El Gobierno da el primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática va a iniciar negociaciones con la Junta de Extremadura por las discrepancias respecto a la Ley de Concordia, el texto que el PP y Vox pactaron junto a una nueva rebaja fiscal para desbloquear la pasada legislatura tras la primera prórroga presupuestaria. Si en el plazo de nueve meses no hay acuerdo, el departamento que dirige Ángel Víctor Torres presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las discrepancias hacen referencia a ocho artículos que entre otras cuestiones, se refieren al periodo temporal que abarca la norma (desde 1931 a la actualidad) y la consideración de víctimas (incluye también a las del terrorismo), así como la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 y toda su normativa de desarrollo.

Comisión Bilateral de Cooperación

Se trata de un procedimiento jurídico habitual que el Gobierno activa cuando considera que las comunidades legislan invadiendo sus competencias o derechos fundamentales, que en este caso se inicia en plenas conversaciones para formar gobierno tras el adelanto de las elecciones autonómicas. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publican este miércoles el acuerdo que da inicio a la negociación en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma, que estará integrada por representantes designados por ambas administraciones.

Como resultado de estos trabajos pueden darse tres supuestos: que el Estado acepte los argumentos de Extremadura y determine que no se invaden sus competencias; que la región reconozca que se ha extralimitado y acepte corregir los artículos que se cuestionan o que ninguna de las dos partes ceda. En este último caso, el más probable, el Gobierno central interpondría un recurso ante el Constitucional. Hay que recordar que el tribunal de garantías ya anuló normas similares impulsadas también por el PP y Vox en Aragón y Comunidad Valenciana.

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"Todas las víctimas"

La ley de concordia derogó la de memoria histórica que el PSOE aprobó en solitario en el año 2019, una norma que según defendió antes de su aprobación en el pleno de la Asamblea el diputado popular Laureano León, nunca gustó al PP. Con el nuevo texto, defendió, "se garantiza a todas las víctimas la dignidad, la justicia, la reparación, la recuperación de restos y, en definitiva, el no volver a cometer los errores del pasado".

"En nuestra ley caben todos, también las víctimas del socialismo, del comunismo y del terrorismo", añadió después el diputado de Vox Óscar Fernández. El texto salió adelante con el rechazo frontal del PSOE, Unidas por Extremadura y todas las asociaciones memorialistas de la región, los sindicatos e incluso Amnistía Internacional por sus visos de inconstitucionalidad.

La polémica

La aprobación de la ley de concordia supone la culminación del pacto que permitió en marzo aplicar la tercera rebaja de impuestos en Extremadura y ‘salvar’ a María Guardiola de la crisis que supuso la prórroga de los presupuestos autonómicos de 2024. El líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, no ocultó su satisfacción por que finalmente, y tras un primer intento fallido, la ley saliera adelante.

La Ley de Concordia de Extremadura establece un nuevo marco autonómico para las políticas públicas de memoria, con el objetivo declarado de promover la convivencia y la reconciliación social. Más allá del Franquismo, la norma amplía el periodo de referencia a los hechos ocurridos desde 1931 hasta la actualidad y reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia política, social, ideológica o religiosa, incluidas expresamente las víctimas del terrorismo.