Denuncian que hay más de 500 plazas de estabilización en la Junta de Extremadura sin adjudicar

El proceso de estabilización que ha llevado a cabo la administración regional para reducir al 8% la temporalidad en el empleo público sigue sin finalizar, aunque debería haber concluido el 21 de diciembre de 2024. Y no solo no ha terminado, sino que todavía tiene pendiente de adjudicar más de 500 plazas (438 vacantes más otras 126 plazas de técnicos de empleo paralizadas por resolución judicial) de las más de 3.193 convocadas en el ámbito de la Administración General de la Junta, según la denuncia realizada ayer por la Plataforma del Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) y el sindicato USO, que reclaman la finalización «inmediata» del proceso selectivo.

La Junta, por su parte, defiende que el proceso de estabilización concluyó el pasado junio y solo quedan pendientes plazas que no se cubrieron en los primeros llamamientos realizados antes del pasado mes de junio.

"Caos", "retrasos" e "incumplimientos"

En cualquier caso, tanto la presidenta de Piltex, Marisa González, como el secretario general de la Federación Atención a la Ciudadanía de USO Extremadura, Luis Manuel Gil, denunciaron ayer el «caos», los «retrasos» y los «incumplimientos» del gobierno regional con un proceso selectivo que ha dejado en la calle a decenas de trabajadores públicos y que, por el momento, ha supuesto que unos 250 trabajadores cesados ya hayan presentado sus demandas a la justicia para reclamar a la Junta el abono de la indemnización que consideran que les corresponde. La administración regional, no obstante, defiende que ha pagado las indemnizaciones que exige la normativa al personal cesado con motivo de la estabilización.

En una rueda de prensa celebrada en Mérida, ambas organizaciones denunciaron también «irregularidades» del proceso selectivo por parte de la Junta, «que se escuda en que ha sido heredado de un gobierno anterior». En este sentido, Gil criticó la modificación de la ley para cambiar criterios y dar instrucciones «contradictorias» sobre el proceso, lo que considera que ha dificultado la valoración de méritos y han retrasado el proceso. Y puso como ejemplo los cambios en el número de plazas establecidas en las bases iniciales en las categorías de Sociología, Arqueología, Analista de Laboratorio o de Agentes del Medio Natural.