Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir

Adopta esta media un día antes del inicio del curso, alegando que se trata de "un servicio público esencial"

Imagen de un vehículo de transporte escolar.

Imagen de un vehículo de transporte escolar. / EUROPA PRESS

Cáceres

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha emitido este mismo miércoles una resolución por la que ha adjudicado de forma directa a las empresas del sector las 223 rutas del transporte escolar que quedaban sin cubrir, a solo un día de comienzo del curso escolar. Basan la decisión en que se trata de “un servicio público esencial”, por lo que tendrá que ser prestado "obligatoriamente" por las empresas que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024.

Así lo acaba de anunciar la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una rueda de prensa convocada para este miércoles, en la que además ha dado cuenta de los datos que marcan el inicio del curso en Extremadura. En concreto, se han adjudicado por resolución administrativa las rutas desiertas a las empresas que han venido realizando "históricamente" cada una de ellas. Si no cumplen con la resolución administrativa, entonces la Junta adoptará "las medidas oportunas", ha avanzado Mercedes Vaquera.

La situación se ha complicado este año, al quedar desierta la cobertura de 242 rutas (del total de 579 que registra Extremadura), que afectan a unos 7.000 alumnos, después de que "un grupo minoritario" de empresas haya incumplido el acuerdo firmado entre ambas partes en 2024 para tal fin, según alega la Junta de Extremadura, que ha llevado el tema al juzgado. La denuncia penal se ha interpuesto "debido a las conductas y coacciones ejercidas por determinadas empresas con ocasión de los procedimientos de contratación de las rutas de transporte escolar", empresas que "se estarían negando" a aplicar el acuerdo marco suscrito en 2024.

19 rutas más por trámite de urgencia

De hecho, este mismo martes se sacó una licitación de urgencia (la décima para esta cuestión) que se mantuvo abierta solo unas horas y que se cerró a las 23.59, con el fin de intentar adjudicar las 242 rutas de transporte escolar que permanecían desiertas. Finalmente, se han cubierto 19, pero 223 han seguido sin ofertas, que son las que finalmente se han adjudicado de forma directa y obligatoria.

El acuerdo marco firmado en 2024 recogía un incremento del 20% de aportaciones económicas para la mayoría de las rutas y de un 50 % para algunas, lo que se traduce en "una mejora de 16 millones de euros" para este servicio, según viene comunicando la Junta, pero algunas empresas no han concurrido finalmente a las licitaciones, lo que ha creado un problema importante, ahora con escaso margen antes del inicio del curso.

A la espera de posibles medidas cautelares

La Junta también está a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta la pasada semana a empresas del sector, en la que se solicitaba la adopción de medidas cautelares para "garantizar" la prestación del servicio público educativo.

Esta denuncia fue interpuesta, según ha incidido la consejera, "no porque las empresas no liciten, sino porque hay una intención por parte de algunas empresas, las minoritarias de alterar el precio del servicio, y para ello han llevado a cabo coacciones y amenazas, poniendo en el medio y perjudicando los derechos de miles de alumnos".

Vaquera ha defendido la gestión del actual Gobierno regional, afirmando que desde que llegó al poder en julio de 2023 trabaja "constantemente" para que los alumnos dispongan de este servicio "esencial".

"Somos conscientes del problema, hemos estado en todo momento con la mano tendida, si hemos tenido que tomar algunas medidas, como por ejemplo presentar esa denuncia, es porque no nos ha quedado otra, porque nosotros estamos velando por los intereses de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, en ningún momento hemos dejado de trabajar para ello", ha señalado.

En todo caso, ha añadido que lo que no se puede consentir es que "se distorsione el mercado, que se intente alterar los precios y que se coaccione o se hagan amenazas, no solamente a esta Administración, sino a unas empresas, que son la mayoría y que están trabajando y realizando su trabajo de una manera digna, honesta".

Tracking Pixel Contents