Fiscalía y Abogacía acuerdan impulsar la conformidad en Extremadura para evitar juicios penales

La Fiscalía de Extremadura y los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes un protocolo de actuación para potenciar la conformidad en los procedimientos penales como vía para evitar la celebración de juicios orales y agilizar la tramitación de las causas, en beneficio tanto de las víctimas como de las personas acusadas.

El acuerdo ha sido suscrito por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, y los decanos de los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres, Ildefonso Seller y Carlos Alberto Montero Juanes, respectivamente, y establece un marco común para reforzar los mecanismos de solución consensuada dentro del proceso penal.

Qué es la conformidad penal

La conformidad penal supone que el acusado acepta los hechos que se le imputan y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, incluida la pena y, en su caso, la responsabilidad civil. Esta aceptación suele conllevar una reducción de la pena inicialmente solicitada, al tiempo que evita la celebración del juicio oral.

Según ha explicado el fiscal superior, el objetivo es “agilizar, establecer cauces seguros y eficaces de conformidad, evitando incluso el señalamiento de juicio oral con los efectos positivos que esto tiene”, tanto para la Administración de Justicia como para las partes implicadas.

Menos señalamientos y menos dilaciones

Desde la Fiscalía se ha subrayado que la generalización de estas conformidades permitirá reducir el número de juicios orales, lo que descargará la agenda de los tribunales y evitará citaciones innecesarias de testigos, peritos y víctimas.

De este modo, se contribuye a una justicia penal “más rápida y más eficaz”, al evitar trámites que, en muchos casos, culminan igualmente en una conformidad alcanzada en el propio acto del juicio, cuando ya se han activado todas las fases del procedimiento.

Evitar la revictimización

Uno de los aspectos más destacados del protocolo es su impacto desde la perspectiva de las víctimas. El fiscal superior ha señalado que el juicio oral supone, en muchos casos, una revictimización, al obligar a recordar y relatar nuevamente los hechos durante el interrogatorio de las partes.

“El olvido de estos hechos es un principio absolutamente ineludible de la recuperación de las víctimas”, ha indicado Montero Juanes, quien ha insistido en que evitar el juicio contribuye a una recuperación integral, especialmente en delitos con una elevada carga emocional, como las agresiones sexuales.

Ahorro de costes y flexibilidad procesal

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Badajoz ha incidido en que el protocolo también persigue reducir costes y trámites procesales, ya que permite alcanzar la conformidad en distintos momentos del procedimiento: una vez finalizada la investigación judicial, tras el escrito de acusación o incluso antes del juicio oral.

Todo ello se realizará dentro de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con pleno respeto al secreto profesional, según ha precisado.

Compromiso de difusión y aplicación

Desde el Colegio de Abogados de Cáceres se ha puesto el acento en el desgaste emocional que supone el juicio oral para todas las partes implicadas y en la conveniencia de evitar conformidades de última hora, que llegan cuando el proceso ya ha generado un importante coste personal y organizativo.

Fiscalía y Abogacía se han comprometido a difundir e impulsar la aplicación del protocolo para anticipar los acuerdos y evitar que las conformidades se alcancen en el propio acto del juicio, una práctica habitual pese a que implica haber activado previamente toda la maquinaria judicial.

El objetivo común es reducir dilaciones, mejorar la respuesta penal y minimizar el impacto emocional sobre las víctimas.