Un año después: Almaraz, Extremadura y el derecho al sentido común

El 18 de enero se ha cumplido un año de una imagen que ya forma parte de la memoria colectiva de Extremadura. Miles de personas —trabajadores, familias, alcaldes, empresarios, sindicatos, vecinos de toda la comarca— salieron a la calle para decir algo muy simple y muy profundo a la vez: que el cierre de la central nuclear de Almaraz no es solo una decisión energética, sino una enmienda a la totalidad al futuro de una región. Aquel día nació algo más que una protesta. Nació una causa compartida de la sociedad civil.

La manifestación que dio origen a la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro no fue un estallido puntual de indignación. Fue la expresión de un consenso social poco habitual, transversal, profundamente arraigado en el territorio. Un consenso que parte de una evidencia que cuesta entender porque sigue siendo discutida: cerrar una infraestructura estratégica, segura y operativa, que aporta empleo, estabilidad y energía firme, no es progreso. Es retroceso.

Muchas razones más

Un año después, la pregunta ya no es si aquella movilización tenía sentido, sino cuántas razones más se han acumulado para darle la razón.

En estos doce meses, la plataforma ha recorrido un camino que va de la calle a las instituciones, y de Extremadura a Bruselas. Ha llevado el debate al Congreso de los Diputados, a la Asamblea de Extremadura, a los ministerios y, finalmente, a Europa. Porque cuando una decisión amenaza la cohesión territorial, la seguridad de suministro y la lógica económica, deja de ser un asunto local para convertirse en una cuestión de interés general.

La plataforma ha llevado el debate al Congreso de los Diputados, a la Asamblea de Extremadura, a los ministerios y, finalmente, a Europa

La visita de una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los próximos 16 y 17 de febrero es, en ese sentido, un hito de enorme relevancia. No se trata de un gesto simbólico, sino de un reconocimiento político: el futuro de Almaraz plantea preguntas incómodas sobre cómo se está gestionando la transición energética en Europa y, en particular, en España. Preguntas sobre eficiencia, sobre independencia energética y sobre justicia territorial.

Las claves del debate

Porque el debate no es ideológico. Es técnico, económico y social. Almaraz produce energía estable, libre de emisiones de CO₂, y lo hace en un sistema eléctrico cada vez más tensionado, con una creciente dependencia de tecnologías intermitentes que necesitan respaldo. Prescindir de esa aportación sin contar con alternativas equivalentes no es valentía climática; es imprudencia estratégica.

Pero en Extremadura, además, la cuestión tiene una dimensión humana que no puede ignorarse. Almaraz no es una abstracción energética. Es empleo cualificado, es actividad económica indirecta, es población que se queda, jóvenes que no se marchan, servicios que se sostienen. Es, en una comunidad históricamente castigada por la despoblación, una de las pocas palancas reales de arraigo y desarrollo.

Cerrar la central no solo vacía una instalación industrial: vacía un territorio. Y eso es algo que, desgraciadamente, Extremadura conoce demasiado bien.

Durante este año, la plataforma ha incorporado nuevas voces y nuevas sensibilidades. Desde el papel activo de las mujeres de la comarca hasta la implicación de más de 80 entidades en la Alianza por Almaraz. Desde acciones simbólicas como el apagón de vecinos e instituciones que pintó de negro la comarca el 10 de abril hasta la interlocución directa con el Gobierno. Todo ello con un denominador común: reivindicar una transición energética ordenada, basada en criterios técnicos y no en calendarios rígidos ni en dogmas.

Transición justa

Porque la transición, para ser justa, debe ser compatible con el empleo, con la industria y con la cohesión territorial. Y porque la independencia energética —tan invocada en discursos— no se construye cerrando activos estratégicos que ya existen y funcionan, sino planificando con realismo.

Esperamos ahora el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo técnico e independiente cuya evaluación será clave. Confiar en su criterio no debería ser una opción política, sino una obligación institucional. Si la central es segura —y todo indica que lo es—, lo razonable es explorar su continuidad dentro de un marco regulatorio y fiscal sensato.

Europa observa. Extremadura espera. Y España se juega algo más que un calendario de cierre: se juega su credibilidad a la hora de compatibilizar transición ecológica, seguridad de suministro e igualdad territorial.

Un año después de aquella manifestación histórica, el mensaje sigue siendo el mismo, pero es aún más urgente: defender Almaraz no es mirar al pasado. Es defender el derecho de Extremadura a no quedarse atrás y el derecho del país a tomar decisiones basadas en el sentido común.