Expertos extremeños, sobre la prohibición de redes a menores de 16: "Se va a agudizar la frustración"

El pasado diciembre Australia se convirtió en el primer país en vetar el uso de redes sociales a menores de 16 años con una de las legislaciones más estrictas del mundo. Desde entonces, han sido varios los estados que han iniciado procesos parlamentarios similares, entre ellos Francia, Portugal o Dinamarca. Ahora el paso al frente ha llegado a España, tras el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a menores de 16 años y de poner en marcha otras normas para reforazar su control. La pregunta que se abre es, ¿prohibir o limitar? Y, sobre todo, ¿cuál será el impacto de esta decisión en niños y adolescentes?

Algunos expertos consideran que se trata de establecer límites. La psicóloga extremeña especializada en familia, autoestima y adolescencia, Violeta Acedo, entiende que es "lo que se está intentando, porque prohibir es muy complicado". De hecho, la iniciativa se enmarca en el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que lleva cerca de un año en tramitación parlamentaria, a la espera de saber si el anuncio de Sánchez pretende endurecer las medidas previstas.

La gestión emocional

Aunque para Acedo no se trata de demonizar las plataformas, "en la etapa juvenil no saben gestionar sus emociones, porque ni siquiera saben lo que les pasa. Entonces, ¿cómo van a gestionar que en una red social haya ciberacoso, abuso o comentarios como 'gorda' o 'fea'?", plantea.

La reacción inicial de los menores, explica, será de enfado y "se va a agudizar la frustración, porque no entenderán por qué se les quita algo que ya les habían dado". Sin embargo, habla covencida de los beneficios: "Aprenderán otras formas de relacionarse y estarán más presentes cuando juegan o conversan".

La psicóloga pone además sobre la mesa el llamado 'sharenting', la práctica de compartir de forma excesiva fotos, vídeos e información personal de hijos menores en redes sociales por parte de sus propios progenitores. Conoció este fenómeno a raíz de la legislación australiana, que ha prohibido el acceso a más de diez plataformas y contempla multas de más de 29 millones de euros para las empresas. Meta, por ejemplo, ha eliminado ya unas 550.000 cuentas en el país.

Cuando la exposición no la eligen los niños

"Ha habido familias que incluso han tenido que mudarse por este motivo, sobre todo influencers. Desde la psicología se utiliza este término para explicar que no son los niños los que deciden exponerse, sino que siguen los pasos de sus padres", señala.

Entre los 10 y los 12 años comienza a construirse la propia identidad; es en esta etapa en la que, según Acedo, "nos separamos del entorno familiar y buscamos conectar con nuestros iguales, es entonces cuando aparece el miedo a mostrarnos tal y como somos, a no encajar". En ese contexto, los cánones estéticos y la parte más idealizada de las vidas ajenas cobran un peso especial: "Uno se autocensura por temor al rechazo. Todo esto, al final, deriva en ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria, que se están viendo cada vez más".

Su testimonio coincide con los datos de un informe de Unicef publicado el pasado noviembre, que alerta de que un 13,7% de los adolescentes en España presenta síntomas manifiestos de ansiedad, el 13,1% de depresión y el 9,1% sintomatología somática, con porcentajes mayores entre las chicas.

Acedo trata en consulta a varios pacientes que sufren las consecuencias del uso de las pantallas. "Atiendo a menores que sufren acoso escolar y ciberacoso, y también a jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria derivados de la comparación constante en redes sociales".

El acoso que no termina al salir del aula

Este es uno de los motivos por los que la asociación cacereña de lucha contra el acoso escolar, ACOES, respalda el anuncio del Gobierno.

"En las redes sociales se esconde muchísimo bullying. Un niño que está sufriendo acoso en un centro educativo no acaba nunca con él, porque continúa online", subraya su presidenta, Maribel Mendoza.

