La Junta teme que el criterio de reparto del impuesto a la banca “siente un precedente” para otros tributos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha expresado este jueves su respeto por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno regional por el reparto de la recaudación del impuesto a la banca, pero ha incidido en que, a juicio del Ejecutivo, con él se vulneran los principios de igualdad y de justicia.

Ni justo ni igualitario

La Junta había impugnado el uso del criterio del PIB de cada comunidad autónoma a la hora de distribuir la recaudación obtenida por este gravamen (denominado impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras), por perjudicar a las regiones que, como la extremeña, tienen menor capacidad económica. “Máximo respeto por la sentencia de TC”,  y por “todas y cada una de las resoluciones judiciales”, ha asegurado Manzano, para puntualizar a continuación que “desde el punto de vista de valores tan importantes como la justicia y la igualdad entendemos que no es adecuado incorporar ese reparto en atención al PIB regional” de cada territorio.

Es algo que no “se ha realizado jamás en ninguna figura impositiva”, ha remarcado la consejera, quien ha dicho no entender la valoración que hace el propio tribunal en su sentencia, arguyendo que, al no estar esta exacción dentro del sistema de financiación autonómica “no rigen los principios” de este, cuando "la igualdad" y "la justicia son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico”. “No imagino que una subvención se repartiese en atención a aquellos que tienen mayor nivel de renta”, primando así “a los que tienen mayores ingresos”, ha razonado a modo de ejemplo.

En su opinión, el empleado en este caso es un mecanismo “inédito que jamás había sido utilizado”, “que no tiene ningún tipo de conexión, con lo que es el propio impuesto” que se cobra a los bancos. “Que vayamos a recibir aproximadamente 30 millones al año y otros territorios como Cataluña o Madrid más de 300 no nos parece justo y adecuado”, ha remarcado la responsable de la Hacienda extremeña.  

Posible precedente

“Nos preocupa que siente un precedente para futuras cesiones de otros impuestos, que pueda ser utilizado por el Gobierno del señor Sánchez para incorporar esta cesión a otras figuras impositivas y haga que territorios que tienen un elevado nivel de renta y de riqueza perciban más que otros que tienen menos nivel de ellos”, ha esgrimido. Algo que ha considerado que debería ser “impensable” en un modelo constitucional que “busca el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la corrección de desequilibrios interterritoriales  y la redistribución de la renta y la riqueza”.