La edificación en Extremadura toma impulso en 2025, con un crecimiento superior a la media nacional

La actividad edificatoria en Extremadura mostró en 2025 una evolución positiva, con un incremento del 10,07 % en la superficie total visada para obra nueva y rehabilitación respecto al año anterior. Este crecimiento se sitúa claramente por encima de la media nacional, que alcanzó el 3,56 %, en un contexto en el que el conjunto de España registró 36,6 millones de metros cuadrados visados, el mejor dato desde 2019.

A nivel estatal, el balance confirma una recuperación sostenida del sector de la edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación, aunque todavía insuficiente para responder a los retos estructurales de acceso a la vivienda y de renovación del parque edificado. En este sentido, la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera Ferran, ha señalado que “cualquier estrategia en materia de vivienda debe responder a las necesidades de obra nueva y de rehabilitación integral, garantizando la calidad de la arquitectura y del entorno construido para contener las brechas de desigualdad que se están generando en la actualidad y garantizar el bienestar del conjunto de la población y la sostenibilidad medioambiental”.

En Extremadura, el crecimiento registrado en 2025 se apoya de forma clara en la obra nueva. La superficie visada en este ámbito aumentó un 22,74 %, con un incremento especialmente significativo en la obra nueva residencial (+29,35 %). Esta evolución sitúa a la región entre las comunidades con mayor dinamismo relativo en este segmento y refleja un cambio de tendencia en el peso relativo de la obra nueva frente a la rehabilitación.

Por su parte, Manuel Cabalgante Gallardo, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura explica que esta lectura debe realizarse con cautela y atendiendo a varios factores estructurales. Por un lado, señala que “existe un porcentaje de obra de reforma que no aparece reflejado en los datos de visado al tratarse de obra menor que no requiere proyecto y, por tanto, no se visa”, lo que introduce un sesgo a la hora de interpretar el volumen real de actuaciones de rehabilitación.

Por otro lado, el decano apunta a un cambio de tendencia en el mercado, en el que la obra nueva gana terreno frente a la rehabilitación por razones fundamentalmente económicas y técnicas. Aunque la rehabilitación presenta como principal ventaja la posibilidad de intervenir en el centro de las ciudades, “conlleva unos costes indirectos superiores a los de la obra nueva” y “llevar un edificio rehabilitado al cumplimiento de la normativa actual resulta, en muchos casos, especialmente costoso”. A ello se suma que “el resultado final no siempre ofrece las prestaciones que sí garantiza una obra nueva”, y que la rehabilitación implica, además del coste de la intervención, la adquisición previa del edificio y una serie de condicionantes de partida más restrictivos. En este contexto, la rehabilitación en Extremadura presenta en 2025 un comportamiento desigual. La superficie visada total en este ámbito desciende un 12,58 % respecto a 2024, debido principalmente al retroceso de la rehabilitación no residencial. Sin embargo, la rehabilitación residencial mantiene una evolución positiva (+3,55 %), lo que indica que sigue existiendo una demanda vinculada a la mejora del parque de vivienda, especialmente en términos de habitabilidad y eficiencia.

El análisis territorial confirma, además, una evolución muy dispar entre comunidades autónomas. Mientras regiones como Baleares o Galicia registran incrementos muy significativos en superficie visada, otras como Navarra o el País Vasco presentan descensos acusados. Extremadura se sitúa en una posición intermedia-alta en crecimiento de obra nueva, con un ajuste en rehabilitación que coincide con el final progresivo de determinadas ayudas públicas. Más allá de la coyuntura, los datos de visado constituyen una herramienta esencial para comprender la realidad del sector desde una perspectiva objetiva y homogénea. El visado colegial garantiza el control técnico y documental de los proyectos, aporta seguridad jurídica y se consolida como una fuente estadística de referencia para orientar políticas públicas, decisiones privadas y estrategias territoriales, reforzando la función social de la arquitectura y su contribución a la calidad del entorno construido.