El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la diputación pacense y líder del PSOE extremeño, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Badajoz por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial hace 8 años.

También serán enjuiciados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias los otros nueve investigados en esta causa.

La Audiencia ha desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas contra el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado el pasado 28 de abril por la jueza instructora, Beatriz Biedma, cuya resolución confirma.

"Existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señalan los magistrados, que precisan que "siempre sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación de la fase intermedia una vez se pronuncien las acusaciones o, en su caso, en el juicio oral, momento en el que habrá de acreditarse cumplidamente por la acusación el sentido incriminatorio de estos indicios".

Tanto la fiscalía como las defensas solicitaban en sus recursos el archivo de la causa, al entender, a diferencia de la jueza instructora Beatriz Biedma y las acusaciones populares, que no existen indicios de criminalidad suficientes para procesarlos por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación y adjudicación de la plaza para de coordinador de actividades de los conservatorios -que luego se transformó en la de jefe de la Oficina de las Artes Escénicas- a David Sánchez, primero, y posteriormente la de su amigo Luis Carrero, exasesor de Moncloa.

Los abogados de la defensa han mantenido desde el inicio que la investigación se ha sostenido, pese a que no existían indicios de delito, sobre las «fabulaciones» de Manos Limpias, que encabeza la acusación popular junto con Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos.

El ministerio público sí avaló las resoluciones de la jueza Biedma durante la investigación -no las recurrió-, al considerar que había que indagar en relación con las sospechas de las plazas de Sánchez y de Carrero se pudieran haber ‘cocinado’.

Sin embargo, una vez terminada la fase de instrucción a finales del pasado mes de marzo, concluyó que no había indicios «racionales de criminalidad, sino hipótesis» , que la creación de la plaza que ocupó el hermano del presidente del Gobierno fue «legítima» y que Gallardo no se coordinó con otros cargos de la Diputación de Badajoz para adjudicársela. Por ello, solicitó el archivo de la causa a la Audiencia Provincial.

Antes de que esta instancia judicial resolviera su recurso y los de las defensas, Biedma acordó la apertura de juicio oral contra los 11 investigados. Fue solo 24 horas antes de que Gallardo hubiera obtenido la condición de aforado por entrar en la Asamblea de Extremadura, para lo que una compañera renunció a su acta de diputada y los cuatro que lo precedían en las listas, a sustituirla.

Su defensa pidió entonces que la jueza se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), pero este rechazó asumirla al apreciar «fraude de ley» en el aforamiento, dando así la razón a Biedma, a cuyo juzgado devolvió el caso. El líder de los socialistas no recurrió y el procedimiento continuó donde estaba y donde continúa a día de hoy: a la espera de que la Audiencia de Badajoz resuelva los recursos.

Las penas que pide la acusación popular

Las acusaciones populares solicitan para el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo 3 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, así como 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente.

Para el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, piden 1 año y medio de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación administrativa. En su caso y el de Sánchez, reclaman que ambos devuelvan los salarios que recibieron durante su etapa en la Diputación de Badajoz.

Para Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora del área de Cultura y diputada de Cultura -en 2016 y 2017, respectivamente, y para el miembro de la inspección Félix González plantean 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, mientras que para Juana Cinta, directora de Recursos Humanos, Emilio Parejo y Francisco Martos, trabajadores de la institución provincial que firmaron la modificación del puesto de Sánchez, piden 1 año y medio de prisión. La misma pena solicitan para Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, y Manuel Candalija, exdirector de esta área.

El inicio del caso

El conocido como ‘caso David Sánchez’ arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo -que después se convertiría en secretario general del PSOE extremeño- por la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial 7 años antes.

Una vez culminada la instrucción, la jueza acordó procesar a los 11 investigados (Sánchez, Gallardo y a otros nueve cargos y trabajadores de la diputación) por prevaricación y tráfico de influencias al considerar que existían indicios de criminalidad. La denuncia por fraude a la Hacienda Pública contra el primero se archivó.

El ministerio público y todos los investigados recurrieron la decisión, pero antes de que la Audiencia resolviera, Biedma acordó la apertura de juicio oral. Fue solo un día después del aforamiento exprés de Gallardo, al entrar como diputado en la Asamblea de Extremadura. La jueza vio 'fraude de ley' en este movimiento y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón, por lo que rechazó asumir la causa y la devolvió al Juzgado de Instrucción número 3.