Pleno en la Asamblea
La ley de concordia del PP y Vox en Extremadura nace pendiente del Tribunal Constitucional
Gallardo pedirá al Gobierno que presente recurso: «No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y se humille a sus familiares»

Gallardo, junto a un grupo de diputados del PSOE al inicio del pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas
Siete meses después, el PP y Vox culminan el pacto para sacar adelante la ley de concordia. El pleno de la Asamblea de Extremadura ha ratificado este jueves la aprobación definitiva del texto con el rechazo frontal del PSOE, Unidas por Extremadura y todas las asociaciones memorialistas de la región por sus visos de inconstitucionalidad. "Mucho antes que tener su nombre en calles, plazas o una facultad de medicina, Guillermo Fernández Vara hubiera preferido que sus políticas permaneciera", ha dicho a la bancada del PP la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ante lo que ha considerado la primera gran revisión al legado del expresidente. El de este jueves ha sido el primer pleno tras su fallecimiento y de hecho, ha comenzado con un minuto de silencio seguido de un gran aplauso en su memoria.

Javier Cintas
Debate de enmiendas
La ley de concordia vendrá a derogar la de memoria histórica que el PSOE aprobó en solitario en el año 2019, una norma que según el diputado popular Laureano León nunca gustó al PP. Con el nuevo texto, ha defendido, "se garantiza a todas las víctimas la dignidad, la justicia, la reparación, la recuperación de restos y, en definitiva, el no volver a cometer los errores del pasado".
"Frente a su odio, nuestro perdón; frente a su división, unidad; y frente a su sectarismo nuestra concordia. En nuestra ley caben todos, también las víctimas del socialismo, del comunismo y del terrorismo", ha añadido el diputado de Vox Óscar Fernández.
El texto ha vuelto al pleno pendiente de la incorporación de las 115 enmiendas parciales que quedaron ‘vivas’ en la Comisión de Cultura: todas las del PSOE (61) y Unidas por Extremadura (48) y seis del PP que Vox rechazó «más que por el contenido, por las formas», al no haber sido negociadas previamente. Los reproches entre los socios se han mantenido hasta el último momento y esas seis enmiendas de los populares, que pretendían mejorar el impacto de género de acuerdo a las consideraciones de los expertos que han pasado por la comisión "sin desvirtuar la filosofía" de la propuesta, tampoco en el pleno se han incorporado al texto.
El pacto PP-Vox
La aprobación de la ley de concordia supone la culminación del pacto que permitió en marzo aplicar la tercera rebaja de impuestos en Extremadura y ‘salvar’ a María Guardiola de la crisis que supuso la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2025. El líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, no ha ocultado al término del pleno su satisfacción por que finalmente, y tras un primer intento fallido, la ley salga adelante.
"Hoy es un día de alegría. Vox cumple con sus compromisos. Dijimos que traeríamos a Extremadura una ley de concordia y de unidad y la hemos traído y la hemos aprobado. Otros, que se lo hagan mirar, los compromisos a los que llegan y después intentan a lo mejor, pues, bajarse de ellos", ha dicho en un nuevo ataque contra el PP por haber presentado enmiendas de forma unilateral a la propuesta conjunta.

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura / Javier Cintas
Recurso al Constitucional
Por su parte, el PSOE y Unidas por Extremadura volvieron a mostrar su rechazo a una norma "revanchista" que según vaticinan, acabarán tumbando los tribunales. El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pedirá al Gobierno que presente un recurso al Tribunal Constitucional, que ya anuló normas similares impulsadas también por el PP y Vox en Aragón y Comunidad Valenciana. "No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo y se humille a sus familiares", ha defendido a las puertas de la Cámara.
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también se ha pronunciado sobre el asunto, criticando la derogación de la ley de 2019 el mismo día en que se hallaron los primeros restos humanos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor.

Toni Gudiel / Antonio J. Sánchez
Críticas del PSOE y Unidas
Los diputados de Unidas han acudido al debate con una camiseta que rezaba '14.000. Extremadura tiene memoria', en alusión a los extremeños que están en fosas comunes, de los que la formación calcula que solo se han recuperado un 4%. Entre las críticas de la oposición destacan la equiparación de todas las víctimas, la falta de alusión a la dictadura franquista, que se pongan "trabas" a las exhumaciones y que pueda servir para "que se adoctrine con postulados interesados y no verificados". "Un verdadero retroceso contra la reparación de las víctimas", ha defendido el socialista José Ramón Bello.
"No vamos a aceptar lecciones de quienes utilizan a las víctimas para dividir, enfrentar y manipular, de quienes defienden pactos con partidos separatistas, blanquean a Bildu y no condenan dictaduras comunistas", ha replicado la diputada del PP Luisa Durán tras insistir en que la Ley de Concordia reconoce a todas las víctimas "tuvieran la ideología que tuvieran".
Memoria silenciada
La aprobación de la ley de concordia del PP y Vox ha generado una cascada de reacciones en contra, también fuera del hemiciclo. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la organización Amnistía Internacional, que muestra su rechazo advirtiendo que la norma invisibiliza las violaciones de derechos humanos del franquismo y borra la responsabilidad del régimen.
Según la organización, la ley elimina censos y rutas de memoria, suprime ayudas a entidades memorialistas y dificulta la búsqueda e identificación de víctimas. Considera que la ley supone un retroceso en la verdad, la justicia y la reparación y emplea una narrativa incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Los sindicatos CCOO y UGT también han mostrado su frontal rechazo a la ley de concordia del PP y Vox al considerar que «blanquea las atrocidades del franquismo» y supone un grave retroceso democrático. Para CCOO borra el reconocimiento a las víctimas de la dictadura y busca reescribir la historia, mientras que UGT afirma que no promueve la concordia sino el olvido, al invisibilizar los crímenes franquistas. Ambos sindicatos instan al Gobierno central a recurrir al Tribunal Constitucional y hacer cumplir la ley autonómica de 2019.
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