Extremadura pierde 270 pisos turísticos tras el nuevo registro obligatorio

El nuevo control estatal sobre los alquileres de corta duración ha tenido ya efectos en Extremadura. La comunidad ha perdido 270 pisos turísticos y alojamientos de temporada después de que sus solicitudes de registro fueran anuladas por no cumplir los requisitos legales exigidos, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). Aunque el Ministerio no ha detallado el reparto por municipios, el impacto se ha dejado sentir especialmente en ciudades como Cáceres y Badajoz, donde se concentra buena parte de la oferta turística de la región.

Las anulaciones forman parte de una actuación a escala estatal que ha obligado a las plataformas digitales a retirar anuncios de viviendas que no disponían del número de registro obligatorio. En total, el Ministerio ha notificado la retirada de 86.275 alojamientos turísticos y temporales en toda España, dentro de una estrategia para frenar el alquiler irregular y reforzar el mercado residencial.

Un nuevo control en vigor desde julio

El origen de estas anulaciones está en la entrada en vigor, el pasado mes de julio, del registro obligatorio de alquileres de corta duración, un sistema que exige a los propietarios disponer de un código oficial para poder anunciar sus viviendas en plataformas digitales. España ha sido el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único para este tipo de alojamientos.

El número de registro es concedido por los Registradores de la Propiedad y se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las viviendas que han solicitado el código pero no lo han obtenido, por no cumplir los requisitos exigidos, han sido consideradas irregulares y sus anuncios han tenido que ser retirados de forma obligatoria.

En el conjunto del país se han presentado 412.253 solicitudes, de las cuales el 78 por ciento (320.620) correspondían a alquiler turístico y el 22 por ciento (91.608) a alquiler de temporada. Las anulaciones afectan a ambos tipos de alojamiento.

Extremadura, entre las comunidades con menos anulaciones

Con 270 solicitudes revocadas, Extremadura se ha situado entre las comunidades con menor número de anulaciones, lejos de los grandes destinos turísticos del país. Andalucía ha encabezado el ranking autonómico con 21.872 registros denegados, seguida de la Comunitat Valenciana (14.387), Canarias (13.726) y Cataluña (13.350). Madrid ha registrado 5.893 solicitudes anuladas.

En el extremo opuesto, junto a Extremadura, se han situado comunidades como Navarra (356) y La Rioja (302), mientras que Ceuta y Melilla han contabilizado únicamente 16 anulaciones en conjunto.

Pese a estas cifras más moderadas, los datos confirman que el nuevo control también ha alcanzado a territorios con menor presión turística y que el alquiler de corta duración en Extremadura no ha quedado al margen del proceso de revisión impulsado por el Ministerio.

Cáceres y Badajoz, principales focos en la región

El Ministerio no ha desglosado cuántas de las 270 anulaciones corresponden a cada municipio, pero Cáceres y Badajoz figuran entre las ciudades con mayor presencia de pisos turísticos en Extremadura, por lo que el impacto del nuevo registro ha sido especialmente relevante en ambas capitales.

En Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales polos turísticos de la comunidad, el auge de los pisos turísticos ha sido especialmente visible en el casco histórico y su entorno. La aplicación del registro obligatorio ha supuesto la retirada de anuncios de viviendas que no cumplían con los requisitos legales, lo que ha provocado un ajuste en la oferta disponible en las plataformas digitales.

En Badajoz, donde el alquiler turístico ha crecido vinculado tanto a estancias de corta duración como a eventos culturales, comerciales e institucionales, el nuevo sistema de control también ha tenido un efecto directo. La exigencia del número de registro ha reducido la presencia de alojamientos irregulares y ha obligado a los propietarios a regularizar su situación para poder seguir operando.

En ambas ciudades, el control ha sido interpretado como un paso hacia una mayor ordenación del mercado, en un contexto de debate sobre el equilibrio entre el uso turístico de la vivienda y las necesidades del alquiler residencial.

Las plataformas, obligadas a retirar anuncios

Una vez detectadas las irregularidades, el Ministerio ha notificado a las plataformas digitales la obligación de retirar los anuncios afectados. Estas viviendas pueden haber estado ofertándose de forma simultánea en varias plataformas, por lo que la retirada se ha producido de manera coordinada.

Las grandes ciudades y los destinos turísticos consolidados han concentrado la mayor parte de las anulaciones. Madrid ha liderado el ranking municipal con 5.344 solicitudes revocadas, seguida de Barcelona (5.005) y Marbella (2.993). Sevilla, València y Málaga también han superado el millar de registros anulados.

Este patrón ha contrastado con el de comunidades como Extremadura, donde ningún municipio ha aparecido entre los primeros puestos del listado estatal, lo que refuerza la idea de un impacto más contenido, aunque significativo.

Frenar el fraude y proteger el alquiler

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha señalado que el registro obligatorio tiene como objetivo poner fin al fraude en los alquileres de corta duración y favorecer que estas viviendas puedan incorporarse al mercado de alquiler residencial. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha vinculado la proliferación de alojamientos turísticos irregulares a la subida de precios, la expulsión de residentes y los procesos de gentrificación en determinados barrios.

La retirada de anuncios sin registro válido busca, según el Ministerio, preservar la función social de la vivienda y garantizar que la actividad turística se desarrolle dentro de la legalidad.

Un nuevo escenario para los propietarios

En Extremadura, el nuevo marco normativo ha abierto un escenario de mayor control para los propietarios que quieran destinar sus viviendas al alquiler turístico o de temporada. La obtención del número de registro se ha convertido en un requisito imprescindible para mantener los anuncios activos en las plataformas digitales.

Las 270 anulaciones registradas en la comunidad suponen, en la práctica, una reducción de la oferta turística irregular y un aviso para quienes no hayan adaptado sus viviendas a la normativa vigente. Con la Ventanilla Única Digital ya en funcionamiento y el intercambio de datos entre el Ministerio, los Registradores y las plataformas, el alquiler turístico ha entrado en una nueva fase también en Extremadura.