Incertidumbre entre las familias tras la adjudicación obligada de 223 rutas escolares

El primer día de curso comenzarán mañana con incertidumbre para 6.000 alumnos y sus familias. Son los afectados por el conflicto abierto en el transporte escolar extremeño tras quedarse desiertas el pasado agosto 242 rutas. A tan solo dos días del inicio del curso, la Junta de Extremadura lanzó este martes una nueva licitación de urgencia, que solo estuvo abierta unas horas, a través de la cual se han adjudicado este miércoles 19 rutas, pero se han quedado 223 sin cubrir formalmente que se han adjudicado hoy de forma directa y obligatoria.

Para ello, la Consejería de Educación ha emitido esta mañana una resolución por la que se obliga a las empresas del sector que no han optado a las últimas licitaciones a cubrir las 223 rutas del transporte escolar que venían haciendo en los últimos años. Basan la decisión en que se trata de «un servicio público esencial», por lo que tendrá que ser prestado «obligatoriamente» por las empresas que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024, ha explicado esta mañana la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una rueda de prensa.

La administración regional se ampara en la propia Ley Orgánica de Educación (la Lomloe) que «reconoce el transporte escolar como un servicio de apoyo necesario para garantizar la igualdad en el acceso a la educación». También explican desde Educación a este diario que la comunidad cuenta con una normativa propia (la Ley de Educación de Extremadura y la Ley de Creación de Entidades Públicas) que subraya la importancia de este servicio «como medida compensatoria y de cohesión territorial».

Según Vaquera, se han adjudicado por resolución administrativa las rutas desiertas a las empresas que han venido realizando «históricamente» cada una de ella y si no cumplen con la resolución administrativa, entonces la Junta adoptará «las medidas oportunas», ha dicho.

Pendientes también de las medidas cautelares

No obstante, todavía queda otro as en la manga de la administración: el proceso judicial iniciado por la Junta tras la denuncia penal a un grupo minoritaria de empresas por «incumplir» el acuerdo marco firmado en 2024 y por «coacciones y chantajes» para alterar el precio del servicio, que está pendiente de resolución de las medidas cautelares solicitadas, otra de las vías para garantizar todas las rutas. «Somos conscientes del problema, hemos estado en todo momento con la mano tendida, si hemos tenido que tomar algunas medidas, como presentar esa denuncia, es porque no nos ha quedado otra, porque estamos velando por los intereses de nuestros alumnos y alumnas, en ningún momento hemos dejado de trabajar para ello», ha añadido la consejera.

Según explican fuentes judiciales, la causa abierta está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mérida, que este miércoles ha comenzado estudiar la demanda. «Se ha dado traslado a la Fiscalía para que emita un informe y con eso la titular del Juzgado pondrá un auto», que previsiblemente dictará este jueves.

Pero mañana el curso arranca y las empresas no han garantizado que cubran el servicio. De hecho, hay familias que ya han recibido comunicaciones a través de Rayuela de que no habrá transporte escolar este jueves y madres y padres ya han comenzaron a movilizarse para poder trasladar a sus hijos a los centros educativos. Así lo asegura Maribel Rengel, la presidenta de la Federación de Ampas de centros públicos de Extremadura (Freampa) que habla de «preocupación» e «incertidumbre» entre los progenitores y los alumnos. «No nos posicionamos de un lado ni de otro, aquí lo que ha habido es una falta de entendimiento que va a perjudicar a 6.000 alumnos principalmente de las zonas rurales; es una situación inédita», lamentó ayer Rengel.

Por su parte, desde la Asociación del Transporte Escolar de Extremadura su presidente, Juan Antonio Masa, insiste en no valorar la situación: «respetamos lo que cada uno quiera hacer, no vamos a entrar en el juego, pero esto es un sinsentido», afirmó.