La polémica en torno a Gallardo
Gabriel Moreno, experto en Derecho Constitucional: "El Estatuto de Autonomía no puede alterarse a capricho de la coyuntura política"
Para suprimir el aforamiento de los diputados extremeños es necesario un pacto PSOE-PP y el aval del Congreso
El trámite, largo y complejo, se alargaría a todas luces más de un año
El profesor de Derecho Constitucional Gabriel Moreno, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. / Jorge Valiente
No es la primera vez que en Extremadura se pone sobre la mesa la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los 65 diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta, que solo responden por sus hechos ante tribunales de instancia superior.
En enero de 2014 el expresidente Guillermo Fernández Vara, entonces en la oposición tras la primera derrota electoral del PSOE, llegó a renunciar a esta prerrogativa ante notario. Y ya entonces se puso de manifiesto que era un gesto sin ningún recorrido judicial, porque la única forma de renunciar al aforamiento es renunciando al escaño.
En septiembre de 2015, ya nuevamente como presidente, Vara aprobó una resolución en Consejo de Gobierno para solicitar a la Asamblea el inicio de los trámites para la reforma del Estatuto. Finalmente, todo quedó en nada por la negativa del PP, que veía en la propuesta un pago al apoyo de Podemos para la investidura del socialista tras los llamados 'pactos de La Corrala'.
Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura en el que Gallardo ha tomado posesión como diputado / Javier Cintas
Una norma constitucional
Según explica Gabriel Moreno, vicedecano de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura (Uex), un acuerdo entre PP y PSOE es el primer paso para poder reformar el Estatuto de Autonomía y cualquier cambio debe ratificarse después en el Congreso. Es, sin duda, un camino largo, cuyos trámites se extenderían más de un año. «La propuesta de reforma debe proceder de un debate sereno, relajado y no de un impulso ante un hecho muy muy determinado. Estamos hablando de la norma constitucional básica de la comunidad autónoma, no puede alterarse a capricho de la coyuntura política», justifica el experto.
El procedimiento se regula en el artículo 91 del texto, que dice que la reforma puede iniciarse a instancias de la Junta de Extremadura, la Asamblea (al menos un tercio de los diputados), el Congreso o el Senado. Si se inicia a instancias de las instituciones autonómicas, la propuesta de reforma debe aprobarse en el pleno de la Asamblea con mayoría cualificada de dos tercios (43 diputados), de ahí la necesidad de un acuerdo entre PSOE y PP. En esa misma sesión debe conformarse una delegación que represente a Extremadura en las Cortes Generales, que es quien en última instancia debe ratificarla.
Cuatro reformas
«La iniciativa pasaría al Congreso de los Diputados porque los estatutos de autonomía tienen una doble naturaleza, también son leyes orgánicas nacionales y el Congreso de los Diputados tiene que validar la reforma por una mayoría absoluta», explica Moreno. Teniendo en cuenta «el atasco» de la Cámara Baja, y la cantidad de informes y dictámenes a emitir previamente, calcula que como mínimo la reforma tardaría un año en ver la luz.
Desde su aprobación 1983, el Estatuto de Autonomía de Extremadura ha tenido cuatro reformas:en 1991 para que las elecciones autonómicas se celebraran en mayo; en 1994, para sumar nuevas competencias como carreteras, urbanismo o espectáculos públicos; en 1999 para incluir sanidad y educación, y la última, de 2011, que reconoció la deuda histórica.
Seis comunidades han dado el paso
Seis comunidades autónomas han dado en los últimos años el paso de quitar o limitar el aforamiento de sus parlamentarios autonómicos: Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón.
La primera que dio el paso fue Canarias, donde la supresión se hizo efectiva a partir de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Murcia también consiguió el aval de las Cortes para la modificación de los artículos 25 y 33 de su norma autonómica y en 2021 eliminó el aforamiento de sus diputados para los asuntos ajenos al desempeño parlamentario.
Ese mismo año el Congreso y el Senado apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja y Cantabria. La última comunidad en sumarse fue Aragón, después de que las Cortes aprobaran definitivamente a finales del año 2022 la reforma de su Estatuto de Autonomía.
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