Extremadura pide "justicia e igualdad" para el reparto de los menores migrantes

La Junta de Extremadura ha reclamado este martes "igualdad y justicia" para el traslado de los menores migrantes a las comunidades autónomas, después de que el Consejo de Ministros haya cifrado la capacidad ordinaria de acogida de la región en 344 plazas. La consejera portavoz, Elena Manzano, asegura que "Extremadura es solidaria" y cumplirá la ley, pero afea al Gobierno central la "imposición unilateral" de un reparto del que exime al País Vasco y a Cataluña. "Un ejemplo más de esa injusticia y de mirar solamente para un territorio, que es lo que hace el Gobierno del señor Sánchez por mantenerse en el poder", ha dicho Manzano tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Este martes, el Gobierno central ha aprobado en Consejo de Ministros el último decreto para poner en marcha un mecanismo exigido por Canarias, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Congreso refrendó el pasado mes de abril. El plan es repartir la acogida de los menores migrantes no acompañados que lleguen a las costas españolas entre todo el país con el fin de aligerar la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivará a unos 3.000 menores migrantes en el plazo de un año. Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

Colapso del sistema

Con la fórmula establecida en el real decreto, el Gobierno cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, ratio que se concreta en 344 para Extremadura. Este dato es clave para cifrar después el número de menores que deberá atender cada territorio, que en el caso de la región se ha estimado en 159. Con el trámite normativo ya finalizado, el próximo paso será la celebración de una comisión interministerial, el próximo 2 de septiembre, para dar inicio a los traslados.

Para el reparto se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, si bien Cataluña ha anunciado su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida.

Según la Junta de Extremadura, la llegada de estos 159 menores no acompañados a la región colapsará el sistema de acogida autonómico, puesto que esas 344 plazas ordinarias ya están sobreocupadas: la capacidad total de la comunidad para todos los menores tutelados (migrantes y nacionales) es de 374 y actualmente ya hay 81 bajo tutela autonómica. Estos 81, más los 159 que habría que asumir, situaría la ocupación "en un 300 o 400%", según el Ejecutivo extremeño. Para la atención de estos menores el Gobierno habilitaría una partida de dos millones de euros, pero "cubren solo los tres primeros meses" de estancia, mientras que la tutela se mantiene hasta los 18 años, "asumiendo la Junta los gastos de sanidad, educación, personal y alimentación".

Centro de menores migrantes en Gran Canaria

Ver galería

Recurso al Constitucional

Manzano ha recordado que la Junta de Extremadura ya presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de este reparto, que ya fue admitido a trámite y que ahora está a la espera de resolución. "Utilizamos las armas que nos proporciona el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico para combatir decisiones injustas y ahí estamos, pidiendo justicia e igualdad de los extremeños y de los españoles", ha incidido.

La portavoz ha defendido que cuando se adoptan decisiones que afectan a las comunidades se debe hacer teniendo en cuenta a los gobiernos autonómicos, por lo que ha criticado la "imposición unilateral" por parte del Estado en este sentido que, "lejos de apelar a principios de igualdad y de justicia, incide en todo lo contrario". Manzano ha reiterado que Extremadura es solidaria y cumple la ley y la Constitución, y asegura que también velará para que se garanticen los derechos de esos menores. "Somos plenamente conscientes de quién tiene la competencia y cómo debe materializarse y ejecutarse", ha subrayado.