La Junta pedirá al TSJEx que aplique la ‘ley Zepa’ para evitar el derribo de Isla Valdecañas

La Junta de Extremadura mantiene el pulso en la justicia para evitar el derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas. Después de que el Tribunal Constitucional decidiera este pasado martes desestimar el recurso presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que obliga a la demolición total del resort cacereño, la portavoz y consejera Elena Manzano anunció ayer que van a presentar un incidente de ejecución de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para frenar el fallo.

Este nuevo procedimiento se basará en la conocida como ‘ley Zepa’ que aprobó en marzo de 2023 la Asamblea de Extremadura y con la que se regulaban determinados aspectos de la Red Natura 2000. Entre ellos, catalogaba el embalse de Valdecañas como Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) dejando fuera la isla construida porque, según la administración regional, nunca fue declarada formalmente como Zepa porque el proceso de catalogación no se realizó de forma adecuada.

«No va a ser demolido»

«Con arreglo a la normativa vigente el complejo no va a ser demolido», aseguró ayer la portavoz de la Junta de Extremadura. Manzano señaló que con la ley de 2023 Isla de Valdecañas «queda fuera de la protección Zepa y por eso lo que la Junta va a hacer ahora va a ser apelar a la protección efectiva de esta norma», explicó. Según Manzano esa norma confiere protección para que no deba procederse al derribo: «esa ley sale de la Asamblea que refleja el sentir de la población y es que no se lleve a cabo el derribo de ese complejo».

La portavoz también recordó que todavía hay pronunciamientos judiciales pendientes, como son los recursos de amparo presentados ante el Constitucional por las comunidades de propietarios de las villas del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Y mientras la Junta sigue insistiendo defender el complejo, Ecologistas en Acción, que lleva casi dos décadas litigando contra el proyecto en los tribunales que les dan la razón, aseguró ayer que tras el último fallo del Constitucional «ya no quedan excusas» para retrasar la demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas. Por ello, la organización ecologista reclama a la Junta que cumpla la legalidad y derribe una urbanización que fue declarada ilegal desde la primera sentencia del TSJEx en 2011.

Un «nefasto» precedente

En un comunicado, el colectivo denunció ayer la «insumisión» de la Administración autonómica frente a los fallos judiciales, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, y criticó los intentos de modificar leyes como la del Suelo o la delimitación de la Red Natura 2000 «para dar cobertura a un proyecto que nunca fue legal».

Asimismo, Ecologistas recordó que el TSJEx estimó en 111 millones las posibles indemnizaciones a los propietarios, «pero estos fueron advertidos en el momento de la compra de la irregularidad de las viviendas y, por tanto, no deberían recibir compensaciones patrimoniales». Insiste en que este es «uno de los casos más claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español» y advierte que «aceptar su permanencia supondría un precedente nefasto para la protección de los espacios naturales».

En la misma línea, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, subrayó ayer que el último fallo del Constitucional demuestra que «hubo políticos en nuestra tierra que se pensaban que estaban por encima de las leyes» y permitieron «un complejo ilegal». Mientras, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Piedad Álvarez, confía en que las próximas resoluciones judiciales tengan en cuenta la modificación de la ley Zepa porque existe «un gran consenso social» para mantener en pie Marina Isla de Valdecañas.

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