El Defensor del Pueblo interviene ante la falta de transparencia en los vertidos en Almendralejo

El Defensor del Pueblo ha dado un paso decisivo ante la falta de transparencia detectada en la gestión de los vertidos contaminantes en Almendralejo. Su intervención se produce tras la queja presentada el 23 de abril de 2023 por la Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo, que motivó la apertura de un expediente aún en curso. Según ha informado la propia plataforma, después de la nueva documentación remitida en octubre de este año, la institución estatal ha enviado una comunicación cuyo contenido «no deja lugar a dudas» sobre la opacidad existente en torno a este problema ambiental.

Desde hace décadas, los arroyos Picadas y Harnina son escenario de episodios de contaminación, infracciones, sanciones y requerimientos que han puesto en alerta tanto a colectivos ecologistas como a vecinos. Sin embargo, la Plataforma subraya que, más allá del deterioro ambiental, lo verdaderamente preocupante ahora es «el estado de nuestras instituciones». La asociación sostiene que lo revelado por el Defensor del Pueblo no se limita a un retraso administrativo, sino que evidencia «una cultura del silencio» y una «negligencia informativa» que vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

La crítica más contundente se dirige hacia la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), el organismo responsable de vigilar y sancionar vertidos. Según denuncia la plataforma, la CHG ha evitado entregar resoluciones, requerimientos e informes de inspección esenciales para determinar si el Ayuntamiento de Almendralejo ha cumplido con sus obligaciones legales. Se trata, afirman, de documentos claves para saber si se han producido vertidos en tiempo seco, una de las infracciones más graves dentro del sistema de saneamiento.

La plataforma cuestiona abiertamente por qué un organismo público ocultaría información que debería ser de dominio público o se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes omitiendo los elementos más sensibles. «La respuesta es evidente: la transparencia no es una prioridad», lamenta la Plataforma, que advierte de que cuando la información se convierte en un obstáculo, «el ciudadano pasa a ser víctima».

Las críticas alcanzan también al Ayuntamiento de Almendralejo, responsable último del control de la EDARU y de los vertidos industriales. La Plataforma denuncia que el consistorio no ha ofrecido explicaciones públicas, ni ha informado sobre causas, medidas adoptadas o grado de cumplimiento de sus obligaciones. «No ha hablado. No ha aclarado. No ha rendido cuentas», resume el comunicado.

La organización ecologista subraya que, en un municipio con episodios contaminantes recurrentes, la falta de transparencia supone una forma de desprotección ciudadana y «una agresión al derecho colectivo a un entorno saludable». Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha reclamado explicaciones, documentación, inspecciones reales y garantías de transparencia. Para la plataforma, su intervención demuestra que «una institución responsable sí sabe actuar».