El sector extremeño teme un golpe a su futuro por la reforma de la ley antitabaco

Extremadura concentra ya casi el 100% de la producción nacional de hoja de tabaco y es la región más productora de la Unión Europea, con un cultivo de gran calidad que genera unos 2.000 puestos de trabajo directos en el entorno rural y aporta en torno a 126 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB). Por estos motivos, el sector tabaquero extremeño traslada su preocupación ante los efectos que pueda acarrear el anteproyecto de ley que modifica la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre.

La normativa, que será remitida al Congreso de los Diputados tras finalizar la fase de audiencia pública, amplía la lista de espacios exteriores en los que no se podrá fumar ni utilizar dispositivos electrónicos relacionados. Terrazas de bares, parques infantiles, instalaciones deportivas, estaciones de transporte, recintos culturales y universitarios, así como los alrededores de centros sanitarios y educativos, pasarán a formar parte de las zonas libres de humo.

Asimismo, el texto regula de forma expresa productos emergentes como cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina oral o dispositivos de tabaco calentado. Todos ellos quedarán equiparados al tabaco convencional y sujetos a las mismas restricciones de consumo y venta. Esta equiparación responde a la necesidad de frenar el aumento de consumo entre adolescentes y prevenir riesgos sanitarios. De hecho, se prohíbe el consumo para menores de edad, no solo de venta o entrega. Otra de las medidas destacadas es la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

El director de la Organización Interprofesional del Tabaco en España (OITAB), Fernando Vaquero, lamenta «la falta de diálogo del Gobierno con el sector productor» y advierte de que algunas medidas incluidas «podrían tener graves consecuencias económicas y sociales en las zonas rurales del norte de Cáceres, en las que el cultivo de tabaco es fundamental». En concreto, en la región se cultivan unas 6.000 hectáreas, sobre todo en la comarca norte de Cáceres (La Vera, Campo Arañuelo y Valle del Alagón), donde el tabaco representa un motor económico clave.

«Cuando se siembra tabaco, alrededor del tractor van hasta diez personas en el trasplante. En cambio, en otros cultivos como el cereal solo va el tractorista. Es un cultivo que genera mucha mano de obra y fija población en zonas rurales», sostiene. En este sentido, destaca la importancia del empleo femenino en el sector, al concentrarse muchas de las labores de transformación en manos de mujeres. «Siempre decimos que el secreto del tabaco extremeño es el empleo femenino. Gracias a estas fábricas, muchas mujeres jóvenes se quedan a trabajar en sus pueblos, forman familias y contribuyen a mantener escuelas y servicios. Sin ese empleo, los pueblos se vaciarían más rápido», alerta.

El representante de OITAB, entidad que representa a la cadena de producción y transformación del tabaco ante las administraciones, también critica que en la norma no se diferencien las nuevas modalidades y alternativas de consumo de tabaco, incluyendo a los cigarrillos de combustión y calentados dentro de la misma regulación. A su juicio, esto generará una pérdida de investigación e inversión, un deterioro en la calidad que pondrá en grave riesgo el futuro y la sostenibilidad del sector productor. En Extremadura, indica, se cultiva un producto «de alta calidad, con respeto medioambiental y laboral, transformado con biomasa y bajo los estándares europeos más exigentes». Teme que la ausencia de diferenciación acabe expulsando del mercado a los productores europeos: «Si se impone una norma que iguala a todos, desaparece el valor añadido de nuestro producto y solo quedará el más barato, ilegal o de peor calidad».

Etiquetado genérico

Aunque no está decidido, una de las mayores preocupaciones del sector es la posibilidad de implantar en España el etiquetado genérico de los productos del tabaco, una medida que ya se aplica en países como Francia o Australia y no ha dado los resultados esperados. «Cuando se aplicó en Francia, el consumo de tabaco bajó un 30%, pero el contrabando aumentó en la misma proporción. Lo que ocurre es que ese tabaco ya no se registra como venta legal, pero sigue consumiéndose a través del mercado negro», explica.

En esta línea, apunta que el empaquetado uniforme y sin distintivos facilita la falsificación, ya que los envases son más sencillos de copiar. Además, al elevar los impuestos y restringir la oferta legal, «se hace más atractivo falsificar y vender tabaco ilegal, que entra en el país sin controles sanitarios ni medioambientales». Vaquero resalta que desde el sector no se oponen a las medidas de salud pública ni a las restricciones al consumo de menores que contempla la norma, pero pide que las decisiones se tomen «con base en estudios de impacto y con diálogo entre ministerios».

A esta situación se suma la incertidumbre de la nueva Política Agraria Común (PAC), que introduce nuevas exigencias medioambientales y de sostenibilidad, con una «sobrerregulación asfixiante» que limita la capacidad productiva de los agricultores. «Para sembrar tenemos que cumplir medidas agroambientales muy estrictas, usar productos fitosanitarios concretos -algunos prohibidos solo en Europa- y eso nos resta competitividad frente a terceros países», lamenta. Por ello, teme que las nuevas restricciones, impuestos y exigencias europeas dejen al tabaco extremeño «en una situación muy delicada».

Pérdida del medio de vida

«El anteproyecto de ley, tal y como está planteado, pone en riesgo el futuro del sector. No reducirá el consumo y solo servirá para aumentar el contrabando y empobrecer al campo extremeño». Así lo asegura Carlos Martín, agricultor de La Vera y presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Asociaciones Agrupadas TAB. «Hemos pedido reuniones con el ministro y con el secretario, pero no nos recibe nadie, no escuchan al sector», lamenta.

