Nueva normativa en tramitación
Los alumnos del transporte escolar podrán usar también las líneas de autobuses regulares
Educación afirma que la medida se aplicará con carácter puntual para las rutas que se queden desiertas
El nuevo contrato, que entra en vigor en septiembre, aumenta el presupuesto un 20%

Autobuses de transporte escolar a las puertas de un colegio. / S. García
Los usuarios del transporte escolar podrán utilizar también las líneas regulares de autobús para desplazarse a los centros educativos. Las consejerías de Educación e Infraestructuras están preparando una normativa conjunta que permite esta posibilidad cuando los recorridos sean coincidentes, si bien se reservará solo a casos puntuales: para cubrir el servicio de las rutas escolares que queden desiertas en los procesos de licitación.
Se da la circunstancia de que en el próximo curso 2025/2026 entra en vigor el nuevo acuerdo marco de transporte escolar, pero Educación no confirma aún cuántas rutas de las 569 que incluye la licitación que se lanzó en 2024 han quedado desiertas por falta de interés empresarial y son, por tanto, susceptibles de ser derivadas al transporte regular. «En este momento no podemos ofrecer datos ya que se está analizando toda la documentación presentada», responden desde el departamento que dirige Mercedes Vaquera.
Reserva de plazas
La combinación de transporte escolar y de viajeros es una posibilidad que en Extremadura es factible desde el año 2008, cuando se reguló el servicio de transporte escolar. Hasta ahora no se había desarrollado, y para ello Educación ha recurrido a una orden específica, elaborada en colaboración con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que tiene soporte legal en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Ya se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Junta y ha pasado el periodo de audiencia e información pública. El objetivo, según explica Educación, es mejorar el servicio de transporte escolar, que cada día utilizan más de 16.000 menores en Extremadura.
El sistema funcionará a través de una reserva de plazas para escolares en las rutas regulares de autobús, que costeará la Consejería de Educación y será de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias del servicio de autobús regular. Según se especifica en la orden, una vez identificadas las rutas escolares que han quedado desiertas, la Consejería de Educación deberá facilitar a la de Transporte «con antelación suficiente al comienzo del curso escolar» los datos referentes a las rutas, paradas, número de plazas a reservar, horarios de entrada y salida de los centros o los días lectivos del calendario escolar.
Obligatorio para las empresas
Comprobada por Transporte la coincidencia de tráficos e itinerarios, se realizará una propuesta de las rutas regulares en las que se podrá efectuar la reserva de plazas. Recibida la propuesta, la Consejería de Transporte dictará la resolución con el número de plazas a reservar, la tarifa aplicable en cada ruta, las localidades y las paradas autorizadas.
La reserva de plazas será obligatoria para la empresa contratista del transporte regular de uso general, que deberá excluir estos billetes de la venta al público durante todos los días lectivos del curso escolar. Las restantes plazas vacantes podrán ser utilizadas por cualquier persona. Las plazas reservadas para escolares serán contiguas, de manera que el alumnado esté en la misma zona del vehículo, preferentemente en la parte delantera, incluida la persona acompañante.
Un 20% más de presupuesto
Cabe recordar que El contrato de las rutas del transporte escolar se elevará a partir del próximo curso un 20% para hacer frente a las demandas de las empresas del sector, que en los últimos años han trabajado «en circunstancias muy complicadas». Serán un total de 21 millones de euros por año, frente a los 17 actuales, para dar servicio a un total de 569 rutas que cada día utilizan 16.000 alumnos.
La contratación del servicio se aprobó en junio de 2024, bajo la modalidad de acuerdo marco. La cuantía total es de 84 millones de euros y entrará en vigor en el curso 2025/2026 con una validez de cuatro años. Alrededor de 120 empresas podrán acogerse a este nuevo acuerdo, que dará «más estabilidad» y rentabilidad al sector, con lo que se facilitarán las inversiones.
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