Eurodiputados chequean sobre el terreno el impacto de cerrar Almaraz

Este lunes se ha desarrollado la primera de las dos jornadas de la visita que una decena de eurodiputados realiza a la comarca del Campo Arañuelo. Su objetivo es analizar y recabar información sobre las implicaciones que tendría el posible cierre de la central nuclear de Almaraz. Los eurodiputados se reunieron a lo largo de la tarde en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con diferentes autoridades regionales y municipales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, o los alcaldes de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y de Almaraz, Juan Antonio Díaz. También con representantes de los diferentes grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura y con Fernando Sánchez, presidente de la Plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, en calidad de peticionario ante el Parlamento Europeo.

«No hemos venido aquí con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema», avanzó poco antes de comenzar las reuniones Bogdan Rzońca, presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que encabeza la delegación. La de cómo garantizar el suministro energético es una cuestión que «afecta a toda la Unión Europea, y nosotros venimos a hablar de eso y a conocer cómo se pueden cumplir los objetivos de desarrollo de la UE sin descuidar el medio ambiente», agregó. También quieren saber, precisó, cómo afecta «específicamente» «a esta región» la previsión de cierre «de la planta nuclear». «En el Parlamento Europeo ya hemos llegado a un acuerdo general de que se puede usar la energía nuclear», porque hay que alcanzar «un equilibrio entre la defensa del medio ambiente y la economía», señaló Rzońca. En este punto, indicó que el que haya unos «precios bajos para la energía» es una clave «para que nuestras empresas puedan seguir operando» en territorio de la UE «y no se marchen fuera».

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Por su parte, la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, insistió en que cerrar Almaraz «sería una decisión terrible con consecuencias nefastas en el empleo, en nuestra economía y en la soberanía energética». «No me voy a cansar de decirlo, es una decisión absolutamente ideológica y que no obedece a criterios técnicos», remachó. Guardiola recordó que la Junta dio «un paso al frente» comprometiéndose a reducir la ecotasa que pagan las empresas propietarias de la central. «El Gobierno de Pedro Sánchez ha asfixiado a impuestos a la energía nuclear y desde luego se hace inviable producir así», criticó. Por ello, el Ejecutivo regional ha planteado «una reducción de hasta el 50%, que va a producir en el año 2029 un ahorro de 45 millones de euros», lo que a su juicio ha contribuido a que las propietarias hayan solicitado una prórroga.

No hay "razones objetivas"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, esgrimió que «no hay ninguna razón objetiva que nos hayan trasladado que justifique el cierre». Sostuvo que «esto no es una cuestión de enfrentamientos políticos» ni entre administraciones, por lo que apostó por «una acción conjunta de todos para que la nuclear no se cierre, que es lo importante». En este sentido, Morales adujo que «nos hubiera gustado que el delegado del Gobierno también estuviera presente en esta reunión; parece ser que no ha sido posible porque la Comisión de Peticiones así no lo ha entendido», lamentó.

También el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz, hizo un llamamiento a «trabajar por el futuro de la comarca del Campo Arañuelo», más allá de colores políticos. Sus ciudadanos «necesitan la continuidad de la central y esto es lo que hoy vamos a pedir», concluyó.

El alcalde de Navalmoral, Enrique Hueso, contrapuso cómo Bruselas «nos escucha», pero, en cambio, el Gobierno central y el ministerio «nos cierra la puerta». «Hay grandes industrias que tienen solicitados proyectos en esta comarca y que sin central nuclear no van a poder salir adelante», destacó.

Quien no estuvo presente en la reunión fue el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que este lunes pidió explicaciones al PP por impedir, en su opinión, la presencia del Gobierno de España en este encuentro, a pesar de ser la administración competente en la materia. Fuentes conocedoras apuntaron que en un principio se había incluido en el programa de la visita contar con algún representante del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, desde el departamento que dirige Sara Aagesen no se confirmó asistencia. Posteriormente «se valoró» un cambio de agenda para que fuese el delegado del Gobierno, posibilidad que se sometió a votación y que fue rechazada, se remarcó.

La delegación del Parlamento Europeo tiene previsto visitar este martes las instalaciones de la central, antes de iniciar en Toledo la segunda parte de su viaje, que tendrá lugar en el Parque Nacional de Cabañeros.