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Profesor de Derecho Constitucional en la Uex

Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: "Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola"

La propuesta de reforma del Gobierno introduce cambios de calado tras casi dos décadas de espera, pero el vicedecano de la Facultad de Derecho advierte que no resuelve los problemas estructurales del sistema y deja en segundo plano factores clave como dispersión y superficie

Gabriel Moreno, experto de la Universidad de Extremadura, analiza las claves del nuevo sistema de financiación autonómica para Extremadura.

Gabriel Moreno, experto de la Universidad de Extremadura, analiza las claves del nuevo sistema de financiación autonómica para Extremadura. / Jorge Valiente

Mérida

¿Qué pierde y qué gana Extremadura con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez?

Lo que sabemos es lo que el propio Gobierno ha querido desvelar y de momento, lo que sí es verdad es que es la primera vez que se plantea de manera seria una reforma integral del sistema desde que tocaba en 2009. Extremadura gana en el aumento relativo del Fondo de Solidaridad Interterritorial, que viene establecido en la Constitución para apoyar inversiones que ayuden a converger. En los últimos años ha estado muy mal dotado y ese aumento de dinero es bienvenido, pero esto es casi anecdótico. La tarta grande es el conjunto del sistema y en el replanteamiento del reparto no se da tanta importancia a la superficie ni a la dispersión, que son dos elementos que en Extremadura pesan con cierta relevancia.

¿Cómo es posible que Extremadura sea, junto a Cantabria, la única que se queda fuera de esa inyección adicional de 20.000 millones?

Cuando el sistema pasa de que las comunidades autónomas se lleven la recaudación del 50% del IVA y del IRPF a que se lleven el 56,5%, que es lo que está ahora mismo planteando el Gobierno, las que tienen menos capacidad y dinamismo económico se ven perjudicadas: no van a recaudar tanto dinero y, sobre todo, el centro, que es el Estado, tampoco va a tener la misma capacidad de nivelación para corregir las desigualdades.

Otra cosa es que luego se articulen compensaciones: Extremadura y Cantabria quedaban por debajo de la media de financiación per cápita y para corregir han aumentado el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero ahí hay que tener en cuenta que este fondo solo sirve para financiar inversiones, no sirve para financiar de manera ordinaria el coste de los servicios como la sanidad o la educación. La Junta de Extremadura ha hecho mucho hincapié en esto y tiene razón: el Gobierno no puede vender como una mejora en la financiación autonómica el aumento del Fondo de Compensación Interterritorial. Si tenemos un problema en financiación de base para cubrir los servicios esenciales, tiene que arreglarse en el sistema en su conjunto.

"Defender la ordinalidad es como decir que quienes pagan más IRPF tienen derecho a una mejor sanidad"

Gabriel Moreno

— Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Uex

¿Qué propone para una reforma más equitativa del sistema?

Creo que algunos parámetros objetivos y algunos criterios de ponderación se tendrían que rediseñar para que no se vieran perjudicadas comunidades con las particularidades y singularidades que tiene Extremadura: una población envejecida, eminentemente rural y con núcleos urbanos muy alejados entre sí. En la propuesta del Gobierno la superficie solo supone un 1,6% del conjunto de la nivelación y la dispersión de la población apenas un 0,5%. Yo aumentaría superficie y dispersión y en esta última habría que mejorar la definición: el problema no es tanto el número efectivo de entidades locales habitadas sino la distancia entre ellas, lo que implica costes mucho mayores que en comunidades donde la población está más concentrada. Por otra parte, sí considero que ha habido una mejora sustantiva al aumentar hasta 20 el número de tramos de edad en la población ajustada, aunque quizás habría que darle un mayor peso a los criterios de ponderación a partir de 65 años, ya que este grupo es el que de verdad supone un plus en el coste de los servicios.

Gabriel Moreno, en la Facultad de Derecho de la Uex.

Gabriel Moreno, en la Facultad de Derecho de la Uex. / Jorge Valiente

¿Cree que en la reforma del sistema se debería abordar el pago de la deuda histórica a Extremadura?

Extremadura históricamente ha tenido una situación de mayor dependencia económica por circunstancias históricas y también políticas. Porque no es que aquí seamos más torpes, ha habido un condicionamiento político histórico para evitar que esta tierra se desarrollara exactamente igual o en condiciones equivalentes a otras comunidades. Y eso tiene que solventarse, le llamemos deuda histórica, no le llamemos deuda histórica. Desde luego, hay instrumentos para ello: la propia solidaridad del conjunto del sistema de financiación y el Fondo de Compensación Interterritorial. Lo que pasa es que el aumento tendría que ser mucho mayor que esos 200 o 300 millones de euros para salir del furgón de cola.

