Las entidades que conforman el movimiento memorialista de Extremadura no colaborarán con la nueva Ley de Concordia y llaman a la sociedad a "resistir"

Las 27 entidades que conforman el movimiento memorialista de Extremadura han manifestado su rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019, que ha sido sustituida por la Ley de Concordia, votada el pasado 8 de octubre en la Asamblea con el apoyo de PP y Vox. Estos colectivos expresan su "compromiso firme de seguir haciendo memoria y dignificando a las víctimas", por lo que no colaborarán en la aplicación de la nueva normativa y hacen un llamamiento a "toda la sociedad extremeña para resistir frente a este intento de imponer el revisionismo franquista".

"Exigimos que este gobierno, o el siguiente, reponga y mejore la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, así como su cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo", afirman en un comunicado conjunto, en el que argumentan que "a ninguna persona demócrata debería hacer falta recordarle que la memoria de las víctimas de cualquier conflicto o represión tiene que ver con los derechos humanos y que los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales", apelando a los valores de la ONU y el derecho internacional.

"Pago" político

Las asociaciones subrayan que la anterior ley "ya recogía a todas las víctimas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura", por lo que no comparten la necesidad de una nueva Ley de Concordia, que califican como el "último pago del Gobierno de Guardiola a Vox a cambio de su apoyo parlamentario".

Recuerdan, además, los recursos presentados por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra leyes similares en otras regiones o la posición de la ONU, "que señala que las leyes de “concordia” podrían invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos”, recriminan.

Los motivos

La Ley de Concordia de Extremadura ha generado fuertes críticas por parte del movimiento memorialista, que basa su rechazo en varias razones, como la "omisión de la condena del golpe de Estado, a la Dictadura, y la equiparación de víctimas con sus verdugos"; el alcance temporal y las víctimas, ya que amplía el marco temporal desde 1931 hasta la actualidad "para diluir la responsabilidad de los golpistas y la de quienes apoyaron a la dictadura, equiparando a un régimen democrático con una dictadura de corte fascista"; impone "trabas" a las exhumaciones al tener que pasar por una comisión técnica; o "no perseguirá la apología del franquismo", según citan los colectivos.

Arguyen, además, que la enseñanza de la memoria histórica "sale de las aulas"; se "invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos al suprimir censos de víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación y de difusión de la memoria"; elimina la "perspectiva de género y la represión específica ejercida contra las mujeres"; incluye a las víctimas del terrorismo "a pesar de que Extremadura ya cuenta con una ley específica" y excluye a las asociaciones  y  colectivos memorialistas.

Por último, el movimiento memorialista reitera que "la concordia  se promueve  cerrando  heridas,  no dejándolas abiertas",  y que la reivindicación de quienes lucharon por la democracia "solo busca su reconocimiento y reparación".