su planeamiento urbanístico y asegurar así la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida.

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También se reducirán los plazos de tramitación para modificar planes generales, de 45 días a 30 si no se requiere evaluación ambiental, y se regula la cesión gratuita de suelo público para construir viviendas protegidas. "El problema no se limita solo a grandes ciudades, también afecta al medio rural, donde la oferta de vivienda adecuada es claramente insuficiente", ha defendido Martín.

Ratificación en la Asamblea

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el responsable autonómico ha explicado que Extremadura "no puede permanecer inmóvil" ante la "creciente dificultad" que están experimentando ciertos sectores como los jóvenes para acceder a la vivienda y por ello, tras aprobar un primer decreto con incentivos fiscales para facilitar la compraventa y el alquiler, se aprobará un nuevo decreto ley de simplificación urbanística para agilizar el planeamiento y fomentar la construcción de nuevas promociones.

El texto, que deberá ser ratificado en la Asamblea, introduce cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus). Tras su aprobación este lunes en Consejo de Gobierno, el decreto ley entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), pero deberá ratificarse en el Parlamento autonómico en el plazo de un mes para que las medidas no decaigan. Como ya se sabe, el Ejecutivo de María Guardiola no tiene mayoría, por lo que tendrá que iniciar un nuevo proceso de negociación con los grupos parlamentarios.

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Escalada de precios

Según ha explicado Martín, el objetivo es dar respuesta a la "excepcionalidad" que atraviesa la problemática del acceso a la vivienda en la región, donde los precios de mercado "siguen alejando a muchas familias de su oportunidad de acceder a un hogar". Este decreto ley es "un paso más" para avanzar, en tanto que permitirá actuar con rapidez y eficacia ante una necesidad social urgente, informa Europa Press.

El objetivo es agilizar las tramitaciones urbanísticas par facilitar la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida: "No podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno al crecimiento y desarrollo de nuestros municipios", ha señalado el consejero. Así, el texto se centra en la simplificación del planeamiento municipal.

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Planeamiento municipal

Entre las medidas planteadas, destaca que el plazo del trámite de información pública para modificar los planes generales se reducirá de 45 días a un mes cuando no se precise evaluación ambiental ordinaria, y también se reducen de tres a dos los acuerdos del pleno municipal necesarios para aprobar cambios de ordenación detallada.

De igual forma, se eliminará la prohibición legal que ahora pesa sobre 266 municipios que no pueden realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico para evitar que cualquier posible iniciativa de promoción de vivienda "pudiera truncarse".

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Al respecto, fuentes de la Consejería de Vivienda explican que el próximo 27 de junio finaliza el plazo, establecido por la vigente ley del suelo extremeña, para que los municipios con Planeamiento General anterior al año 2001 y con proyectos de delimitación del suelo urbano (en total los 266 anteriores) puedan realizar modificaciones. El decreto ley permitirá que esas modificaciones se extiendan más allá de la citada fecha, "facilitando así la puesa a disposición del mercado de nuevo suelo para la construcción de vivienda.

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Otro aspecto destacado de este decreto ley es que prevé la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas y la flexibilización del uso de suelo para promover viviendas sociales y dotacionales. Por último, se sustituye la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa y la regulación.

Tanteo y retracto

Con el objetivo de agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda protegida, el Consejo de Gobierno también ha abordado este lunes el pronunciamiento previo del proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida. Una iniciativa que complementa directamente al nuevo decreto ley, ya que busca reducir "trámites innecesarios que actualmente ralentizan el funcionamiento del mercado inmobiliario".

Entre las medidas más relevantes se encuentra la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables. Esta medida también reduce la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que "nunca han sido ejercidos desde su implantación", ha asegurado el consejero.

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Se establece además una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores vinculadas al módulo vigente, según el tipo de vivienda, en lugar del sistema anterior basado en el IPC y fórmulas "complejas".

También se simplifica el visado de contratos de compra, venta y adjudicación, evitando que la ciudadanía tenga que aportar documentos que la Administración ya puede consultar electrónicamente y, finalmente, se agilizan los procedimientos de comunicación de enajenación y de informe de precios máximos de venta o alquiler, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la eficiencia en la gestión de la vivienda protegida.