Gestión pública
Extremadura saca pecho de su "sólido" sistema de control para evitar la corrupción en los contratos
La Junta detalla todos sus "escudos" ante las irregularidades, como la plataforma electrónica, el sistema de control interno, el plan de auditorías, el plan contra el fraude, el canal de denuncias o las nuevas herramientas tecnológicas

Inmaculada Núñez Arroyo, secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. / CEDIDA

La Junta de Extremadura viene aplicando las medidas necesarias para "prevenir, detectar y corregir los casos de corrupción en sus contrataciones", en base a unos procedimientos marcados por los principios de "transparencia, publicidad y trazabilidad", un "sólido" sistema de control interno y una "adecuada" gestión de los conflictos de intereses.
Así lo ha afirmado este martes la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Núñez Arroyo, en la Asamblea de Extremadura. "No es un sistema opaco", ha subrayado en su respuesta, recogida por Efe, ante una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, sobre las medidas que tiene previsto adoptar la Junta para luchar contra la corrupción en la contratación pública.
Recomendaciones internacionales y plataforma electrónica
En la Comisión de Administración Pública, tras reconocer que la contratación pública es vulnerable al fraude y las irregularidades, la secretaria general ha explicado que las medidas implementadas en la Administración autonómica se basan en recomendaciones de órganos nacionales, como el Tribunal de Cuentas, e internacionales, como la Comisión Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
En base a ellas, ha explicado, se han implantado en el seno de la Administración un procedimiento de contratación caracterizado por la "trasparencia y la trazabilidad", que se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica, donde "se publican absolutamente todas las fases del procedimiento".
Control interno
Además existe un sistema de control interno a cargo de la Intervención General de la Junta, "que previene, detecta y corrige todas las irregularidades", fiscalizando todas las fases de ejecución del gasto público e interviniendo en los pagos que se realizan en cada contrato.
Junto a ello, ha detallado Núñez Arroyo, se elabora un plan anual de auditorías, que incluye los controles obligatorios por imperativo legal pero también otros que son el resultado de un análisis de riesgo.
Para lograr un mayor rigor en el control de los fondos públicos, se está utilizando además sistemas informáticos de gestión, la inteligencia artificial y el big data para detectar anomalías como licitaciones recurrentes, precios públicos atípicos y concentración de adjudicaciones.
Plan contra el fraude y canal de denuncias
Se vela, además, por una correcta gestión de los conflictos de intereses por parte de las personas que intervienen en las partes del procedimiento, según ha subrayado la secretaria general, que también ha recordado la puesta en marcha de un plan contra el fraude para garantizar la correcta ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Transformación y Resiliencia, cuyas medidas se están generalizando también a otros ámbitos "porque son buenas prácticas".
Junto a ello ha mencionado la puesta en marcha de un canal de denuncias con una línea 900 y un acceso en el portal Juntaex.espara favorecer la participación ciudadana.
"Dados los casos inexistentes de fraude o corrupción en la Junta, salvo los que ya fueron detectados en Feval y el Festival de Teatro Mérida, se puede concluir que la Administración autonómica viene aplicando las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir los casos de corrupción", ha señalado.
Ha indicado además que los casos de corrupción que han saltado a la actualidad informativa se circunscriben al Gobierno nacional, al que ha acusado de "llegar tarde" con su propuesta contra la corrupción, dado que el Estado y las comunidades autónomas deberían haber tenido aprobado su estrategia el año pasado de acuerdo con lo establecido en la normativa.
Unidas: no es suficiente
Por su parte, González Frutos ha lamentado que las medidas son insuficientes. "Todo eso existía y son controles que no han servido", ha señalado el diputado, para quien "no es una buena actitud conformarse con lo que existe porque lo que existe no ha sido suficiente".
"Lo que se judicializa es la punta de iceberg de lo que realmente existe", ha advertido el parlamentario, quien ha abogado por reforzar los controles internos e implementar otros dos externos, la cámara de cuentas y la oficina independiente.
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