Asaja Extremadura anuncia “la desaparición a muy corto plazo” del cultivo extremeño del arroz

Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, ha denunciado este miércoles que si no se toman medidas de inmediato la región está abocada a perder a "muy corto plazo” la producción de arroz. En la actualidad Extremadura es la segunda productora nacional de arroz por detrás de Andalucía, con una superficie para este 2025 que se aproxima a las 20.000 hectáreas, de las cuales el 76% se sitúan en la provincia de Badajoz y el 24% en la de Cáceres. "El pasado año se sembraron 19.300 hectáreas y parecía que los agricultores se animaban a seguir producción, por lo que se incrementó la producción en casi 700 hectáreas", se argumenta.

“Pero cuando todo parecía ir bien, aparecen ciertos personajes y situaciones que abogan por llevar el cultivo a su desaparición”, señala García Blanco, que apunta a tres cuestiones claves. En primer lugar, menciona, en la actualidad, la Unión Europea tiene al arroz como libre de aranceles en todo el sudeste asiático, en base al principio de “todo menos las armas”. Esto es que, bajo la premisa de no entrar en conflictos bélicos internos, permiten exportar con arancel cero "todo el arroz que quieran a la Unión Europea" asevera. Hay que tener en cuenta que allí se producen, por su situación climática, dos cosechas al año y se exporta el 40%. Esto se traduce, según las estimaciones de esta organización agraria, en que "de los 174 millones de kilogramos de arroz que consumimos los españoles, casi 70 millones vinieron de fuera".

Intermediarios

Ahora mismo, los intermediarios están ofreciendo la tonelada de arroz cardo (arroz pelado antes de blanquear, lo que supone una pérdida del 18% del peso) a 360 euros/tonelada en puerto español. El año pasado los agricultores españoles cobraron por este mismo arroz más de 520 euros antes de pelar para un coste de producción que estuvo en 484 euros por tonelada, se continúa.

"Esta información se ha trasladado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que de momento ni está ni se le espera. Y es totalmente necesario que se imponga, como mínimo, un arancel de doscientos euros por tonelada a todo arroz importado. Y mucho cuidado con la entrada de Mercosur, porque Brasil cultiva casi 1.200.000 hectáreas, Paraguay más de 100.000 y Argentina, 230.000", se incide desde Asaja Extremadura.

Productos fitosanitarios

El segundo de los elementos citados por este colectivo de agricultores es que "la Unión Europea es muy exigente con los profesionales europeos en relación a la utilización de productos fitosanitarios, pero curiosamente no lo es tanto con lo que viene de terceros países. Y aquí entra las competencias de las comunidades autónomas". Por este motivo, adelanta, se va "a realizar una solicitud formal para que la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura entre en todos los almacenes del polígono industrial de Don Benito, y tome muestras del producto" que descargan centenares de camiones diarios para todas las empresas que tienen allí depositado este producto, "con especial hincapié" en la que "compró Arrocería Dorado y que parece actuar como Arroces Pons".

Etiquetado

"Por último, creemos que es necesario que se deje engañar al consumidor", se remarca, para apuntar a continuación que en el sector de la apicultura se va consiguiendo un etiquetado correcto, pero en el del arroz no. "Es curioso cómo se engaña al consumidor haciéndole creer que está consumiendo arroz español cuando lo mismo es del sudeste asiático. No marca la producción". En este punto, se avanza también que se pedirá a grandes cadenas de distribución como Mercadona Carrefour, Alcampo, DIA, Lidl y ALDI que "en una primera fase, dado que la marca blanca copa el 70% de la cuota de mercado, nos indiquen la procedencia del arroz que comercialicen y lo vamos a poner en conocimiento de los consumidores". "Y de no tomarse soluciones, le decimos a todos los señores políticos que vayan buscando lugares donde puedan emigrar otros cuantos extremeños engullidos por la avaricia de las multinacionales y consentidas por los gobiernos de España y la Unión Europea", se concluye.