Humedades, colchones rotos y falta de personal: la residencia de mayores en Villalba de los Barros que investiga la Junta

Fuentes cercanas a la Residencia de Mayores y Centro de Día 'Amalia Marroquín Real', situada en Villalba de los Barros (Badajoz), denuncian la falta de mantenimiento y deterioro de estas instalaciones, de titularidad y gestión municipal, así como la "sobrecarga laboral" a la que se enfrentan las trabajadoras, que han sido "coaccionadas" y sancionadas por el Ayuntamiento de la localidad pacense. El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha confirmado a El Periódico Extremadura que el centro fue sancionado en febrero por incumplir la normativa vigente.

La Administración autonómica indica que la residencia está actualmente en seguimiento por parte del equipo de inspección y recuerda que, como en el resto de municipios, su financiación procede de los Programas de Colaboración Municipal. En caso de no adaptarse a la normativa, "se estudiarán las posibilidades de continuidad o no de la misma".

El Sepad añade que, aunque no gestiona directamente el funcionamiento del centro, cada vez que este ha solicitado apoyo "se le ha brindado", manteniendo su "compromiso de colaboración dentro de las competencias que le corresponden". Asimismo, señala que, "sin menoscabo de las cuestiones materiales que debe abordar el centro en sus mejoras, la atención a los usuarios es adecuada, salvaguardando su salud y seguridad".

Colchones rotos y orinados

Las fuentes consultadas, que prefieren mantener el anonimato, aseguran que los problemas de mantenimiento se arrastran desde hace años y afectan a elementos básicos como la pintura, las puertas, los suelos de los baños o las humedades. "En las habitaciones ni siquiera hay aire acondicionado; los sillones de los mayores son los mismos que se compraron hace más de 15 años y están rotos, hundidos y orinados; las camas están rotas y los colchones hundidos o también rotos; la lencería está agujereada…", denuncian.

Por su parte, el alcalde, Ángel Luis Becerra, achaca el deterioro a la falta de fondos, puesto que se trata de una localidad pequeña con un presupuesto finito —unos millón quinientos mil euros anuales— y que, a pesar de la subvención del Sepad, no es posible cubrirlo todo: "No hay dinero para invertir ahí y el Ayuntamiento también tiene otras necesidades".

"La única solución es que la Junta se hiciera cargo"

Agrega que el edificio y los terrenos están cedidos al consistorio por el Obispado, pero que, cuando se produzca el vencimiento —que será próximamente—, deberán pagar un alquiler. Según Becerra, trató de externalizar el servicio a través de empresas privadas, pero todas exigían que el Ayuntamiento asumiera la inversión inicial para adecuar el edificio.

"Fue entonces cuando nos reunimos con el Sepad y les planteamos que, si no había manera de mantenerla, tendríamos que considerar el cierre. Por ahora no hemos llegado a ningún acuerdo privado y estamos atados de pies y manos para invertir en un edificio que no es nuestro y que puede que en un año o año y medio dejemos de tener. Es un servicio que antes prestaba la Junta y para el que el Ayuntamiento no estaba preparado", defiende.

"Coacciones" a las trabajadoras

Según la información aportada, el centro cuenta con 20 plazas residenciales y 20 de centro de día. Además, desde allí se gestiona el servicio municipal de comida a domicilio para más de 20 usuarios, atendido también por el mismo personal. Las fuentes afirman que cuando una de las cuidadoras sale a repartir la comida, otra queda sola para atender a 35 usuarios dependientes.

En una carta remitida a este diario, fechada el 16 de octubre, las trabajadoras explican que se negaron a realizar ese reparto porque se trata de una tarea que se les "impone ante la ausencia de personal específicamente designado". Añaden que, ante las "coacciones y amenazas por parte del Ayuntamiento", se han visto obligadas a retomarlo "de manera provisional".

También señalan que la interrupción del servicio se produjo tras la baja laboral de la empleada encargada del reparto, una situación que "imposibilita su continuidad dada la excesiva carga de trabajo". En el escrito subrayan que su categoría profesional es la de cuidadoras/limpiadoras, lo que —aseguran— supone "un incumplimiento de las condiciones laborales establecidas".

"Las trabajadoras dejaron de querer hacerlo"

El alcalde sostiene que en la anterior legislatura cuando la trabajadora encargada libraba, el servicio lo realizaban las otras trabajadoras y que al entrar el nuevo gobierno "las trabajadoras dejaron de querer hacerlo". En ese momento, el Ayuntamiento remitió un expediente a Diputación y les dio la razón, con lo que, indica, nueve trabajadoras cumplen ahora una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo. El alcalde considera que tuvo un "tinte político" porque familiares del anterior alcalde trabajan en la residencia.

En cuanto a la residencia, insiste en que han solicitado ayuda al Sepad en varias ocasiones y que necesitan apoyo financiero externo: "La única solución que veo más factible es que la Junta, que es una administración más grande, se hiciera cargo. O que nos ayudaran a hacer la inversión para adecuarlo y corregir un mantenimiento que lleva años sin hacerse".