Pide la "expulsión inmediata"
Vox Extremadura exige el fin del “arraigo de ilegales”: afirma que los beneficiarios han pasado de 193 a 2.762 en cinco años
Anuncia una propuesta para reclamar al Gobierno de España la supresión de esta figura, que considera "una vía de regularización masiva encubierta"
Los diputados de Vox en la Asamblea Juan José García y Óscar Fernández Calle, en la Junta de Portavoces de la Asamblea / ASAMBLEA DE EXTREMADURA
El arraigo, concebido en origen como un mecanismo excepcional, “se ha convertido en una herramienta para premiar la permanencia ilegal y fomentar el fraude”. Así lo ha denunciado este martes Óscar Fernández Calle, portavoz parlamentario del Grupo VOX en la Asamblea de Extremadura, tras la reunión de la Junta de Portavoces para abordar los contenidos del pleno del próximo jueves. Asegura que en la región los beneficiarios han pasado de 193 en 2020 a 2.762 en 2025, "un incremento del 1.331%".
“Estamos ante una regularización masiva encubierta que alimenta el efecto llamada, fortalece a las mafias de tráfico de personas y pone en riesgo la seguridad, los servicios públicos y la cohesión social de nuestros barrios”, denuncia el portavoz del Vox.
Su propuesta insta al Gobierno de la Nación a suprimir la figura del arraigo y a garantizar la "expulsión inmediata" de todos aquellos extranjeros que accedan de manera ilegal a España o cometan delitos graves.
Conflicto del transporte escolar
El portavoz anunció también las cuestiones que Vox llevará al próximo pleno de la Asamblea, este jueves. Por un lado, exigirá explicaciones sobre la gestión del transporte escolar, preguntando directamente si la consejera de Educación asume en primera persona la responsabilidad del conflicto y de la retirada de la denuncia contra las empresas, o si actuó siguiendo órdenes de instancias superiores.
Asimismo, Vox pedirá a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si considera buena la gestión de este servicio en el inicio del curso, después del caos que sufrieron miles de familias extremeñas.
En materia energética, la formación reclamará conocer qué acciones piensa ejecutar la Junta de Extremadura para garantizar que la central nuclear de Almaraz, con sus dos reactores, siga en funcionamiento, "defendiendo su valor estratégico para el empleo, la industria y la seguridad energética".
El tiempo se agota para Almaraz. El primer reactor se desconectará en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028, según el programa de clausura de estas instalaciones recogido en el VII Plan General de Residuos Radiactivos. La central cacereña será la primera en el calendario de cierre.
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