21: elecciones en Extremadura
Los sindicatos piden para Extremadura empleo de calidad, vivienda asequible y servicios públicos
UGT, CCOO y CSIF coinciden en solicitar al futuro Ejecutivo autonómico políticas a largo plazo y un compromiso firme con el diálogo social

Manifestación por el día del trabajador, el pasado año, en Mérida. / JAVIER CINTAS
Empleo de calidad, vivienda asequible, refuerzo de los servicios públicos, infraestructuras y un modelo industrial competente. Estas son algunas de las principales reivindicaciones que trasladan a los partidos los principales sindicatos de Extremadura (UGT, CCOO y CSIF), de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Asimismo, los tres coinciden en pedir al futuro Ejecutivo autonómico estabilidad, políticas a largo plazo y un compromiso firme con el diálogo social, pues lo consideran clave para afrontar los retos económicos, laborales y demográficos de la comunidad.
La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, pone el foco en el empleo «estable y de calidad», alertando de que la región continúa sin converger con la media nacional, ya que los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa muestran un crecimiento interanual «solo del 1,56%, frente al 2,58% nacional». En este sentido, el sindicato reclama modernizar el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) para transformarlo en un servicio eficaz de intermediación, así como reforzar las políticas activas de empleo con atención especial a las mujeres, mayores de 50 años y parados de larga duración.
En materia sanitaria, Sánchez solicita un pacto social por la sanidad pública «que implique a todas las fuerzas políticas», al denunciar la saturación de la Atención Primaria, pues hay que esperar «hasta 15 días para conseguir una cita», así como el avance de la privatización sanitaria. «Los hospitales privados ya realizan casi el 20% de las operaciones en la región», afirma. En cuanto a la vivienda, plantea la recuperación del impuesto a los grandes tenedores (derogado en la presente legislatura), frenar los alquileres abusivos y ampliar un parque público que «hoy apenas representa el 8% del total».
Por otra parte, Sánchez pide una política industrial de largo plazo que permita transformar el modelo productivo de Extremadura, incrementando el peso manufacturero en la economía regional, que actualmente aportar un 6,6% al Producto Interior Bruto (PIB) extremeño. Asimismo, el sindicato también defenderá la recuperación de la Ley de Memoria Democrática, tras la reciente aprobación de la Ley de Concordia acordada por PP y Vox, y reivindicará políticas contra la despoblación, la pobreza y la exclusión social.
Desde CCOO Extremadura, su secretaria general, María Berrocal, explica que han elaborado un documento con más de un centenar de propuestas agrupadas en nueve ejes, que se está dando a conocer a los partidos. Entre las principales, cabe destacar la firma de un pacto por la industria y en infraestructuras. Para el empleo, propone la creación de un observatorio de trabajo «decente» y de un instituto regional de seguridad y salud en el trabajo, que ayuden a luchar contra la precariedad y a prevenir los accidentes laborales. Al igual que UGT, plantea un pacto por la sanidad y prestar especial atención a los cuidados que requieren las personas con discapacidad.
Otra de las exigencias es la aplicación íntegra de la Ley de Vivienda, poniendo el foco en la regulación de alquileres en zonas tensionadas y la necesidad de un parque público de alquiler asequible. «Hay que garantizar el acceso a una vivienda digna», sostiene. Además, CCOO incorpora medidas para avanzar en igualdad y conciliación, como un pacto horario o la gratuidad del primer ciclo de infantil (0-3 años). En infraestructuras, vuelve a insistir en la necesidad de mejorar el tren y recuperar la Vía de la Plata. La organización también reclama recuperar la Ley de Memoria Democrática.
Funcionarios
Para el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, es fundamental acometer reformas estructurales en el ámbito del empleo público. Para ello, su propuesta más destacada es la creación de una consejería exclusiva de empleados públicos, argumentando que este colectivo supone cerca del 23% de la población activa de la región. También reclama un proceso de homologación retributiva con la media nacional en Sanidad, Educación y Administración General, así como ofertas de empleo público «reales y sin tasa de reposición» para garantizar plantillas suficientes en servicios esenciales. «Nuestros empleados públicos no deben seguir estando en el vagón de cola retributivamente hablando», denuncia.
En el plano económico, apuesta por planes de empleo «útiles», un modelo de industrialización «claro», la apertura de nuevos mercados y la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Román considera a su vez urgente acometer una inversión decidida en la rehabilitación de edificios sanitarios y en la modernización de infraestructuras estratégicas: red ferroviaria, carreteras, aeropuertos y accesos a poblaciones. Entre otras cuestiones, demanda una financiación adecuada para la Universidad de Extremadura y, por último, pide una reforma de la Ley de Participación Institucional para que la representatividad de su sindicato se vea reflejada.
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