En los indicadores de financiación por habitante, Extremadura suele situarse por encima de la media. ¿Puede considerarse una comunidad suprafinanciada?

Necesitamos un esfuerzo financiero un poco mayor para precisamente cubrir esa serie de necesidades y particularidades. Lo que pasa es que el debate siempre se aborda de manera errónea porque esto no es una competición por ver qué comunidades salen mejor financiadas, sino realmente ver si se están cubriendo de manera efectiva y suficiente los servicios públicos en el territorio. Y ahí es donde creo que se falla por completo con la defensa que se ha hecho del principio de ordinalidad, un sin sentido que no debería defenderse, y menos desde postulados progresistas.

¿Cree que se está haciendo?

El principio de ordinalidad lo que vendría es a establecer que las comunidades autónomas, después de haber aportado al conjunto del sistema, tienen que mantenerse en el ránking en la misma posición que al principio. Pero esto pone el foco en las comunidades, no en la cobertura suficiente de los servicios públicos en todo el territorio. Esto es como si a una persona que paga más IRPF le decimos que tiene derecho a una mejor sanidad. Y entonces, cuando vaya al hospital, como paga más IRPF porque tiene un salario mayor, le damos una habitación más grande. No. Aquellas comunidades con mayor renta tienen que ser conscientes de que el soporte de la solidaridad y la redistribución tiene que ser mayor para cubrir, repito, el conjunto de servicios que se prestan en el territorio español.

"La clave no debe ser defender a Extremadura, sino una financiación justa que garantice mejores servicios para todos"

Gabriel Moreno

— Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Uex

¿La propuesta del Gobierno avanza hacia la ordinalidad?

Eso es lo que manifestó Oriol Junqueras el día antes de que se presentara, pero desde luego, leyendo la información oficial de lo que de momento se ha publicado, no aparece por ningún lado. Y parece que también se descarta por completo un modelo de financiación singular o concierto económico con Cataluña. Hay que esperar a la propuesta definitiva que lleven al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en cualquier caso yo aventuro que va a ser difícil su aprobación en el Congreso.

¿Ha contribuido Extremadura al ‘dumping’ fiscal bajando impuestos?

En torno al dumping fiscal hay bastante información falsa porque la contribución de las comunidades no se hace en función de lo que recaudan, sino en función de lo que tendrían que haber recaudado antes de sus rebajas de impuestos y bonificaciones. Por tanto, no afecta que una comunidad autónoma baje sus impuestos a su aportación al conjunto del sistema. Y en cualquier caso, Extremadura tiene muy poca capacidad de realizar políticas de dumping, porque sus números tienen poca capacidad de impactar en el resto del sistema.

¿Qué deberían hacer ahora los partidos en Extremadura?

De momento, yo creo que hay que ser cautos hasta que sepamos cuál es la propuesta definitiva. Pero entiendo que hay que defender los intereses, no tanto de Extremadura, sino de todos los ciudadanos por encima de cualquier interés sectorial o partido. Es una pena que la comisión de estudio sobre financiación autonómica de la Asamblea cerrara sin acuerdo porque estamos en un momento además nacional, internacional, donde los pactos de Estado y esa voluntad y cultura del acuerdo tendrían que intentar cultivarse lo máximo posible. Y sobre todo entre los grandes partidos que han venido pilotando el sistema político desde la Transición.

Una dilatada trayectoria

Gabriel Moreno González (Valencia de Alcántara, 1991) es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (Uex) y vicedecano de su Facultad de Derecho. Doctor cum laude en Derecho por la Universitat de València con Mención Internacional, Premio Extraordinario de Bachillerato, Graduado en Derecho por la Uex con Premio al Mejor Expediente Académico, Premio Nacional a la Excelencia Académica, Máster Universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2015), la Universidad de Sussex, Inglaterra (2016), el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg, Alemania (2017), la Universidade Federal de Recife, Brasil (2018) y la Universidade de Coimbra (2021).

Tiene diversos estudios publicados en revistas científicas y obras colectivas sobre el sistema político portugués, municipalismo, la estabilidad presupuestaria y la dimensión constitucional de las instituciones de gobernanza económica de la Unión Europea, materias sobre la que ha impartido diferentes conferencias en universidades europeas y americanas. Asimismo, es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España. Actualmente es el investigador principal del proyecto regional 'La necesaria reforma del modelo territorial y de las administraciones públicas ante el reto demográfico en Extremadura'. Desde febrero de 2024 es el Presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres.

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