En su opinión, la normativa que prepara el Ministerio de Sanidad, especialmente el empaquetado genérico, si al final se contempla, podría tener un impacto «devastador» en la economía agraria de la región. «El empaquetado genérico es un error, pues si todos los paquetes son iguales, el consumidor se irá al más barato, y eso abrirá la puerta al tabaco de peor calidad y al contrabando», explica el productor. «Prohibir el empaquetado o endurecer la ley no va a hacer que la gente deje de fumar, pero sí puede hacer que muchos extremeños pierdan su medio de vida», afirma.

Según apunta, en Francia, donde ya se aplica esta medida, el consumo «solo bajó un punto, mientras que el contrabando creció un 36%». Asimismo, advierte de que «una multinacional ya ha amenazado con irse de España si la ley sigue adelante», lo que supondría un duro golpe para la economía de las zonas tabaqueras extremeñas. En este sentido, denuncia que las grandes compañías tabaqueras no han renovado los contratos de compra plurianuales, lo que aumenta la incertidumbre de las cooperativas y de los puestos de trabajo ligados al cultivo y transformación del tabaco en la región.

Sobre cómo se ha desarrollado este año la campaña productiva, asegura que «no ha sido mala», aunque persisten problemas estructurales como la falta de mano de obra o la prohibición del 1,3-dicloropropeno, un producto utilizado para desinfectar los suelos. Por otra parte, el agricultor también teme las consecuencias de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), al indicar que esta podrían contemplar un recorte de las ayudas actuales desde 1.260 euros por hectárea hasta apenas 240. «Eso sería el fin del cultivo. Esperamos que entre el sentido común, porque el tabaco genera muchísimo empleo y riqueza en el medio rural», advierte.

El eje vertebrador del territorio

Rubén Martín es agricultor y gerente de la Sociedad Cooperativa Tabaquera Comunitaria (Cotabaco), una organización pionera y referente en la producción y comercialización de tabaco en España. Con sede en Talayuela (Cáceres), esta representa a más de 180 productores que cultivan por encima de las 1.300 hectáreas, aportando un 20% de la producción de tabaco crudo del país, mayoritariamente de la variedad Virginia. Asimismo, este colectivo genera más de 750 empleos.

Martín traslada la preocupación del sector por el anteproyecto, pues aunque la norma se centra en la salud pública, alerta de consecuencias indirectas sobre la producción agraria. «Si se reduce el consumo, las multinacionales tabacaleras comprarán menos tabaco, y eso repercutirá directamente en nosotros», apunta. En este sentido, añade que si Europa deja de producir, el consumo seguirá, pero lo hará «con tabaco procedente de países donde no hay controles laborales, medioambientales ni fitosanitarios».

El representante de los tabaqueros denuncia a su vez que el sector no ha sido consultado durante la elaboración de la nueva normativa: «Legislan de espaldas a nosotros, a los agricultores, a los hosteleros y a los estanqueros. Nadie nos ha pedido opinión. Se aprueban leyes sin un estudio de impacto económico o social». A su juicio, las restricciones excesivas pueden resultar contraproducentes. «Prohibir no siempre reduce el hábito, solo cambia el origen del producto y fomenta el contrabando», asegura.

Con una edad media de 51 años y una presencia femenina del 37%, los agricultores de Cotabaco trabajan explotaciones de unas ocho hectáreas de media. «Sin el tabaco, muchos municipios como Talayuela, Rosalejo o Losar de la Vera no serían sostenibles. Somos el eje vertebrador del territorio y ayudamos a fijar población en el medio rural», apostilla Martín.

En esta línea, indica que otros problemas del sector son la falta de mano de obra, las restricciones fitosanitarias y la burocracia creciente. En este punto, pone el foco en las consecuencias que pueda tener la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), ya que podrían reducir hasta un 90% las ayudas específicas al cultivo de tabaco. «Si las modificaciones salen adelante tal como se han planteado, al tabaco se le da un tijeretazo tremendo. Sería un golpe letal, porque hablamos de una reducción drástica del importe por hectárea», avisa.

Hasta ahora, los agricultores tabaqueros recibían una ayuda acoplada dentro de la PAC que permitía mantener la rentabilidad de explotaciones pequeñas y medianas, pero las propuestas comunitarias apuntan a limitar o eliminarlas, por la necesidad de priorizar cultivos «más sostenibles» o con menor impacto en la salud pública. «Si se reduce el apoyo europeo y además cae la demanda, muchos agricultores tendrán que abandonar, y eso significaría perder empleo, economía y población en zonas que ya están al límite», asegura.

Al margen de estas preocupaciones, el sector ha cerrado una de las mejores campañas tabaqueras de los últimos años. Y es que, a pesar de las limitaciones impuestas por la prohibición de ciertos productos fitosanitarios, la producción regional superará los 20 millones de kilos en unas 6.500 hectáreas. «A pesar de tener pocas armas, los productores han hecho muy bien los deberes. Han logrado una cosecha récord y de excelente calidad», afirma.

En concreto, el precio del kilo de tabaco Virginia ronda este año los 4,30 euros, el Burley se paga a 3,20 euros, el CDL a 3,65 euros y el tabaco negro curado con humo, de producción testimonial, alcanza hasta 12 euros por kilo. «Hace cuatro años nos quejábamos con razón de los precios. Hoy ese no es el problema», reconoce.