Para Mendoza la medida sería positiva, aunque matiza que más que prohibir, es necesario regular y reforzar el control, una tarea que considera que debe recaer en los tutores legales. "Es verdad que tampoco puedes estar las 24 horas controlando lo que hace tu hijo con el móvil, pero hay herramientas. En mi casa siempre hemos tenido control sobre con quién hablaban", afirma.

Puntualiza que las redes sociales son positivas cuando se llega a la edad de saber manejarlas, pero cree que, de haberse aprobado antes una ley así, se habrían evitado muchos casos graves: "Ayudan en muchos aspectos, pero también son un saco de maldad, un niño que sufre bullying y ciberacoso no descansa nunca y con esta normativa nos ahorraríamos muchos intentos de suicidio y muchas crisis de ansiedad".

Cuál es el límite

Hay además una cuestión clave, ¿cuál es la edad adecuada para regular el uso de las redes sociales? Según un estudio de Qustodio, el 46% de los padres considera que la edad mínima debería situarse en los 16 años, el mismo límite que tomó como referencia el Gobierno australiano.

Para Mendoza, incluso puede resultar insuficiente en algunos casos. "A veces debería limitarse hasta los 18, porque por las redes se ven muchas barbaridades y los niños aprenden cosas que no tienen que aprender".

Y aunque en otros países a esa edad se permite votar, conducir y hasta tener un arma, insiste en que "aquí estamos en España y siguen siendo menores, son vulnerables. Las redes crean dependencia... No salen, no socializan, están siempre metidos en su cuarto. Es una situación tremenda".

¿Medida extrema o solución?

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, Daniel de la Mora, alumno del Grado de Educación Primaria, asegura que la intención de la ley es "loable", porque los menores se encuentran en una edad especialmente influenciable. No obstante, cree que debe ir acompañada de cambios educativos. "No podemos escapar de las redes sociales: existen y tienen peligros. Hay que enseñar esta nueva realidad".

Para de la Mora, lo ideal sería que las propias plataformas estuvieran diseñadas de forma que las cuentas de menores no acabaran expuestas al ciberbullying, el 'grooming' y otros riesgos. "Si no pueden asegurar que los menores no se vean expuestos a estas situaciones, entonces sí, es una medida extrema, pero es una solución".

Ve razonable fijar el límite en los 16 años y subraya la importancia de educar incluso antes de permitir el acceso. "Hay que enseñarles los beneficios y los peligros para que, cuando puedan usarlas, no se encuentren desamparados".

Como futuro docente, es consciente de que "la reacción será negativa", pero advierte de que "sin control, la situación actual es muy perjudicial". También entiende las reticencias de quienes temen dar datos personales como método de verificación de edad, lo que vuelve a situar el debate entre seguridad y privacidad.

Verificar la edad sin vulnerar la privacidad

En este punto entran en juego el resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, especialmente las relacionadas con la verificación de edad, el principal escollo para limitar el acceso de los menores. El reconocimiento biométrico facial, el uso de tarjetas de crédito o del DNI generan recelos por los riesgos que entrañan para la protección de datos sensibles.

Por ello, el Gobierno apuesta por su propia herramienta, la aplicación móvil Cartera Digital Beta, presentada en julio de 2024 y con la que participa en un proyecto piloto de la Comisión Europea. Esta aplicación permite verificar la mayoría de edad de forma anónima y sin revelar datos personales. La credencial, además, caduca cada 30 días para evitar la trazabilidad entre aplicaciones.

Un consenso social pendiente de acuerdo

La Comisión Europea ha celebrado este anuncio nacional, aunque ha recordado que la legislación nacional no puede imponer a las plataformas "obligaciones adicionales" a las previstas en la ley de servicios digitales de la Unión Europea.

Ante la aparente unanimidad de expertos y colectivos sociales que apluaden la medida, al menos a nivel regional, ahora la incógnita es política: ¿serán capaces los dirigentes de alcanzar un consenso para sacar adelante una norma que afecta de lleno a una generación entera?