Vuelve la polémica por la oficina de los expresidentes de la Junta: Vox denuncia un gasto "innecesario" de más de 300.000 euros

El Grupo Parlamentario Vox ha planteado a la Mesa de la Asamblea la supresión total de la oficina de los expresidentes de la Junta de Extremadura. El portavoz de la formación, Óscar Fernández, denuncia un gasto "superfluo e innecesario" de más de 330.000 euros anuales asociados a esta oficina, "con ocho puestos entre chóferes y secretarias". "Hemos propuesto la eliminación de esa partida en pos del ahorro y de la eliminación de ese gasto político y superfluo tan absolutamente prescindible e innecesario", ha señalado.

Fernández ha explicado que la propia redacción de la ley otorga a la Mesa un amplio margen de actuación para "reducir drásticamente, o incluso suprimir por completo" estos gastos sin necesidad inmediata de una reforma legislativa. "Este es el mayor gasto político que puede eliminarse dentro de la Asamblea de Extremadura. No aporta ningún beneficio a los extremeños y responde únicamente a privilegios políticos", ha incidido.

Más de 330.000 euros

La polémica en torno a la oficina de los expresidentes de la Junta de Extremadura no es nueva: ya en la legislatura de José Antonio Monago, al calor de los recortes a cuenta de la crisis económica, se modificó la ley para eliminar los "privilegios" que llevaba asociados esta oficina. Actualmente se regula en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En 2014 se suprimieron las prestaciones económicas y materiales que se reconocían en la ley de 2007, pero se puso al servicio de los expresidentes una relación de medios humanos y materiales con cargo al presupuesto de la Asamblea. Asimismo, las cuentas de la Cámara autonómica también financian las dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que correspondan a los exmandatarios por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación.

Según los datos facilitados por Vox, esta estructura cuenta actualmente con ocho puestos eventuales, entre secretarios y conductores, lo que supone un coste anual de 335.847,40 euros que sufraga íntegramente la Asamblea de Extremadura. Las retribuciones anuales oscilan entre 43.110 y 38.592 euros.

Desde 2007

En el año 2007, unos meses antes de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra abandonara la Presidencia de la Junta de Extremadura tras 24 años en el cargo, la Asamblea aprobó con los votos a favor de PSOE y PP y el rechazo de Izquierda Unida la ley que regulaba el estatuto de los expresidentes. Mediante esta norma, la Asamblea garantizaba a los expresidentes de la Junta dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles; al menos tres puestos de trabajo de naturaleza eventual, vehículo oficial y conductor propio.

A todo ello se sumaron dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados, el pago de gastos protocolarios y seguro de vida en las mismas condiciones que los diputados autonómicos. Además, el estatuto otorgaba a los expresidentes el derecho a percibir una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución durante la mitad del tiempo que habían permanecido en el cargo (como mínimo, por una legislatura completa) y una pensión permanente del 60% al cumplir los 65 años.

La polémica

Solo un año después de entrar en funcionamiento la oficina comenzaron las polémicas por el gasto que todo esto generaba, al tiempo que desde la oposición se criticaba la falta de transparencia.  En junio de 2011 se aportan los primeros datos oficiales por parte de la Presidencia de la Asamblea: dos millones de euros desde la puesta en marcha de la oficina cuatro años antes. Algunas cifras: cuatro vehículos, casi 20.000 euros de gasto corriente solo en el año 2008 y 150.000 euros en personal (un director, un asesor, un secretario y un chófer).

Rodríguez Ibarra, que mostró públicamente su malestar al entender que no se estaban reconociendo sus años de servicio público a Extremadura, terminó renunciando a la oficina, entonces con sede física en la calle Pío Baroja de Mérida. Después impulsó en Badajoz la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2011 con los votos a favor de IU y el PP y la abstención del PSOE, el Estatuto de los Expresidentes fue derogado. A principios de 2014 se consensuó y aprobó la Ley 1/2014, actualmente en vigor, el Estatuto de los Cargos Públicos de Extremadura.

Vara y Monago

Por lo que respecta al expresidente Guillermo Fernández Vara, él mismo confirmó a los medios regionales que cuando cesó en la Presidencia en el año 2011, la Asamblea le ofreció disponer de un despacho en la zona noble de la Cámara y de personal que le asistiera en su condición de expresidente. Vara rechazó el ofrecimiento del despacho pero sí aceptó que dos personas trabajasen en el Grupo Socialista como secretaria y conductor.

José Antonio Monago, tras su cese el 4 de julio de 2015, pasó también a disponer de dos eventuales asignados en su condición de expresidente.

Una "ocurrencia"

El Grupo Socialista ha tachado de "ocurrencia" la propuesta de Vox de suprimir la oficina de los expresidentes. Su portavoz, Piedad Álvarez, ha pedido que los diputados de la formación "se lean los papeles", ya que la Mesa de la Asamblea no tiene competencias para derogar una ley. "Que dejen ya la fábrica de ocurrencias y de ideas peregrinas y se pongan a trabajar en algo, porque hasta ahora no han hecho ninguna propuesta para mejorar esta tierra", ha señalado tras recordar la propuesta para reducir de 65 a 33 el número de diputados.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Francisco Llera ha considerado que todos esos gastos son "revisables": ven justificados aquellos que tengan un "carácter institucional" y que cumplan con la función de "servir al pueblo extremeño". Sin embargo, no estarían de acuerdo cuestiones que sean "particulares", que es para lo cual se creó esta figura, además de para procurar el "respeto institucional" que cree que se debe a los expresidentes extremeños.