Abogado de Cáceres: "Muchos migrantes llaman con miedo a las consecuencias de Torre Pacheco en su regularización"

La tensión generada en los últimos días en Torre Pacheco, un municipio murciano de unos 40.000 habitantes, ha despertado la preocupación entre los vecinos, especialmente dentro de la comunidad migrante que reside en el pueblo. Alejandro Katibi tiene un bufete en Cáceres y está especializado en derecho migratorio y regularización de personas extranjeras. El abogado asegura que durante los últimos días ha recibido numerosas llamadas de marroquíes y argelinos desde Murcia y Almería, preocupados por las consecuencias de los recientes discursos racistas, que han desembocado en altercados y disturbios.

Pregunta: ¿Qué valoración hace sobre los ataques que se están produciendo en Torre Pacheco?

Respuesta: Mi opinión es común a la de todas las personas razonables: estoy en contra de cualquier acto violento. Lo ocurrido es un hecho aislado que ha desencadenado en una situación incontrolable, que algunos están utilizando como excusa para justificar la violencia. Es fundamental recordar que para resolver delitos ya están la Policía, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales y los abogados. No debemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Las instituciones públicas, las administraciones y los partidos deben hacer un llamamiento a la calma y no utilizar la inmigración como un arma arrojadiza. Todos esos políticos y personas que, de forma interesada, están haciendo ese llamamiento al odio, están cometiendo delitos y es extremadamente grave.

P: ¿Qué puede estar suponiendo para la comunidad magrebí lo que acontece en este municipio?

R: En el despacho tengo cuatro compañeras marroquíes, y la sensación general es de incertidumbre e inquietud. Además, muchos migrantes magrebíes están llamando desde Murcia y Almería con mucho miedo, preguntando si esta situación puede afectar a su proceso de regularización. Están asustados por si les agreden, y al encontrarse en situación irregular, no saben si pueden denunciar. La recomendación es que lo hagan, porque el Estado somos todos, y está para protegernos.

Hay que entender que estas personas vienen a España a trabajar, tienen sus familias, quieren una vida normal, como la que hemos querido los españoles cuando hemos emigrado a Alemania o a Inglaterra. Privarles de eso por ser marroquíes o argelinos es más que un discurso contra el extranjero, es islamofobia. Se trata de discriminación condicionada por la religión.

P: ¿Podría darse una situación así en Extremadura?

R: En la región tenemos la ventaja de que las poblaciones procedentes de otros países están muy bien integradas, y tanto los partidos políticos, como las alcaldías, la Diputación y la Junta están haciendo una gran labor. Por eso, espero que no ocurra nada similar aquí.

P: Las redes sociales están jugando un papel muy importante en la desinformación y en las concentraciones del municipio.

R: Que la gente se organicen para cometer delitos es gravísimo. No sé hasta qué punto podría considerarse casi una organización criminal y lo más alarmante es la publicidad con la que se están organizando todos estos ultras y vándalos, cuya única intención es cometer delitos.

P: ¿El origen de todo esto tiene más relación con los discursos de la ultraderecha o con la difusión de bulos y mensajes xenófobos?

R: Creo que es una mezcla. Las posturas más radicales de la extrema derecha siempre atacan la inmigración, incluso la regular. Por eso, ha habido un hecho puntual con implicación de dos personas extranjeras, y lo han aprovechado. Sabemos que existen las 'fake news' y que esto ahora mismo es una olla a presión. Hay mucho interés en que explote, pero creo que si esos dirigentes que están llamando al odio pensasen quién cuida a sus padres, quién limpia sus casas, quién recoge las cerezas, el arroz o cualquier producto agrícola o ganadero… no odiarían tanto.

P: ¿Cual es su lectura sobre la España actual?

La España actual no es la de posguerra ni la del franquismo, cuando apenas había inmigración. Ahora sí la hay, y nos necesitamos mutuamente. Si no, España no podrá pagar jamás las pensiones ni cubrirá los trabajos que los españoles no quieren hacer. Es imposible expulsar a 8 millones de personas porque, ¿qué pasaría con el mercado laboral? ¿y con el PIB? Ese discurso de odio es interesado, no lleva a ningún sitio, y tiene que terminar.