¿Es viable reducir la Asamblea de Extremadura de 65 a 33 diputados?

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha cuestionado este miércoles la propuesta planteada por Vox para reducir de 65 a 33 el número de diputados autonómicos, aunque se ha mostrado abierto a debatirlo. "Todo se puede hablar, pero con calma y no desde ocurrencias rápidas", ha señalado.

Solo un día después de la sesión constitutiva, Naharro ha advertido de las consecuencias que una medida de este tipo tendría sobre la representación política y el funcionamiento del Parlamento. "Es muy difícil que la Asamblea funcione con la mitad de diputados", ha señalado tras recordar que los parlamentarios "no solo van a los plenos a votar". "Están continuamente trabajando, reuniéndose con la sociedad, con los colectivos, asistiendo a actos en representación de Extremadura o a las comisiones", ha afirmado en una entrevista en Canal Extremadura.

Gasto político

La iniciativa se enmarca en una estrategia que Vox está defendiendo a nivel nacional como medida de reducción del gasto político. Su candidato en Extremadura, Óscar Fernández, ya lo planteó durante la campaña electoral y es una de las medidas que la formación ha puesto encima de la mesa para negociar con el PP la investidura de María Guardiola.

Según Naharro, "bajar diputados es que la representación de los ciudadanos extremeños sea menor". Este descenso provocaría los partidos políticos pequeños tuvieran "muchas posibilidades de quedarse fuera de la Asamblea de Extremadura", de forma que la pluralidad se vería limitada.

Mayoría cualificada

Para reducir el número de diputados de la Asamblea no es necesario reformar el Estatuto de Autonomía (en su artículo 17 solo fija el número máximo en 65) pero sí la Ley 2/1987 de Elecciones a la Asamblea de Extremadura. Cualquier modificación requiere una mayoría cualificada de tres quintos en la Asamblea (39 diputados), que en esta legislatura el PP y Vox superan al sumar ambos 40 escaños.

En su artículo 18, la ley electoral extremeña establece que a cada provincia de Extremadura le corresponde un mínimo inicial de 20 diputados, mientras que los 25 restantes se distribuyen entre las dos circunscripciones en proporción a su población.

Para ello, en primer lugar se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 25 la cifra total de población de derecho de ambas provincias. Después se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

El diputado restante se atribuye a la provincia cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. Finalmente, el decreto de convocatoria de elecciones debe especificar el número de diputados que se elegirá en cada circunscripción, que en el caso de los comicios del 21 de diciembre fueron 36 por la provincia de Badajoz y 29 por Cáceres. Por tanto, cualquier modificación que se aprobara en este sentido no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura.

El caso de Castilla-La Mancha

El precedente más reciente está en Castilla-La Mancha. Esta región aprobó en 2012 una reducción del número de diputados autonómicos tras una reforma de su Estatuto de Autonomía, que rebajó la composición de las Cortes hasta los 33 escaños. La medida, impulsada entonces por el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP), fue recurrida y posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional, y se aplicó por primera vez en las elecciones autonómicas de 2015.

Más allá de ese caso, no se han producido reducciones similares en otros parlamentos autonómicos en los últimos años. No obstante, en Extremadura este debate no es nuevo. También en el año 2012, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Monago, planteó reducir el número de diputados autonómicos de 65 a 45 como medida de ahorro, tras el rechazo en el pleno de su proyecto de ley de recortes, que fue tumbado por los votos de PSOE e IU.

La propuesta de Monago

La propuesta se enmarcó en el contexto de ajuste presupuestario derivado de la crisis económica de 2008 y pretendía, según el Ejecutivo del PP, generar un ahorro superior a 1,3 millones de euros anuales en sueldos de diputados, además de reducir los gastos asociados a los grupos parlamentarios.

La iniciativa fue rechazada por la oposición, que advirtió del impacto de la medida sobre la representación política y el equilibrio territorial de la Cámara. El entonces líder socialista, Guillermo Fernández Vara, sostuvo que los 65 diputados no eran un capricho, sino el resultado de un pacto y de un equilibrio social y territorial, mientras que IU se opuso a la reducción del número de escaños y propuso, como alternativa, rebajar las asignaciones económicas de los parlamentarios. La reforma impulsada por Monago no prosperó, al requerir esa mayoría de tres quintos en la Asamblea que el PP no logró reunir.