Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un paquete de medidas urgentes en materia de empleo que incluye la prórroga de la vigencia del salario mínimo interprofesional (SMI) fijado actualmente en 1.184 euros mensuales brutos en catorce pagas, hasta que se apruebe el real decreto que determine la cuantía correspondiente a 2026.

Un 14,4% de las personas trabajadoras en España dependen de este salario, porcentaje que se dispara al 20% en Extremadura. Esto quiere decir que la cuantía del SMI y sus variaciones repercute en dos de cada diez trabajadores, unos 72.000, de modo que la región se sitúa a la cabeza del país, seguida de Canarias (18%), Murcia (16%) y Castilla-La Mancha (15%). En el cómputo general del país, un 65% de las personas que lo perciben son mujeres, y casi el 26% son jóvenes entre 16 y 25 años.

El texto publicado en el BOE señala que el SMI se mantendrá vigente “hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026”. Según ha recordado la Dirección General de Trabajo, la fijación del salario mínimo no decae automáticamente por el transcurso del periodo de vigencia del real decreto anual, aunque el Gobierno ha considerado que la seguridad jurídica “aconseja despejar cualquier duda interpretativa”.

Prórroga para garantizar la continuidad

El real decreto que fijó el SMI para 2025 establecía como periodo de vigencia el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Por este motivo, y con el objetivo de garantizar tanto la seguridad jurídica como la continuidad de la función del salario mínimo, el Ejecutivo ha estimado necesario mantenerlo de forma transitoria a partir del próximo 1 de enero.

De este modo, el BOE ha recogido expresamente que “hasta que se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero”.

Negociación con efectos retroactivos

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que volverá a reunir a los agentes sociales tras la Navidad para continuar negociando la subida del SMI correspondiente a 2026, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, como ya ocurrió con el incremento aprobado este año.

Así, el salario mínimo comenzará 2026 con la misma cuantía que en 2025, 1.184 euros mensuales por catorce pagas, y se ajustará posteriormente al alza una vez que se alcance un acuerdo, con efectos retroactivos desde el inicio del año.

Propuestas sobre la mesa

Trabajo ha mantenido recientemente una primera toma de contacto con sindicatos y patronales, en la que ha presentado el informe del Comité de Expertos sobre el SMI. En dicho documento se han planteado dos posibles incrementos: una subida del 3,1% si el salario mínimo no tributa y del 4,7% si finalmente lo hace.

Esto se traduce en incrementar el SMI para el año próximo en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

Estas son las que los expertos recomiendan efectuar para que el SMI represente al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

Posturas enfrentadas

Desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido que el salario mínimo debe aumentar para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, un colectivo que afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes. En cuanto a la tributación, ha subrayado que lo relevante es que el salario neto aumente para cumplir la Carta Social Europea, que establece que el SMI no debe ser inferior al 60% del salario medio nacional neto.