La temporalidad del empleo público baja en Extremadura, pero aún cuadruplica el 8% legal

Ha tenido efectos positivos, pero ni mucho menos los deseados para rebajar la tasa de interinos en las administraciones públicas al 8% fijado por la normativa estatal. La Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público entró en vigor hace ya más de cuatro años, pero las administraciones extremeñas apenas han logrado rebajar en cinco puntos la tasa de interinidad de sus plantillas, que en 2022 se situaba en el 38,6% en el conjunto de las administraciones (Junta de Extremadura, diputaciones, ayuntamientos y administración central) y a cierre de 2025 estaba en un 33,7%.

Extremadura se queda así muy lejos del objetivo fijado en la normativa estatal del 8%, pero también de la media nacional situada a finales del año pasado en el 26,8% y es, además, la segunda comunidad autónoma con más trabajadores temporales del España, solo superada por el País Vasco que alcanza todavía el 39,8% a cierre de 2025. Aún así, Extremadura ha logrado alcanzar la tasa más baja de los últimos siete años, pero no consigue bajar de una temporalidad del 30% como se registró en los años 2015 y 2016.

La reforma laboral

Además, el porcentaje de interinos en el empleo público duplica en Extremadura a la eventualidad del sector privado, que cerró el año en un 17,6% y que se ha puesto las pilas de una manera más efectiva tras la reforma laboral que entró en vigor en 2022, ya que en el 2021 alcanzaba el 30,6% en la comunidad.

En conjunto, las distintas administraciones públicas emplean en Extremadura a 114.500 personas, la cifra más elevada desde que hay registros, según muestran las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA). De estas, unos 76.000 trabajadores (el 66,3%) son indefinidos, mientras que otros 38.600 son temporales (el 33,7%).

No obstante, esta todavía no es la fotografía definitiva que queda tras la convocatoria de empleo de estabilización lanzada a finales de 2022. Y es que aunque los procesos selectivos de estabilización debían estar concluidos antes de que terminara el año 2024, lo cierto es que el proceso de estabilización por su complejidad y su volumen de plazas y aspirantes se alargó más de lo previsto. De hecho, todavía quedan flecos y puestos pendientes de ser adjudicados y ocupados en Extremadura en base a aquella normativa estatal que fue aprobada en diciembre de 2021, que fue promovida en respuesta al tirón de orejas de la UE a España por el abuso de temporalidad en el empleo público y que, además, para el Gobierno español supuso dos procedimientos de infracción por esta causa.

Con la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público se fijaba el objetivo de reducir la interinidad al 8% y para ello las administraciones debían convocar procesos de selección para convertir a eventuales en indefinidos. En algunos casos, los de aquellos empleados de más antigüedad, esta fijeza se conseguía simplemente superando un concurso de méritos y sin necesidad de examen. Se dio de plazo hasta diciembre de 2024, pero la complejidad de alguno de estos procesos hizo que se alargaran algo más de lo previsto.

En Extremadura, antes de la entrada en vigor de la ley de estabilización, la tasa de eventualidad superaba el 35%. Y siguió aumentando en los años posteriores hasta alcanzar su máximo en 2023 con más de 45.000 de interinos en la administración pública, el 40,5% del total de los empleados públicos de la comunidad, pero desde 2024 se ha venido reduciendo paulatinamente. De esta forma, actualmente Extremadura cuenta con 8.400 empleados públicos indefinidos más y 7.700 interinos menos que en 2022. No obstante, hay que tener en cuenta que en general hay un incremento de empleados públicos: en 2021 eran 98.100 y en 2025, 114.500, según los datos de la última EPA.

Y aunque las cifras de temporalidad siguen estando lejos del objetivo del 8%, no es un problema exclusivo de la comunidad. En España la eventualidad se sitúa en el 26,8%, con Madrid, Cataluña y Andalucía a la cabeza con entre el 20 y el 22% de interinos y el País Vasco y Extremadura a la cola.