Energía
Trabajadores de Almaraz piden al CSN “agilidad y certidumbre” para prorrogar la central hasta 2030
Tras entregar las propietarias la documentación técnica requerida para la continuidad, la representación laboral solicita al Consejo de Seguridad Nuclear que acelere la revisión y reclama al Gobierno que respete el dictamen técnico, que consideran que tiene que ser "favorable"
Borja Romero, presidente del comité de empresa de la central, atiende a los medios en octubre pasado. / Toni Gudiel
La representación de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz ha hecho público un posicionamiento después de que la planta presentara este martes ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación técnica solicitada para la prórroga de actividad hasta junio de 2030, pedida por las empresas propietarias. El colectivo reclama “agilidad administrativa” para reducir la incertidumbre que, aseguran, afecta ya a Campo Arañuelo y al conjunto de Extremadura.
En su primera demanda, los trabajadores piden al CSN que tramite la revisión “en el menor tiempo posible” para ofrecer certidumbre a la comarca. Subrayan que el escenario actual frena decisiones y proyectos de futuro, y advierten del impacto sobre el mercado laboral si la central cesa su actividad. Recuerdan que el cierre pondría en riesgo “hasta 4.000 empleos cualificados y estables”, directos e indirectos, y complicaría inversiones como centros de datos en la zona.
Central "segura, eficiente y limpia"
En segundo lugar, la representación laboral solicita al Gobierno que actúe en coherencia con el análisis técnico del regulador nuclear, que estiman que debe ser "favorable". Defienden que Almaraz ha sido durante décadas una instalación “segura, eficiente y limpia” y sostienen que su producción contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico y a los objetivos de descarbonización mediante generación sin emisiones de CO₂. “Instamos al Ministerio [de Transición Ecológica] a actuar con responsabilidad, respetando el dictamen del CSN cuando se produzca”, señalan, ya que será el departamento que dirige Sara Aagesen el que tenga la última palabra.
Por último, los trabajadores sitúan el debate más allá de la planta y lo vinculan al reto demográfico y al abastecimiento energético. A su juicio, el cierre tendría un “impacto humano devastador” al desmantelar el principal motor socioeconómico del entorno, con un efecto directo sobre la permanencia de las familias en el territorio. Advierten de que clausurar Almaraz “agudizaría de forma irreversible el vaciado de nuestros pueblos” y afectaría a la soberanía energética y a la seguridad del suministro.
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