El Congreso vota el cierre de la central de Almaraz con la vista puesta en Junts

La decisión del PP de recurrir a su mayoría absoluta en el Senado para incluir en la Ley de Movilidad Sostenible una enmienda que suprime la fecha de cierre de cuatro reactores nucleares, entre ellos los dos de Almaraz, vuelve a poner a prueba este jueves la solidez de la mayoría que sustenta el Gobierno. El Ejecutivo deberá contar con la colaboración de todos sus socios si quiere echarla atrás. Eso incluye, como poco, la abstención de Junts, que hace una semana escenificó en la Cámara Baja su ruptura con el Ejecutivo.

El Gobierno vetó otras dos enmiendas introducidas en el Senado. Sin embargo, en el caso de esta, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló el pasado martes que no se había bloqueado por no suponer ni un incremento del gasto ni una reducción de los ingresos presupuestarios, que es donde está el «límite» para poder hacerlo.

El presidente del Gobierno, en una entrevista este domingo en el diario ‘el País’, se mostró dispuesto a estudiar las propuestas de las eléctricas para ampliar la vida útil de las centrales si estas compañías «garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja». No obstante, es una posibilidad a la que se opone de manera frontal Sumar, socio minoritario del PSOE en el Gobierno.

El Congreso ya se posicionó en febrero, a través de una proposición no de ley, a favor de prorrogar las nucleares gracias al voto favorable del PP, Vox y UPN y la abstención de Esquerra Republicana y Junts. Los dos grupos catalanes se muestran reacios a prescindir del parque atómico aduciendo el impacto socioeconómico que tendría y por la dependencia que esta comunidad autónoma tiene de la producción de los tres reactores nucleares que alberga, de las que sale aproximadamente el 60% de su generación eléctrica.

Valoración del ministerio

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consideraron este miércoles que la enmienda sobre el cierre de las nucleares «no introduce cambios relevantes en el régimen por el que se deben regir las solicitudes de las autorizaciones de explotación de las centrales, sino en los actos administrativos de autorización».

Sin embargo, criticaron que con ella se «modifican de forma discrecional y unilateral las órdenes ministeriales en las que se establece el cese definitivo de explotación, sin que medie una solicitud de informe al CSN [Consejo de Seguridad Nuclear]», de forma que se priva a este organismo de pronunciarse sobre dicho cambio. «Es algo que en 2012 el PP sí consideró necesario para el caso de Garoña [central burgalesa en proceso de desmantelamiento]».

En cualquier caso, incidieron las citadas fuentes, el articulado que se busca aprobar «no supone automáticamente una prórroga para las instalaciones» y lo que intenta es «generar la falsa idea de que se ha conseguido revertir el carácter definitivo de cierre de las centrales al quitarlo de las órdenes ministeriales, pero no es así». «El derecho a solicitar una ampliación no lo crea una orden ministerial, sino la normativa vigente», apostillaron.

De hecho, razonaron, aunque en la orden ministerial se establezca aún una fecha de cese de actividad para Almaraz, «esto no ha supuesto ningún obstáculo para que las empresas titulares solicitaran una prórroga de acuerdo con la normativa vigente», algo que hicieron formalmente a finales de octubre sus tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). «Al eliminar el cese de explotación de la orden de Almaraz, la enmienda crea confusión e introduce inseguridad en los procedimientos que el propio CSN ha establecido de cara a la fecha de cese y que obligan a los titulares a enviar documentación con suficiente antelación», remacharon.