Extremadura, campo de pruebas del nuevo equilibrio PP-Vox en España

Extremadura será el primer campo de pruebas del equilibrio PP-Vox en el nuevo ciclo electoral. Fue la primera comunidad en acudir a las urnas y desde que se anunciara el adelanto, sus resultados han servido de referencia para escenarios posteriores en Aragón y Castilla y León, donde la aritmética ha vuelto a empujar a ambas formaciones a entenderse.

A las puertas de abrir la precampaña de Andalucía, lo que ocurra en Extremadura no solo definirá el próximo gobierno de la región, sino que marcará el tono político de futuros acuerdos entre PP y Vox en otros territorios, con implicaciones también a nivel nacional. El propio Jorge Azcón aseguraba este jueves que el desbloqueo de las negociaciones en Extremadura ha «engrasado» la formación de gobierno en Aragón, donde las conversaciones se aceleran para abordar la investidura después de Semana Santa. En Castilla y León se trabaja con horizonte al 14 de abril, fecha de constitución de Las Cortes.

Programa de gobierno

En la reunión del pasado miércoles en Mérida, las conversaciones entre ambos partidos han avanzado sobre el contenido político del futuro gobierno de coalición, dejando para más adelante el reparto de cargos. Sin embargo, el verdadero alcance del encuentro trasciende lo autonómico: se trata de fijar un modelo de relación política entre dos fuerzas que, por mucho que les pese, necesitan apoyarse para gobernar.

El esquema que salga de Extremadura podría replicarse en otros territorios con escenarios similares. De ahí que las direcciones nacionales sigan de cerca cada paso de la negociación, conscientes de que cualquier concesión o línea roja puede convertirse en precedente para el resto.

La ley LGTBI

Entre los puntos que desde primera hora han dificultado el acuerdo en Extremadura destaca la derogación de la ley LGTBI. No es un debate nuevo en la Cámara autonómica: Vox ya registró en la pasada legislatura una propuesta para su derogación, que fue rechazada en la Asamblea. La norma tiene un fuerte componente simbólico dentro del propio PP extremeño, que impulsó su aprobación por unanimidad en el año 2015 y la ha defendido como una de las leyes sociales pioneras y más representativas de su corta acción política en la comunidad.

Ese carácter de ‘ley seña’ añade presión a la negociación, al situar al partido ante una disyuntiva entre mantener uno de sus marcos propios o ceder ante una de las exigencias clave de su socio. El choque refleja una de las tensiones de fondo del pacto: hasta qué punto el PP está dispuesto a asumir propuestas que, además de polémicas, podrían chocar con el marco legal vigente o abrir conflictos institucionales, y qué margen tiene Vox para flexibilizarlas.

Los 11 imprescindibles de Vox

La formación de Santiago Abascal ha planteado una negociación «medida a medida» basada en 11 puntos que considera imprescindibles para facilitar un acuerdo de gobierno, más allá del documento con más de 70 medidas que se sigue negociando. Entre esos 11 puntos figuran:

• Seguridad en las calles
• Vivienda accesible
• Fin del despilfarro de dinero público y bajadas de impuestos
• Prioridad de los españoles en sanidad
• Fin de Mercosur y el Pacto Verde
• Fin de las políticas de sustitución demográfica
• La familia como eje de las políticas públicas
• Agenda España frente a la Agenda 2030
• Reindustrialización y medidas contra la marcha de jóvenes
• Fin del adoctrinamiento en las aulas
• Rechazo de acuerdos entre PP y PSOE en Europa

Encaje legal

Un paquete de medidas que, en algunos casos, plantea dudas sobre su encaje legal o su viabilidad competencial en el ámbito autonómico. Extremadura es el campo de pruebas: será aquí donde se vea cómo se concretan y aterrizan esas propuestas en un programa de gobierno y, en su caso, en la acción institucional.

El resultado, más allá de la comunidad, servirá de referencia en un ciclo político en el que la gobernabilidad en varias regiones, y quizás también más allá, dependerá de la relación entre ambos partidos. Extremadura, de nuevo, abre camino.