La disolución anticipada de la Asamblea de Extremadura deja un millar de iniciativas sin tramitar

Es una situación inédita en la política autonómica. La Asamblea de Extremadura ha cerrado la XI Legislatura con más de un millar de iniciativas parlamentarias pendientes de tramitación, entre ellas el incremento de las ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano, la comisión que iba a investigar la gestión de esos fuegos o la del regadío de Tierra de Barros.

El decreto ley del Ejecutivo del PP salió adelante en el último pleno con el apoyo del PSOE, pero la oposición forzó después su tramitación como proyecto de ley para incluir enmiendas y poder incrementar las cuantías ante las quejas del sector turístico y agrario por las cantidades establecidas por la Junta. A menos que el Ejecutivo establezca otras alternativas, por la vía parlamentaria ya no será posible debido a la disolución anticipada de la Cámara por la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre.

Cinco leyes inacabadas

Según un informe interno elaborado por el Departamento de Biblioteca, Archivo y Documentación de la Cámara autonómica, son un total de 1.121 las iniciativas que no han llegado a completarse debido a la disolución del Parlamento por la convocatoria electoral. El Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura (BOAE) las declaró caducadas el pasado 29 de octubre. Apenas cinco son iniciativas legislativas (tres proyectos de ley y dos propuestas de ley). El resto se reparte entre comparecencias, preguntas, peticiones de información y propuestas de impulso (a la Junta) o pronunciamiento (al Gobierno central) que quedaron sin debate o sin votación.

Las imágenes del último pleno de la Asamblea de Extremadura en la XI Legislatura

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Más allá del proyecto de ley de presupuestos de 2026 que impulsó la convocatoria electoral, entre las iniciativas que no llegaron a ver la luz destaca la tramitación como proyecto de ley de los decretos de ayudas extraordinarias a las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, y otro relativo a subvenciones urgentes al alumnado afectado por la falta de transporte escolar en el inicio del curso 2025/2026, que tampoco ya se podrán incrementar o modificar por la vía parlamentaria.

A estas tres normas del Ejecutivo se suman dos propuestas legislativas impulsadas por Unidas por Extremadura: una para la creación de la Oficina Extremeña contra el Fraude y la Corrupción, y otra que planteaba un impuesto sobre viviendas vacías de grandes tenedores. Ninguna de ellas superó la fase inicial de tramitación.

Control parlamentario

El grueso del trabajo pendiente corresponde al control parlamentario sobre el Ejecutivo. En concreto, el informe detalla 251 preguntas e interpelaciones (17 de ellas de carácter general), 53 solicitudes de comparecencia y 782 peticiones de documentación, la mayoría dirigidas a la Junta de Extremadura. Las cuestiones más frecuentes se centraron en sanidad, educación, incendios forestales, políticas sociales y financiación autonómica, con un peso notable de iniciativas registradas en los meses previos a la disolución de la Cámara.

El informe también recoge 36 propuestas de impulso y pronunciamiento presentadas por los distintos grupos. Los asuntos abordados van desde la prevención de incendios forestales y la reforma de la financiación autonómica hasta la igualdad de género, la transparencia institucional o la situación internacional en Palestina.

Comisiones de investigación

Entre los órganos de control, permanecen abiertas dos comisiones de investigación: una sobre los incendios forestales y otra relativa al proyecto de regadío de Tierra de Barros, un expediente que ha marcado buena parte del debate político en la legislatura y que acumulaba ya más de un año de trabajo con diversas comparecencias.

Asimismo, figuran solicitudes de comparecencia de representantes institucionales y sociales, desde consejeros y directores generales hasta responsables de entidades como la Universidad de Extremadura, la Coordinadora Extremeña de ONGD, el Consejo de la Juventud o la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

Actividad legislativa

La foto final de la XI Legislatura muestra una Asamblea con abundante producción de control político pero con una limitada capacidad legislativa efectiva, fruto de la caprichosa aritmética parlamentaria que salió de las urnas el 28 de mayo de 2023. Más allá de los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, la Junta de Extremadura solo ha impulsado la ley de reconocimiento a la universidad privada Uninde, que salió adelante en el pleno del pasado 9 de octubre con el respaldo de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura.

Pese a su minoría parlamentaria, el Ejecutivo del PP ha optado por los decretos legislativos, que se aprueban en Consejo de Gobierno pero necesitan después el refrendo de la Cámara para mantenerse en vigor. En los dos años de legislatura se han lanzado seis, de los que cuatro han salido adelante a merced de su tramitación posterior como leyes para que la oposición pudiera realizar enmiendas.

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Ha sido el caso de la reforma fiscal con las medidas que incluía el fallido presupuesto de 2025, pactada con Vox a cuenta de la ley de concordia; y los de ayudas a las explotaciones ovinas y de cereza por los daños causados por las lluvias, a los afectados por los incendios del pasado verano y a los afectados por la crisis del transporte escolar.

Por contra, la oposición tumbó un primer decreto de incentivos fiscales a la vivienda, cuyas medidas se incluyeron después en el que se pactó con Vox, y otro de simplificación urbanística para eliminar limitaciones y fomentar la construcción de vivienda.

En cuanto a las propuestas de ley (impulsadas por los grupos parlamentarios), se han debatido un total de 18, en su mayoría procedentes de Vox y Unidas por Extremadura. La única aprobada ha sido la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura, un texto rubricado por el PP y Vox que vio la luz definitiva en el pleno del pasado 9 de octubre, y que está pendiente del recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

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