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EAPN presenta su informe 2025

Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura

La mitad de los extremeños reconoce dificultades para llegar a fin de mes y un 36% no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año

A pesar de la estabilidad de las pensiones, las mínimas siguen por debajo del umbral de pobreza y en muchos casos no garantizan una vida digna

Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura.

Mujeres, jóvenes y familias de alquiler: el retrato de la pobreza en Extremadura. / EFE

Mérida

La desigualdad, la precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda siguen lastrando la calidad de vida en Extremadura, que se mantiene como la tercera comunidad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social de España, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha. "Uno de cada diez extremeños se mantiene con menos de 644 euros al mes", afirma Sebastián González Martos, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Extremadura, que este pasado miércoles ha presentado en Mérida un avance del informe 'El Estado de la pobreza 2025'.

El estudio reconoce que ha mejorado su PIB y reducido el desempleo, pero alerta de que ese crecimiento económico no se está traduciendo en bienestar para toda la población. Mujeres, jóvenes y familias de alquiler son las caras que están detrás de esta realidad: "miles de hogares que viven con angustia cotidiana para poder comer, pagar la luz, calentar su casa en invierno o refrescarla en verano", ha explicado Ana Macías, presidenta de la fundación Rui López.

Sebastián González Martos, presidente de EAPN Extremadura, y Ana Macías, presidenta de la fundación Rui López.

Sebastián González Martos, presidente de EAPN Extremadura, y Ana Macías, presidenta de la fundación Rui López. / El Periódico

Tasa AROPE: una leve mejora, pero datos preocupantes

El estudio, consolidado como herramienta de incidencia política, analiza los niveles de pobreza y exclusión social en España y en cada comunidad autónoma para ofrecer una radiografía precisa de la realidad social. Su principal indicador es la tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), el índice oficial que utiliza la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza y exclusión social en base a tres factores: el nivel de ingresos, el acceso a bienes y servicios básicos y la calidad del empleo.

En el caso de Extremadura, el informe arroja una ligera mejoría en ciertos indicadores pero los datos globales siguen siendo preocupantes: el 32,4 % de la población extremeña, unas 340.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra se reduce cuatro décimas respecto al año anterior, pero la región continúa como la tercera con mayor tasa AROPE del país, solo superada por Andalucía y Castilla-La Mancha.

Empleo y pobreza invisible

La tasa de pobreza se mantiene en el 27,5%, y la pobreza severa afecta al 9,3% de la población. Además, un 5% de los extremeños (unas 53.000 personas) viven en carencia material y social severa, lo que significa sufrir al menos siete privaciones básicas. Entre los datos "más preocupantes", EAPN señala que la mitad de la población (49,5%) afirma tener dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes y un 38% de los extremeños no puede hacer frente a gastos imprevistos (consulta de dentista o rotura de unas gafas, por ejemplo).

A ello se suma que un 36% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y un 3,4% no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días. "Estas cifras reflejan una pobreza invisible. Detrás de estos datos hay miles de hogares que viven con angustia cotidiana para poder comer, pagar la luz o calentar su casa en invierno”, insiste González Martos. Entre otros factores, estas cifras son fruto de la baja intensidad del empleo: 87.000 extremeños, aún teniendo trabajo, no logran ingresos suficientes debido a la temporalidad, la parcialidad o la inestabilidad laboral. El dato es aún más alto entre las mujeres (11,3%) que entre los hombres (9,9%), poniendo de manifiesto la persistente feminización de la pobreza y la desigualdad en el acceso al empleo digno.

La vivienda: nuevo factor de empobrecimiento

Este último informe de EAPN constata que la vivienda se consolida como uno de los principales factores de empobrecimiento en Extremadura. Las personas que viven de alquiler a precio de mercado tienen una tasa AROPE del 41,3%, una pobreza del 38,2% y una pobreza severa del 14,9%. En cambio, quienes residen en vivienda en propiedad presentan una tasa del 29,5%.

La falta de vivienda asequible y la pobreza energética están generando una nueva desigualdad habitacional, que afecta sobre todo a jóvenes y familias con rentas bajas. Así, un 18,4% de la población declara que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, y un 11% de los extremeños reconoce retrasos en el pago de préstamos y facturas del hogar.

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Infancia, juventud y pensiones

La pobreza infantil sigue siendo uno de los desafíos más urgentes: el 35,3% de los menores de 18 años vive en riesgo de pobreza o exclusión. Entre los jóvenes de 18 a 29 años la tasa asciende al 31%, casi diez puntos más que el año anterior. "Nuestras generaciones más jóvenes están empezando su vida en precariedad, sin oportunidades reales de emancipación ni acceso a la vivienda", subraya EAPN.

Pero las personas mayores tampoco escapan a la vulnerabilidad: los jubilados presentan una tasa de pobreza del 21,4% y una pobreza severa del 3,3%. A pesar de la estabilidad de las pensiones, las mínimas siguen por debajo del umbral de pobreza, lo que demuestra que la protección social no siempre garantiza una vida digna.

En ese sentido, el informe destaca el papel crucial de las transferencias públicas: sin prestaciones como pensiones, subsidios por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, la tasa de pobreza en Extremadura se dispararía hasta el 52,7%. "Las políticas de protección social funcionan, pero necesitan mayor cobertura, suficiencia y equidad", advierte EAPN, que reclama reforzar el sistema con una política fiscal justa y progresiva capaz de redistribuir la riqueza y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan.

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