Extremadura unificará en 20 años el régimen de la VPO y simplificará la venta de segunda mano

Extremadura unificará en 20 años el régimen de protección de la VPO y simplificará el procedimiento de venta en segunda y sucesivas transmisiones, cuyos requisitos actuales "ralentizan el funcionamiento del mercado inmobiliario". Según explicó ayer el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, los cambios se recogerán en una normativa complementaria al nuevo decreto-ley que simplificará los trámites urbanísticos para impulsar la construcción de promociones de vivienda.

El pasado mes de marzo se abrió el trámite de audiencia e información pública y ayer el Consejo de Gobierno dio un paso más para aprobar esta nueva normativa con el pronunciamiento previo. Entre las medidas más relevantes se encuentra la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables. Esta medida también reduce la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que «nunca han sido ejercidos desde su implantación», aseguró el consejero.

Precio máximo de venta

Se establece además una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta, en lugar del sistema actual basado en el IPC y fórmulas «complejas». También se simplifica el visado de contratos de compra, venta y adjudicación, evitando que la ciudadanía tenga que aportar documentos que la Administración ya puede consultar electrónicamente.

Finalmente, se agilizan los procedimientos de comunicación de enajenación y de informe de precios máximos de venta o alquiler, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la eficiencia en la gestión de la vivienda protegida.

Más de 10 años sin cambios

Desde la entrada en vigor del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, el régimen jurídico de la vivienda protegida en Extremadura no ha experimentado cambios. Por este motivo, "es necesario acometer una modificación normativa que permita acomodar aquel régimen a la vigente realidad social y económica, que ha sufrido una profunda transformación, y las evidentes necesidades de simplificación administrativa que existen en esta materia", defiende la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Manifestación por la vivienda digna en Badajoz

A la fecha de entrada en vigor de aquel decreto autonómico el mercado de compraventa de vivienda protegida había atravesado distintos ciclos, "pasando del estallido de la burbuja inmobiliaria a un proceso de recuperación". Tras la pandemia volvió a crecer, siendo ostensible a partir de 2021. A lo largo de este período de tiempo el incremento de IPC ha sido notable, sobre todo en la anualidad 2022, lo que ha producido distorsiones en el precio máximo de compraventa de vivienda protegida existente.

Por otro lado, la Consejería ha defendido que el mantenimiento de distintos plazos de protección de vivienda protegida "ha traído consigo no solo inseguridad jurídica, sino también la necesidad de cumplimentar trámites administrativos que, a la postre, se han revelado estériles, como la comunicación de la enajenación de la vivienda e identificación del precio máximo de compraventa".