CSIF y USO protestarán por la equiparación salarial de los empleados públicos de la Junta

Las protestas no cesan. Los sindicatos CSIF y USO han anunciado hoy, de forma independiente, distintas movilizaciones a las que están convocados cerca de 18.000 trabajadores extremeños para las próximas semanas con el mismo objetivo: reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos del ámbito de la Administración General de la Junta con los de otras administraciones autonómicas del país.

Para ello, el sindicato CSIF ha convocado una «gran concentración» el próximo 31 octubre en Mérida después de comprobar que el proyecto de presupuestos para 2026 de la Junta, cuya tramitación parlamentaria comenzó la semana pasada, «no contempla ninguna partida para cubrir esta demanda que lleva reclamando esta organización sindical desde hace mucho tiempo», también durante esta legislatura, y ante la falta de respuesta del Gobierno extremeño. «No podemos aguantar más, por lo que ante la falta de respuesta y de negociación no nos queda otro remedio que salir a protestar porque además se acumula a otra serie de reivindicaciones que la Junta no ha tomado en consideración hasta la fecha», ha señalado este martes el presidente del sector de CSIF de Administración General de la Junta, Juan José Samino.

Otras importantes demandas, ha añadido Samino, son la falta de convocatoria de los concursos de traslados, de ascenso y promoción interna antes de las oposiciones de las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, que se acumularán por la Administración a la actual oferta de 2021, que según la Junta serán convocadas antes de final de año. CSIF ha recordado además que hace unos meses registró más de 4.000 firmas exigiendo dichos concursos, incluidos los puestos de estructura de personal funcionario "que llevan más de 10 años sin convocarse".

28 jornadas de huelga desde el 14 de noviembre

Con los mismos argumentos el sindicato USO ha anuncido hoy la convocatoria de 28 jornadas de huelga a partir del próximo 14 de noviembre y hasta finales de 2026 ante el «olvido» en las cuentas autonómicas de 2026 de las partidas necesarias para lograr la equiparación salarial de la plantilla de la Junta.

Con estas movilizaciones se busca impulsar la negociación, según señaló el secretario general de USO en Extremadura, Luis Manuel Gil, quien ha dneunciado que los empleados públicos de la Junta reciben entre un 20% y un 40% menos de ingresos que otras instituciones, entre ellas la Diputación de Cáceres, lo que a su juicio supone una «discriminación» que sufren los empleados extremeños.

El representante sindical ha afirmado que esta medida se toma ante la falta de respuesta por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a las solicitudes de reunión de USO para que se lleve a cabo esta igualdad retributiva. Según el calendario de movilizaciones anunciado este martes, la huelga tendrá lugar en distintos horarios según los turnos de los trabajadores y serán los días 14 y 28 de noviembre, 5 y 26 de diciembre, 9 y 23 de enero de 2026, 13 y 27 de febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 20 de mayo, 12 y 26 de junio, 10 y 24 de julio, 14 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 6 y 20 de noviembre y 23 y 30 de diciembre de 2026. La huelga pasaría a ser indefinida a partir del 1 de enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo.

El sindicado ha señalado, además, que este miércoles se celebrará un acto de mediación en la Fundación de Relaciones Laborales, en el que USO espera que el resto de sindicatos “apoyen y se sumen a esta convocatoria”.

Respuesta de la Junta de Extremadura

Por su parte, tras el anució de las movilizaciones, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha subrayado que las cifras demuestran la apuesta de la Junta por los empleados públicos y "desmienten cualquier reclamación": desde 2023 se han invertido 203 millones más en incrementos salariales y los presupuestos para 2026 incluyen 179,5 millones más. Así se ha pronunciado este martes tras ser preguntada por los medios.

La consejera ha pedido a los sindicatos "que dejen de mirar" al gobierno regional, que desde el primer momento ha cumplido con su compromiso con los empleados públicos, así como "con el compromiso que tenían otros y que no cumplían", en alusión al anterior ejecutivo socialista, y que "miren al Estado que es el que no cumple con las actualizaciones salariales y la modificación de la Ley de Función Pública".

Tras subrayar que la homologación salarial propuesta se traduce en una subida salarial de en torno a 300 euros a los empleados públicos, ha defendido las mejoras ya aplicadas esta legislatura y las previstas el próximo ejercicio. Así, ha mencionado que desde 2023 los extremeños, que son los que con su dinero contribuyen al sostenimiento del gasto público, han afrontado "203 millones de euros" de subida salarial a los empleados públicos, que son "el principal activo de la administración", y que los presupuestos de 2026 consignan "179,5 millones más" en este ámbito.

"Desde que llegamos al Gobierno hemos pagado todas y cada una de las actualizaciones salariales y algunas que no eran nuestras, que venían del gobierno socialista, del año 2020", ha recordado la portavoz del Ejecutivo extremeño.