Fondenex cuestiona la legalidad de la restauración fluvial del río Zapatón

Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) cuestionó ayer la legalidad de los trabajos de restauración fluvial que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) plantea desarrollar en el río Zapatón. «El proyecto fue aprobado en 2012, pero la evaluación de impacto ambiental caducó en 2016», aseguró esta organización conservacionista a través de una nota prensa.

«Dice el proyecto que se recuperará el bosque de ribera mediante su limpieza y plantación de vegetación autóctona que ayude a proteger el entorno», apunto esta organización conservacionista, que consideró que se trata de «eufemismos dirigidos a justificar una obra, una inversión sin mucho sentido, un despilfarro de dinero público sin justificación, salvo en algún tramo puntual y concreto».

El río Zapatón, se indica, nace en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la de la Sierra de San Pedro, por la que discurre parte de su cauce para acabar desembocando en otro espacio natural protegido, el del río Gévora bajo, «constituyendo un corredor ecológico de excepcional importancia». Durante años, esta área ha padecido «numerosas agresiones, en especial por extracciones de áridos, y restaurar estas graveras es loable, pero sería inadmisible que se destruyeran las valiosas saucedas y otras zonas de bosques de galería que están muy bien conservadas y que nada tienen que ver con estas zonas alteradas», se arguye.

'Paisajes lunares'

Los grandes impactos generados «por las extracciones de áridos son responsabilidad de la CHG y de la Comisaría de Aguas, que los permitieron a pesar de lo que señalaba la legislación vigente», se critica. Tras hacer la «vista gorda cuando se convertían las riberas del río Zapatón en ‘paisajes lunares’ para fines particulares», se añade, «ahora, con dinero de todos los españoles, pretenden ‘arreglar’ los destrozos que estos organismos consintieron».

No obstante, se remacha, lo que se considera «más grave del proyecto» que quiere llevar a cabo la CHG «es que su estudio de impacto ambiental caducó, nada menos, que en 2016, por lo que las obras no se pueden comenzar hasta que se haga uno nuevo, tal como marca la ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental en su artículo 43».