El campo extremeño pide a los partidos que luchen para impedir la nueva PAC

El campo extremeño alza la voz ante la cita electoral del 21 de diciembre, reclamando a los partidos que concurren a las elecciones extremeñas compromisos firmes y medidas concretas que ayuden a mejorar la situación de los agricultores y ganaderos. Una de las principales peticiones del sector es que los candidatos muestren su rechazo frontal a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), al considerar que esta no puede salir adelante tal y como está planteada por perjudicar a sus intereses. Por ello, las organizaciones agrarias y ganaderas coinciden en solicitar a los políticos un posicionamiento claro ante Bruselas.

En este sentido, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, afirma que «no se puede hacer una reforma de la PAC para incluirla en un fondo común, porque entonces perdería toda su esencia y la importancia de lo que es la política agraria comunitaria». «Si quienes negocian el reparto van a ser los ministros de Economía de los distintos países, el campo quedará desprotegido», alerta. Por este motivo, insta al futuro Gobierno regional a rechazar la nueva propuesta y a «situarse del lado de la gente del campo».

El dirigente agrario sostiene que el Ejecutivo de María Guardiola ya ha mostrado de manera clara su negativa al planteamiento de la Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, y de ahí que exija que quien gobierne en la región a partir del día próximo 21 de diciembre ratifique ese compromiso. Insiste en que la PAC «debe seguir siendo una política agraria, no económica», además de advertir que los cambios previstos podrían suponer una pérdida de fondos y de autonomía para los agricultores y ganaderos extremeños.

Protestas

En esta línea se expresa el secretario técnico de la Unión Extremadura, Luis Cortés, quien asegura que la reformulación de la PAC «no sirve absolutamente para nada», por lo que también pide que se devuelva al órgano ejecutivo de la Unión Europea para que este presente una versión «más acorde con los problemas del campo europeo». Recuerda que ya en el año 2024 salieron a la calle para protestar por la situación del sector agrario, por lo que no descartan volver a hacerlo si no se modifica la normativa.

«Los políticos extremeños tienen que actuar y no echar la culpa a Bruselas», critica. En este punto, acusa a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, de «culpar a la Comisión Europea como si no fuera del mismo Partido Popular», y le insta a trasladar el malestar directamente a sus representantes en el Parlamento Europeo. «Si dicen que no sirve para nada esta reforma, pues lo único que tienen que hacer es venir aquí a Bruselas y decírselo a ellos a sus políticos, trasladar el malestar», apostilla.

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, también resalta que existe una posición «unificada» de rechazo a la nueva PAC por parte de las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones profesionales agraria. «Esa unidad hay que mantenerla hasta conseguir una PAC suficientemente fuerte», señala.

El representante agrario explica que el sector está inmerso en un momento clave, ya que la revisión del Marco Financiero Plurianual de la UE condicionará los recursos disponibles entre 2027 y 2034. Resalta que, aunque existen sectores que no perciben ayudas, «la mayoría de los agricultores y ganaderos las necesitan para poder seguir produciendo», ya que las normativas europeas les obligan a cumplir «condiciones muy exigentes» en materia medioambiental, de sostenibilidad y bienestar animal.

Otras peticiones

Más allá de lo relativo a la PAC, Metidieri reclama que el próximo Gobierno autonómico «no dude» al defender los intereses de los productores frente a Bruselas. «Si se está en contra de la ley de restauración de la naturaleza o de la Agenda 2030, hay que decirlo claramente», sostiene. Otras de las demandas al nuevo Ejecutivo será que acelere los decretos comprometidos, en especial el de los incendios forestales, además de resolver los pagos pendientes por las reclamaciones de la lengua azul.

Desde La Unión, Cortés denuncia la ausencia de una «auténtica política agraria» en Extremadura. Señala que, tanto el anterior gobierno del PSOE como el actual del PP, se han limitado a «gestionar y repartir las ayudas» sin diseñar una estrategia que determine «dónde se genera más empleo, más recursos y más valor añadido en el campo extremeño». «Tenemos 800 millones del Estado este año, pero no se está haciendo política con ellos», lamenta.

Huertas demanda que las políticas públicas se orienten a priorizar las explotaciones familiares y profesionales, ya que estas son las que «mantienen viva la población en los pueblos y generan beneficios al conjunto de la sociedad». Por último, cabe destacar que las tres organizaciones ponen el foco en la escasez de mano de obra y relevo generacional, dos problemáticas del campo extremeño a las que se debe hacer frente para garantizar la continuidad de un sector económico clave en la economía de Extremadura.

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